Reflexiones Meridianas

Pretendo que esta columna sea un espacio para el análisis político social y denuncias. En la misma resaltaremos los valores democráticos y morales, asumiendo un papel crítico ante la degradación moral y la corrupción en todos sus aspectos, dentro de un marco de respeto y objetividad.

Oposición política y reforma constitucional. Ser o no ser

Toda situación por negativa, adversa o mala que sea está matizada de aspectos que si se enfocan correctamente pueden ser positivos o devienen en oportunidades para obtener algún provecho.

La crisis política del año 1994, derivada del fraude electoral perpetrado contra José Francisco Peña Gómez, desemboco en la firma del “Pacto por la Democracia” el 10 de agosto de 1994. Este gran acuerdo político que contó con la sanción del Congreso, fue la salida a la gran crisis provocada por la ambición de poder del Dr. Joaquín Balaguer y los grupos hegemónicos que se beneficiaban de sus gobiernos. El acuerdo limitó a dos años el mandato escamoteado a Peña. (En principio Balaguer propuso una reducción a 18 meses, pero por maniobras dolosas de sus acólitos el acuerdo firmado fue a 2 años, perpetrándose otro engaño a Peña Gómez, quien firmó confiado).

Aparte de la reducción transitoria del período de gobierno a dos años, se acordó la creación de nuevas instituciones, como el Consejo Nacional de la Magistratura, a fin de lograr la instauración de “una nueva Justicia”, la integración de una nueva Junta Central Electoral por consenso social partidario, la no reelección en dos períodos consecutivos y se estableció la doble vuelta electoral. Pero una de las consecuencias más beneficiosas para la democracia fue la separación de las elecciones congresuales y municipales de las presidenciales a dos años.

Esta disposición llevada a rango constitucional, permitió eliminar el arrastre que sobre la elección de los cargos locales ejercía la elección del  presidente, permitiendo a la población la oportunidad de elegir sus representantes locales de forma más sospesada. Otra ventaja es que el liderazgo local adquirió dimensión propia, viéndose compelido a vincularse más a la comunidad. Aspirantes a síndico, senador y diputado comenzaron a buscar cercanía  con el votante, asumiendo mayor compromiso social, por lo que la calidad de la representación aumentó exponencialmente.

Las bondades de la separación de las elecciones y sus frutos comenzaron a ofender y molestar a los conservadores y enemigos de los derechos del pueblo, pronto empezó “una campañita”  a los niveles de algunas cúpulas partidarias (que veían amenazada su hegemonía), grupos empresariales y hasta religiosos, medios de comunicación, etc.   Alegando que “el país no puede vivir siempre en campaña”, otros invocaban el alto costo de las campañas cada dos años, etc. Todo esto desembocó en la eliminación de esta disposición constitucional en la reforma mediatizada por el “Pacto de las corbatas azules” del 2010.  Firmado por Leonel Fernández y Miguel Vargas, ahora socio del PLD.

 La eliminación de las elecciones separadas generó intensos debates en el seno de la Asamblea Revisora, nuestra oposición fue radical, pero al final se impuso el liderazgo político dominante y se optó por la unificación en un mismo año, y el caramelo envenenado fue regalar dos años a los que se reeligieran en 2010 (todos los partidos reservaron la candidatura sin convención a sus legisladores).

Pretendiendo que el daño fuera menor, el constituyente de 2010 optó por mantener la “separación” de las elecciones municipales de las demás, incurriéndose en el desaguisado de convocar las mismas para el 3er domingo del mes de febrero (tres meses antes de las presidenciales y congresuales) Art. 209. Consciente del entuerto que se cometía y de sus consecuencias funestas para la democracia, advertí en la Asamblea del 2010 que esa disposición haría más daño que bien (no me hicieron caso).

La amenaza a la democracia y oposición

Los partidos de oposición de manera especial el PRM y el PRSC, no acaban de cobrar conciencia de lo traumático y funesto que es la aplicación de esta disposición constitucional para la democracia y para sus propios fines. Si lo supieran o evaluaran, pedirían a gritos una reforma constitucional para unificar en un solo día todas las elecciones o retornar al sistema de la reforma del 94 (elecciones separadas por dos años).

Trasladémonos al  2020: El país en medio del proceso electoral para elegir en febrero alcaldes y regidores y en mayo presidente, senadores y diputados. Dos escenarios, dos elecciones; los estrategas del Gobierno y de la oposición están conscientes de que de la victoria o derrota en la primera (municipales) dependerá la victoria o derrota en la otra. 

Ante esa realidad, qué no hará el Gobierno para alzarse con el triunfo en cada municipio y distrito municipal? Toda la maquinaria del Gobierno será puesta en movimiento para apabullar en febrero; desde el control casi absoluto de la opinión en medios de comunicación locales y nacionales, la compra de militantes de otros partidos, las dádivas y compra de conciencia a todos los niveles, el uso de los recursos del Estado sin rubor. La lista es larga y todos conocemos como se ha manejado el Gobierno y el PLD en los últimos procesos.

Para la oposición el domingo 16 de febrero del 2020, SERA UN DOMINGO NEGRO. Y los subsiguientes tres meses hasta el 17 de mayo, serán de angustia, frustración y desaliento ya que el Gobierno junto a sus nuevos alcaldes juramentados el 24 de abril, según establece el Art. 274 párrafo I de la Constitución- (usando la táctica bochista de esfuerzo concentrado); redoblarán el paso exhibiendo al país su triunfo municipal como “la verdadera encuesta”,  testigo de qué partido o alianza ganará las presidenciales y municipales en mayo.

Piense usted. ¿Voto obligatorio?

El PRM acaba de pedir que en la propuesta de Ley de Partidos Políticos o en la Ley Electoral se instituya EL VOTO OBLIGATORIO, no advierte ese partido que eso no es posible sin una reforma constitucional. El Art. 208 de la Constitución estatuye que el voto es “Un derecho y un deber ciudadano” y que “Nadie puede ser obligado o coaccionado, bajo ningún pretexto, en ejercicio de su derecho al sufragio ni a revelar su voto”.

Si el PRM está consciente del contenido de este texto, entonces estamos ante un pedido directo a convocar la reforma constitucional, lo cual aplaudo con alegría. Ojala así fuera y que de paso se aproveche para corregir el entuerto de las elecciones municipales adelantadas del 3er domingo de febrero y así quitar la espada de Damocles que con inminente amenaza de muerte, pende sobre las cabezas de la democracia y la oposición.

Reaccionen partidos de oposición! sal de tu tálamo mental PRM! decide enfrentar el reto. Ningún enemigo en el PLD es pequeño, mientras cuente con la bendición del “señor presupuesto”. La batalla será dura en cualquier escenario, pero hay terrenos que nos debilitan y fortalecen al enemigo, el planteado a la luz del Art. 209 de la Constitución vigente, es una trampa mortal.

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Sobre el autor

Eugenio Cedeño Areché, casado, padre de 5 hijos, abogado, diplomado en ciencias políticas de FLACSO y Universidad de la Tercera Edad, diplomado en derecho procesal penal de la UASD, exprocurador general de la Corte de Apelación de San Pedro de Macorís, exdiputado por la provincia La Romana, 2002 al 2016. Político a tiempo parcial, duartiano, y peñagomista de corazón.