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La JCE y la dictadura constitucional del PLD

El término dictadura constitucional, en referencia a la gestión del PLD en el gobierno, fue intensamente usado en 2012 por el malogrado proyecto Ciudadanos por la Democracia. Y en particular recuerdo al amigo Luis Gómez aprovechando cada oportunidad para definirlo como una situación en la que una elite en el poder utiliza los propios mecanismos formales para acaparar abusivamente cuotas de poder en detrimento de la democracia.

Lo que hemos estado sufriendo en los últimos veinte años de hegemonía peledeísta es justamente esto: captura total de instituciones, promulgación de una constitución reaccionaria y atrasada al dedillo de la crápula política entonces comandada por Leonel Fernández y hoy por Danilo Medina, violación de la legalidad para facilitar todo tipo de componendas, manipulación mediante sobornos de la oposición, conversión del estado en una corporación para la corrupción, etc.  Hasta llegar al punto en que nuestra sociedad es contemplada, a veces con sorna, otras veces con compasión, como una auténtica república bananera.

La reciente composición de la Junta Central Electoral da cuenta de esta voracidad política. Entro diciendo que haberse librado de Roberto Rosario –un ruin politiquero que  siempre demostró no temer a la indecencia-  es siempre un paso de avance. Incluso en las peores circunstancias. Como acaba de ocurrir.

La JCE, supuesta a ser una institución autónoma, ha quedado constituida por políticos y profesionales leales al presidente y al partido que lo aúpa. Y en consecuencia, derechistas y reaccionarios hasta las últimas consecuencias. Nadie duda del pedigrí profesional de personas como Roberto Saladín y Julio César Castaños. Pero esto no basta. Ambos son figuras del peledeísmo, se han alineado con él en sus muchas travesuras (recordemos la ilegal sentencia xenófoba 168/13) y mantienen intereses familiares a su interior, un ejemplo de lo cual es el increíble puesto de embajador con 10 mil dólares de salario a un hijo del nuevo presidente de la JCE. Un joven profesional que no parece tener más méritos a su favor que haber trabajado con Vincho en la humorística DGEIG y la pertenencia a una familia que ha hecho de nuestro subdesarrollado espacio público un coto particularmente redituable.

Los restantes miembros no merecen mayores explicaciones. El PRD, en su pase de sombrero, colocó a un bribón político como Henry Mejía, que debiera estar excluido para siempre de la gestión pública. Otra señora es tan peledeísta como oscura. Y casi no habla. Y finalmente una persona como Carmen Imbert, de cuya probidad personal no podría dudar, pero tampoco de su fuerte compromiso con Danilo Medina desde aquellos años tempranos en que el actual presidente apenas podía remontar su candidatura con su enfermiza falta de carisma y Doña Carmen le promocionaba desde su excelente programa televisivo.

Es curioso que cuando la oposición protestó por esta composición, arrojara sobre Castaños y Saladín un manto de piedad y les llamó simplemente “rehenes” de una mayoría peledeísta. Es decir, víctimas, como quien no quiere herir ni con la sospecha a los miembros prominentes de la élite, y se contenta con cargar contra la infantería. Otra muestra de la pusilanimidad de una oposición que da la impresión de merecer –por cobarde y timorata- todos los desplantes oficialistas.

En pocas palabras, tenemos una Junta Central Electoral que parece ser una gaveta del escritorio peledeísta. Otro paso en la dirección de la dictadura constitucional que amenaza con embargar los pedazos de democracia de que gozamos.

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