Perlas y margaritas

En este espacio comparto palabras relacionadas con temas que considero esenciales, de primera importancia para mí y la sociedad.

La concentración de medios limita la democracia dominicana

La República Dominicana, con 10 millones de habitantes y una extensión de 48 mil kilómetros cuadrados correspondientes a la mitad de una isla del Caribe, cuenta con una amplia estructura de medios de comunicación.

En la actualidad en el país operan 46 canales de televisión abierta (8 VHF y 38 UHF); 8 diarios impresos de circulación nacional; 90 empresas de servicio de televisión por cable; 379 emisoras de radio (146 AM y 233 FM); 92 emisoras que se dicen comunitarias, pero han sido creadas y gestionadas desde el Gobierno; 471 diarios digitales y 544 blogs  de función informativa o editorial, según la plataforma de registro Livio.com.

Según las informaciones preliminares de un estudio que próximamente se pondrá en circulación, el 98% de los medios que funcionan en el espectro radioléctrico bajo autorización del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL) son de propiedad privada, mientras que el Estado y las iglesias administran el 2% restante. En esta relación se destaca el hecho de que los medios del Estado  (incluidas las llamadas radios comunitarias) mantienen muy baja calidad en sus producciones e influyen poco en el conjunto de la audiencia y la sociedad.

A simple vista, tomando en cuenta la población, el territorio y la cantidad de empresas mediáticas, podría decirse que el campo de la comunicación es bastante plural en el país. Pero no es la realidad. Pocos grupos económicos y algunos dirigentes políticos enriquecidos durante su paso por la gestión pública  concentran los medios más importantes e influyentes de República Dominicana.

Varios ejemplos

El caso más emblemático de concentración de medios es el del Grupo de Comunicaciones Corripio, que dirige José Luis Corripio Estrada (Pepín), considerado como el empresario más importante de la última década por sus millonarias posesiones en la industria, la agroindustria, el comercio, las franquicias de comida, la venta de vehículos, la joyería, la distribución de combustible y la comunicación. En el 2012, al mostrar una lista de los 10 empresarios más admirados de la década, la revista Mercado colocaba a Pepín en el puesto número uno, y  contabilizaba 28 empresas (12 mil empleados) pertenecientes a su familia.

En el caso específico de la comunicación, el Grupo Corripio posee dos canales de señal abierta VHF (Telesistema 11 y Teleantillas 2), y uno UHF (Coral 39); cuatro de los 8 diarios impresos de circulación nacional (Hoy, El Día, Listín Diario y El Nacional); y las emisoras de radio (HIJB y La Nota Diferente).

Desde una óptica cuantitativa podría decirse que este grupo es inferior a otros propietarios de medios. Sin embargo, se trata de que canales de televisión con el 48% de la audiencia  están bajo una misma titularidad. Igual ocurre con sus cuatro diarios, que al 2012 sumaban el 55.4% de la lectoría de prensa, y a la fecha mantienen una poderosa influencia en la construcción de la agenda social, política, económica y cultural del país.

En diferentes ocasiones, Corripio, hijo de inmigrantes españoles, ha dicho que tiene medios de comunicación para hacer aportes a la sociedad, y en una entrevista reconoció que al 2013 el único de sus periódicos rentable era el gratuito El Día.

Un segundo caso de grupos empresariales que se han hecho con la propiedad de grandes medios de comunicación es el de la sociedad de Manuel Estrella y Félix García, dos representantes del sector de la construcción y la industria, respectivamente, que desde el 2008  poseen el Multimedios del Caribe, donde figuran el diario de circulación nacional El Caribe, los canales de televisión CDN (37) y CDN 2,  y al binomio de emisoras CDN (92.5 en FM y 1040 AM).

Estrella  y García son originarios de Santiago, la segunda provincia del país. El primero es un ingeniero que ha tenido bajo sus manos multimillonarios contratos de construcción de obras del Estado, especialmente durante los últimos años de mandato del oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD). Sus diversas propiedades y obras pueden contabilizarse en su portal oficial www.estrella.com.do.

En el caso de Félix García, este copropietario de Multimedios del Caribe tiene sus mayores inversiones en  empresas agroindustriales, de troquelados, pinturas, detergentes, impermeabilizantes y otros.

El tercer ejemplo sobre la concentración de medios en la media isla caribeña sí tiene una relevancia cuantitativa. Se trata de los medios del Grupo Telemicro: 3 canales de televisión, 73 frecuencias de radio, una empresa de televisión por cable de alcance nacional y dos periódicos digitales. El propietario de este grupo es Juan Ramón Gómez Díaz, un abogado que pasó de la actividad comercial a la propiedad y expansión de estos medios de importante penetración en los sectores populares.

Y terminando este resumido abordaje de la concentración de medios de comunicación en República Dominicana es necesario mencionar al senador Félix Bautista, secretario de Organización del partido de gobierno, a quien el Ministerio Público, en una acusación formal por presuntos actos de corrupción y lavado de activos durante su paso por una de las dependencias del Poder Ejecutivo, le atribuye doce emisoras de radio y dos canales de televisión. Bautista es apenas uno de los actores de la política que se han apoderado de grandes medios.

Una nueva regulación

Sin lugar a dudas, la concentración de medios de comunicación en manos de grupos económicos y dirigentes políticos afecta la calidad de la democracia en la República Dominicana. Y tiene su origen en un marco normativo que no pone límite a la propiedad de las estructuras responsables de servir al derecho a la información de las personas.

La Ley de Expresión y Difusión del Pensamiento es un documento pendiente de actualizar. Fue aprobada en 1962, un año después de finalizar los treinta años de dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. En esta ley se mantiene el esquema de protección del derecho de la libertad de expresión como elemento transversal, protegiéndolo del Estado como el más importante agresor potencial, y poniéndole los limites relativos a la difamación, la injuria y la seguridad del mismo Estado. La llamada Ley 61-32  no toma previsiones sobre la concentración de medios y su vínculo con el derecho a la información, como tampoco lo hace la Ley General de Telecomunicaciones, norma que regula la asignación de las frecuencias del espectro radioeléctrico nacional.

En estos momentos existen varios proyectos de modificación del marco regulador de los medios de comunicación dominicanos. Pero su discusión tiene como actores principales a los representantes de los dueños de las empresas mediáticas concentradas y a la clase política que se ha beneficiado del esquema de concentración.

Para avanzar hacia una política pública que democratice y proteja el servicio de la información está pendiente que en la mesa del debate participen activamente las organizaciones comunitarias, los campesinos, los sindicatos, los grupos minoritarios, los gremios de profesionales, las universidades  y la ciudadanía en sentido general.

Mientras tanto, el país sigue alejado de los grandes debates sobre la regulación del llamado cuarto poder del Estado, su concentración y sus vínculos con la calidad de la democracia.

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