Periodistas Danny Alcántara y Martínez pozo denuncian persecución por caso Odebrecht

SANTO DOMINGO (R.Dominicana).- La Procuraduría General de la República ha solicitado al juez Francisco Ortega Polanco, una investigación sobre supuestos vínculos de los periodistas Danny Alcántara y Julio Martínez Pozo, así como familiares de ambos, en el caso de los sobornos pagados por la Constructora Odebrecht en el país.

La revelación la hicieron este lunes los comunicadores en una rueda de prensa en la sede del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), donde recibieron el apoyo y solidaridad del gremio y de colegas.

“La última de las acciones del señor Procurador General de la República y la más concreta, es la solicitud que ha hecho al magistrado Francisco Ortega Polanco, el Juez especial que instruye el caso Odebrecht, para realizar una investigación contra nosotros y nuestros familiares, incluyendo esposas e hijos, alegando “...su vinculación con el imputado Ángel Rondón” y so pretexto de que pudiera ser o pudiera haber sido utilizado por el imputado Ángel Rondón Rijo para la entrega de dinero producto del soborno a funcionarios públicos y congresistas”, dice el documento leído por Alcántara.

Dijeron que esta es la respuesta del señor procurador general, Jean Alain Rodríguez, “al hecho de haber fracasado en los intentos de callarnos con mensajes, contentivos de amenazas y chantajes a través de terceros, que identificaremos llegado el momento”.

Afirmaron que estaban ante el “acontecimiento más peligroso y atentatorio de la libertad de expresión que se haya registrado en los últimos tiempos en la República Dominicana”.

Dijeron que se trata de un intento de restringir la libertad de opinión e investigación periodística que consagra la Constitución de la República en su artículo 49, que expresa: “...toda persona tiene derecho a expresar libremente su pensamiento, ideas y opiniones, por cualquier medio, sin que pueda establecerse censuras previas”.

Plantearon que Jean Alain Rodríguez, olvidando su rol de procurador general de la República, está actuando como mandante de consorciados de la compañía brasileña Norberto Odebrecht, “es decir, de las empresas nacionales que sirvieron de contraparte local para la ejecución de los 17 proyectos que construyeron desde el 2001 al 2014 y ha desatado una persecución, amenazas e intimidación en contra de los exponentes”.

Aseguraron que las acciones contra ellos como periodistas se deben a que han dedicado cientos de horas a tratar el caso de corrupción más emblemático que conoce la historia nacional y han coincidido en denunciar la “torpeza procesal” con que se ha dirigido la investigación desde la Procuraduría General de la República.

Dijeron que en algún momento, la Procuraduría ha tratado de dar la impresión de que por razones muy sospechosas no se ha querido investigar el soborno que pudieron haber hecho empresas locales, a partir de los cuantiosos beneficios que habrían recibido con sobrevaluación de parte o de todas la obras ejecutadas durante los 13 años bajo investigación.

“Si la constructora brasileña admite que sobornó en la República Dominicana y sobre ello hizo un acuerdo con el Estado dominicano para resarcirlo con el pago de U$184 millones de dólares, cuál es el nivel de responsabilidad de los socios locales, si aspiramos a que la sociedad crea en el proceso que se está siguiendo; porqué el Procurador no ha mirado hacía allá y quiere desviar la atención hacia quienes exigimos justicia. Vendándose los ojos frente a quienes posiblemente hayan cometido el abuso más grande contra el Presupuesto Nacional”, dijeron.

“Queremos decirle al país que se intenta acallarnos y sacarnos de los medios de comunicación para los que laboramos, para hacer posible tratativas vergonzosas que en nada ayudan a una sana administración de Justicia, aunque sí estimulan la apetencia desmedida de dinero de alguna persona ingerida que por azar del destino hoy sirve al  sistema de justicia en la República Dominicana, abusando del poder que ostenta”, plantearon.

“Quienes suscribimos somos periodistas con empresas de comunicación establecidas conforme a las leyes de la República Dominicana. Hemos operado dando servicios de comunicación: Asesoría, producción y facturación de programas. Esa actividad empresarial la desarrollamos sin menoscabo del sagrado compromiso de opinar libremente sobre temas nacionales e internacionales”, indicaron.

“Este acto de abuso de poder del Procurador y persecución del Procurador General de la República da la oportunidad de que se pueda comprobar la transparencia con que nos hemos conducido en nuestra vida pública y privada. Agotaremos en lo adelante todos los recursos a nuestro alcance para que nuestro reclamo tenga oídos y para que además, la sociedad conozca cuál es la probidad de quienes le sirven, ya sea como periodistas o funcionarios en posiciones de privilegios. Para esto solo contamos con Dios, con nuestra familia, con la solidaridad de nuestros colegas y con el respeto que durante tantos años nos han profesado quienes saben que solo nos ha animado servir”, señalaron.

“En relación a lo que origina este abuso y persecución damos garantías a la opinión pública de que como periodistas responsables y comprometidos no cejaremos ni un milímetro en el sagrado compromiso de que impere la justicia y la verdad”, dice el documento.

La constructora brasileña admitió haber pagado en el país, entre el 2001 y 2014, unos 92 millones de dólares, con lo que consiguió agenciarse contratos para obras de infraestructura.

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