Mi Sentir

El objetivo de esta columna es presentar diversos temas del acontecer nacional e internacional, enfocados desde mi sentir y óptica periodística.

Los cuestionamientos, dudas y confusiones creados por la Justicia dominicana

De la vieja Grecia heredamos la división de los Poderes del Estado y conforme a lo que plantearon Platón y Aristóteles, todo luce indicar que copiamos lo peor, razón por la cual las imperfecciones en el funcionamiento de la mayoría de ellos nos mantiene entre avances y retrocesos.

En nuestro país, en diversas ocasiones hemos presenciado cómo las crisis han sacudido a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, al punto de que los enfrentamientos entre sí, por poco no han llegado a tener repercusiones sociales que pudieron haber puesto en peligro  la democracia de que todos disfrutamos. Uno de esos episodios lo vivimos a raíz de la crisis que se produjo por el control de la Liga Municipal Dominicana en el 1999, donde el Ejecutivo estuvo a punto de disolver el Congreso Nacional, por el enfrentamiento con el Poder Legislativo que ostentaba el opositor Partido Revolucionario Dominicano.

Mientras esa crisis política debilito la credibilidad de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, el tercer Poder del Estado, el Judicial, emergía como el único que contaba con mayor aceptación entre la población dominicana, como consecuencia del acuerdo político que se produjo en 1997, que permitió la escogencia de una Suprema Corte de Justicia con mayor independencia que las que habíamos tenido hasta ese momento.

Desde entonces la justicia  había seguido ganando terreno en el seno de la sociedad hasta el punto de que su mayor credibilidad se concentraba entre sus propios actores, porque había desaparecido el fantasma de las fábricas y ventas de sentencias en los tribunales del país, desde los litorales de prestigiosos bufetes de abogados que se dedicaban a esas prácticas desde tiempos remotos.

Tras el cansancio y el desgaste, como era previsible observar, por lo mismo que nos impone la dialéctica, la Suprema Corte de Justicia del 1997, se fue desintegrando hasta que trajo consigo la denominada Segunda Ola de Reformas del Poder Judicial, a partir de la cual se crearon las Altas Cortes, que aunque por un lado nos colocaron a nivel de otras naciones desarrolladas del mundo, por el otro nos trajeron cosas tan novedosas de  las que el país no estaba acostumbrado y que con el paso del tiempo se han convertido en interrogantes que han sembrado dudas entre la población dominicana.

 Es probable que el desprendimiento de lo que estamos viviendo en la justicia dominicana no sea producto de la nueva ola de reformas que se produjo en ese Poder del Estado, sino de un conjunto de factores internos que han incidido negativamente para que el descredito en que se ha metido se profundice cada día más, y donde el manejo mediático de los casos que ella conoce tiene más peso que las mismas leyes que debe aplicar.

Los manejos que se le ha dado a casos políticos, de drogas, corrupción y de otros delitos cometidos por sectores de poder, han puesto en cuestionamiento a la justicia dominicana y en términos de imagen pública nos ha devuelto a los años en que la gente denunciaba la supuesta venta de sentencias que hacían figurar a ese Poder del Estado como un mercado comercial cualquiera.

Los argumentos que escuchamos de abogados en ejercicio y de la población común y corriente entorno a los diversos casos que se producen hoy en la Justicia Dominicana, son sorprendentes y nos indican que el que no cuente con recursos suficientes para poder enfrentar lo costoso que resulta impartir justicia en nuestro país, que mejor  se olvide de instrumentar cualquier expediente por simple o sencillo que le parezca.

La realidad es que cada caso debe disponer de un amplio presupuesto que abarca desde el ámbito judicial hasta el ámbito mediático, con el objetivo de lograr los lineamientos trazados en materia de conveniencia al cliente que está en disposición de cubrir esos costos y por esa razón hemos visto cómo algunos tribunales de la Republica han tenido que revisar sus propias sentencias dando ganancia de causa a los condenados, sumiendo más en el descredito a la mujer que cubre sus ojos con el manto blanco.

En definitiva, las medidas tomadas en el caso de Odebrecht y muy particularmente en lo que tiene que ver con Ángel Rondón y Víctor Díaz Rúa, que estuvieron influenciadas  por una parte importante de los comunicadores y medios de comunicación del país, ha abonado profundamente el descredito de la Justicia  y ha sembrado la duda en la población dominicana de cara al futuro que le espera a ese caso en nuestro país, lo que ameritaría una tercera Ola de Reformas en el Poder Judicial.

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