El Gobierno rechaza sentencia de Corte Interamericana que condena al país por repatriaciones de haitianos

Roberto Rodríguez Marchena

SANTO DOMINGO.- El Gobierno dominicano rechazó en la noche de este jueves la sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) que condena al país por la deportación de manera sumaria de ciudadanos haitianos entre los años 1999 y 2000.

En una rueda de prensa convocada con unos minutos de antelación, el portavoz de la Presidencia, Roberto Rodríguez Marchena, leyó un documento en cuyo contenido está fijada la posición oficial respecto al tema.

“Esa voluntad de avance y transformación es apoyada y conocida por la comunidad internacional y por numerosas organizaciones, tanto nacionales como internacionales, que están trabajando con nosotros sobre el terreno para la implementación de soluciones”, resalta el documento.

Expresa el rechazo a la referida decisión por considerarla “extemporánea, sesgada e inoportuna” y al mismo tiempo manifiesta su adhesión al artículo 1 del Convenio de La Haya de 1930, “que faculta a cada Estado para regular y determinar, de acuerdo con su legislación, quiénes son sus nacionales”.

En este punto, el documento enfatiza en dicho principio, pilar del derecho internacional, “es innegociable para el Estado dominicano”.

Dice reiterar su compromiso con el sistema interamericano de derechos humanos, sin dejar de advertir que cualquier interpretación “antojadiza” del mismo, en modo alguno puede afectar la soberanía dominicana ni la potestad del Estado para definir por sus normas internas, el régimen de la nacionalidad.

Se trata de una sentencia del 28 de agosto, marcada con el número 282, Serie C, en la que el organismo condena a la República Dominicana por desconocer la personalidad jurídica, la nacionalidad y el nombre de varias personas, incluyendo a menores de edad, deportadas hacia Haití.

La administración del presidente Danilo Medina consideró que la sentencia, al referirse a hechos acontecidos hace 15 años, pasa por alto numerosas circunstancias, como por ejemplo, el plan, actualmente en marcha, para regularizar y documentar a todas las personas que habitan en el territorio nacional.

De igual modo, le atribuye a la Corte haber ignorado aspectos muy relevantes de la historia reciente del país, que muestran su voluntad inequívoca de modernizar y mejorar su marco legal. En este aspecto puso de ejemplo la Constitución proclamada el 26 de enero del 2010, “que incluye derechos de tercera generación”.

Destacó el “compromiso férreo” del Gobierno con el respeto por los derechos humanos y con la búsqueda de soluciones a los desafíos que enfrenta el país en materia de documentación.

En este mismo ámbito, señala que las soluciones a las problemáticas planteadas y que están en marcha son fruto del más amplio consenso y suponen un avance sin precedentes en las últimas décadas.

“Esa voluntad de avance y transformación es apoyada y conocida por la comunidad internacional y por numerosas organizaciones, tanto nacionales como internacionales, que están trabajando con nosotros sobre el terreno para la implementación de soluciones”, resalta el documento.

Dijo que como parte de su convicción y compromiso con la protección de las personas, el Gobierno ha creado una unidad especializada en derechos humanos en el Ministerio de Relaciones Exteriores, con rango de dirección y con un equipo de primera línea.

Resalta de igual forma, que desde hace casi un año la República Dominicana y Haití han sabido hacer de la dificultad, virtud, transformando lo que comenzó como un desencuentro entre las naciones en el proceso de diálogo bilateral.

Favorecidos con la sentencia de la CIDH

Para dictar la condena, la CIDH determinó que la República Dominicana violó los derechos al reconocimiento de la personalidad jurídica, la nacionalidad y el nombre en perjuicio de William Medina Ferreras, Awilda Medina, Luis Ney Medina, Carolina Isabel Medina, Rafaelito Pérez Charles, Víctor Jean, Miguel Jean, Victoria Jean y Natalie Jean.

Establece igualmente, la violación de la prohibición de la expulsión colectiva de extranjeros, plasmada en el artículo 22.9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el incumplimiento de la obligación de respetar los derechos sin discriminación, establecida en el artículo 1.1 de la Convención, en perjuicio de las víctimas de nacionalidad haitiana.

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