Derechos electorales

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La renuncia: una alarma innecesaria

En el año 1894 el Ministerio de Guerra de Francia interceptó un mensaje, destinado al  agregado militar de Alemania, que contenía informaciones ultra-secretas sobre las armas modernas de la artillería francesa. 

Ante la gravedad de la filtración, la cual amenazaba con convertirse en un gran escándalo, los altos mandos militares buscaron, rápidamente, un culpable, que resultó ser  el ejemplar capitán Alfred Dreyfus, quien fue acusado por el Consejo de Guerra de alta traición a Francia y condenado a cumplir cadena perpetua, al otro lado del Atlántico, en la isla del Diablo de la Guayana francesa.

Fue entonces cuando, en el año 1897, indignado frente a la injusticia que se había cometido contra el capitán Dreyfus, quien por su origen judío era una víctima del racismo de los jefes militares de la extrema derecha, entró en acción el prestigioso escritor Émile Zola, quien con su célebre carta  al presidente de Francia, titulada “Yo acuso”,  logró mejorar la percepción de la opinión pública sobre la inocencia del militar y la pertinencia de la revisión del juicio de 1894.

Después del “J’accuse…!”, personalidades de la talla del escritor Anatole France, del pintor Claude Monet y del científico Émile Duclaux, encabezaron un total de 1482 firmas, a favor del capitán Dreyfus, quien, no obstante, hubo de esperar hasta el 1906 para ser rehabilitado en el ejercito.

El referido documento, publicado por el diario Aurore, el 14 de enero de 1898, fue titulado: “Manifeste des intellectuels”, el cual, a decir del reconocido autor italiano Carlo Marletti, constituye el acta de nacimiento del vocablo intelectual.

En ese sentido, el reconocido “Diccionario de Política”, de Bobbio, Matteucci y Pasquino, denomina como intelectuales a los escritores comprometidos, agregando que “por extensión, el término se aplica también a artistas, investigadores, científicos y, en general, a los que han adquirido con el ejercicio de la cultura, una autoridad y un influjo en las discusiones públicas”.  

Como se puede apreciar, es propio de los intelectuales comprometidos fijar posición sobre temas que son de interés público, mediante manifiestos, declaraciones, proclamas, etc., con el propósito de influir en la opinión pública.

Precisamente, esto fue lo que aconteció cuando el día 18 del mes en curso un grupo de ciudadanas y ciudadanos, encabezados por algunos intelectuales, suscribieron un manifiesto en el que le solicitaron al licenciado Danilo Medina la renuncia del cargo de Presidente de la República, para el cual fue elegido hasta el 16 de agosto del 2020.

No me parece que a los firmantes se les haya ocurrido pensar que con su inoportuna proclama iban a conseguir la renuncia del presidente Danilo Medina, quien, por demás, tiene el control absoluto de los tres poderes clásicos del Estado y de los órganos extrapoderes.

Sin lugar a dudas, los firmantes del documento lograron su objetivo, que se supone no era otro que el de provocar la reacción del gobierno y llamar la atención de los ciudadanos, lo que consiguieron gracias a las declaraciones en contra, en la mayoría de los casos exageradas, de algunos funcionarios y congresistas.

Mientras tanto, estemos o no de acuerdo con ellas, las diversas modalidades de protestas deben ser toleradas como manifestaciones naturales de la democracia.

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