De este lado de la acera

Un espacio de análisis para ver las cosas desde otro punto de vista y preguntar lo que nadie se atreve a preguntar.

La reelección de Danilo: ¿Misión imposible? (2 de 3)

La pasada semana en la primera parte de éste artículo analizamos por qué el presidente Danilo Medina, bajo el estatus quo, está imposibilitado de re-postularse a la presidencia o vicepresidencia de la República Dominicana. Al respecto, decíamos que la constitución es clara al prohibir su re-postulación, sin contar con un impedimento aún mayor: su propia palabra empeñada.

Pero por un momento asumamos que las voces sombrías del entorno del presidente Medina sean más fuertes que su voluntad de respetar la palabra empeñada. Si ese fuese el caso, ¿qué tiene que hacer el Danilo para poder repostularse?

La vía de la reforma constitucional

La vía más obvia que tiene Danilo para poder repostularse es quitarse del medio aquello que se lo prohíbe: el contenido del artículo 124 y la vigésima disposición transitoria contenida en el capítulo II del Título XV, ambos de la constitución del 2015.

Esta reforma tendría que apegarse al procedimiento que establece la misma constitución en el artículo 267 el cual reza: “La reforma de la constitución sólo podrá hacerse en la forma que indica ella misma y no podrá jamás ser suspendida ni anulada por ningún poder o autoridad, ni tampoco por aclamaciones populares”.

Visto esto, el procedimiento de reforma que establece la propia constitución es el siguiente:

1)      De acuerdo al artículo 269 de la Constitución, el primer paso es una iniciativa de reforma constitucional, la cual se debe presentar en el Congreso Nacional con el apoyo de la tercera parte de los miembros de una u otra cámara o sometida por el Poder Ejecutivo. Es decir, que para presentar dicha iniciativa se necesitaría el apoyo de 11 de 32 senadores, o bien, de 64 de 191 diputados o en su defecto que sea el propio Presidente de la República quien someta al congreso dicha iniciativa.

2)      Una vez presentada la iniciativa de reforma por una de las tres vías antes expuestas, el próximo paso es la aprobación de una ley de convocatoria la cual ordena la reunión de la Asamblea Nacional Revisora. Dicha ley tal y como lo establece el artículo 270 de la Constitución debe contener el objeto de la reforma e indicar el o los artículos que se pretenden reformar. Hasta aquí todo bien, pero nos encontramos luego con la primera disyuntiva del proceso: ¿es la ley que convoca a la Asamblea Nacional Revisora una ley ordinaria o una ley orgánica? Esta disyuntiva, aunque irrelevante a simple vista, es fundamental en términos prácticos, ya que define la cantidad de votos que serían necesarios para lograr la convocatoria de la Asamblea Nacional Revisora. En caso de ser una ley ordinaria su aprobación requeriría el voto de la mayoría absoluta de los presentes en cada cámara. Por el contrario, de tratarse de una ley orgánica, se necesitaría de la aprobación de las dos terceras partes de los legisladores presentes en cada cámara, es decir, 22 de 32 senadores y 128 de 191 diputados (en caso de que haya quorum absoluto). Cómo ven el demonio está en los detalles.

3)       Una vez aprobada y publicada dicha ley, la Asamblea Nacional Revisora debe reunirse dentro de los 15 días siguientes y para considerarse que existe quorum deben estar presentes más de la mitad de los miembros de cada una de las cámaras, es decir, 17 senadores y 96 diputados. Constituido el quorum reglamentario, la aprobación de la reforma necesita el voto favorable de las dos terceras partes de los presentes, es decir, un mínimo de 75 votos (¿ya van entendiendo porque necesitaba “su congreso”?).

Ya visto el procedimiento requerido para la reforma, quizás sea necesario tomar un paso atrás y preguntarnos: ¿Cuál sería la justificación para promover esta reforma constitucional?

Mi opinión es que hay sólo dos justificaciones. La primera sería que el modelo electivo establecido en la reforma del 2015, es decir, dos períodos consecutivos y nunca más, no es el ideal para nuestra democracia. A mi juicio esta no es una opción viable ya que fue el mismo Danilo quien eliminó esta opción cuando en su discurso de junio de 2015 le dijo a todo el pueblo dominicano que el entendía que dicho modelo era el más conveniente.

La segunda opción sería una reforma que busque la habilitación de Danilo en el 2020 basada en el hecho de que la vigésima disposición transitoria contenida en el capítulo II del Título XV de la Constitución es violatoria del derecho fundamental de Danilo Medina a elegir y ser elegido. En este caso la puerca empieza a retorcer el rabo, ya que de ser esta la justificación la aprobación final de la reforma tendría que pasar por el filtro de un referendo aprobatorio; esto así ya que tal y como lo establece el artículo 272 de la constitución una reforma constitucional que verse sobre derechos y garantías fundamentales debe ser sometida a la ratificación de la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas con derecho electoral en referendo aprobatorio convocado al efecto por la Junta Central Electoral.

Esto nos lleva a hacernos la pregunta quintesencial de esta discusión: ¿Es elegir y ser elegido un derecho fundamental?

Esta pregunta la responderemos en la última entrega de este trabajo, donde además abordaremos la otra vía que a mi juicio tiene Danilo Medina para agenciar su habilitación para una re-postulación a la Presidencia de la República en las elecciones del año 2020.

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Sobre el autor

El autor es abogado y comunicador. Participa en radio, televisión y prensa escrita, donde con su estilo atrevido y provocador analiza los temas de interés nacional e internacional.