Abriendo puertas

Abriendo puertas es un espacio para difundir y reflexionar acerca de los diferentes aportes de la psicología en el ámbito sanitario, clínico y político, en un mundo en el que los aspectos emocionales resultan de gran relevancia para entender las complejas realidades que vive el ser humano

El derecho a la autonomía en los usuarios de salud

Durante siglos la medicina careció de controles legales y los médicos disfrutaron de un poder casi absoluto. La beneficencia era el rudimento ético que guiaba, bajo el paraguas de Hipócrates de Cos, el proceder de los galenos, y así transcurrió hasta el siglo XVIII. En el famoso Juramento Hipocrático se delega exclusivamente en el medico el buen juicio de obrar sobre sus pacientes de acuerdo a su criterio, sin contar con la opinión o decisión del enfermo o paciente. En uno de los párrafos de dicho texto, el llamado padre de la medicina moderna dice: “Fijaré el régimen de los enfermos del modo que le sea más conveniente, según mis facultades y mi conocimiento, evitando todo mal e injusticia”.

En el siglo XVIII y XIX llegaban a los tribunales europeos y norteamericanos, escasos casos de recursos o querellas interpuestas por pacientes, y cuando se fallaba a favor de estos, era porque se detectaba un comportamiento negligente o una mala práctica. A finales del siglo XIX y principios del XX hay registros de casos de pacientes que alegan no haber recibido información adecuada por parte de su médico, o haberse sentido coaccionados por este, lo que lesionaba sus derechos. A partir de entonces, y de acuerdo con las revisiones realizadas por Pernick, se empieza a considerar la necesidad de incluir la información y la libertad de decidir por parte de los pacientes, como derechos de los mismos. Cabe señalar que esta conquista paulatina de derechos no fue el producto de la decisión de los médicos y gremios, sino de lo que se ha dado en llamar “la rebelión de los pacientes”.

No obstante, y tras mucha jurisprudencia acumulada en los Estados Unidos, de fallos judiciales a favor de demandas emprendidas por pacientes contra sus médicos, casi siempre por efectos adversos ocasionados por tratamientos o procesos quirúrgicos que no habían sido previamente informados ni consentidos por ellos, se estableció en los Estados Unidos la obligatoriedad del Consentimiento Informado, es decir que, previo a cualquier intervención o tratamiento, el especialista de la salud debía contar con la expresa autorización del paciente.

De la conquista de este derecho se deriva también la aprobación, en 1973, de la Carta de Derechos de los Pacientes, por parte de la Asociación Americana de Hospitales, normativa que, paulatinamente, fue siendo asumida en otros países del mundo.

Vale la pena percatarse del esfuerzo emprendido por ciudadanos particulares, u organizados en asociaciones, para valorar la conquista que supone el Consentimiento Informado y el derecho, por lo tanto, a una información veraz que permite una decisión consciente del paciente que pasa a ser, con ello, autónomo, y no persona pasiva que obedece las indicaciones de esa especie de “padre protector”, imagen de los médicos bajo el paraguas del paradigma paternalista.

En nuestro país existe el Consentimiento Informado cuando el paciente va a ser sometido a un procedimiento quirúrgico o de otro tipo, que conlleve un grado de incertidumbre en cuanto a los resultados o riesgos y efectos adversos para la salud. De hecho, la Ley General de Salud (42- 01) establece, en sus artículos 28 y 29, que toda persona tiene derecho a recibir información adecuada sobre todos los aspectos relacionados con el proceso de curación y a decidir, previa información y comprensión, sobre su aceptación o rechazo de asumir el tratamiento, exceptuando los casos que representen riesgos para la salud pública.

Sin embargo, este derecho se lesiona cuando se convierte en un mero trámite burocrático, que busca proteger legalmente al médico más que dotar al paciente de herramientas para poder tomar una decisión adecuada, toda vez que se entrega en forma de documento, en un lenguaje técnico, poco tiempo antes de que el sujeto se acoja al tratamiento en cuestión. Si bien en cierto que en ese documento está la información, la misma solo podría ser entendida si el galeno se la explica al paciente, en un lenguaje que se adecue a su nivel socioeducativo, dándole, además, la posibilidad de poder formular las preguntas e inquietudes que le surjan al respecto. De no hacerse así, estamos cumpliendo con la ley a medidas, dado que la misma exige la comprensión de dicha información por parte del paciente. Incumpliendo este segundo requisito, violentamos  el espíritu e intensión con la cual fue creado el Consentimiento Informado, que no es otro que el de permitir la libre elección del paciente, siempre que este se encuentre en pleno disfrute de sus facultades.

Es conveniente entender que en esta lucha por el derecho de los pacientes no son suficientes las leyes. Hay que velar por su correcto y útil cumplimiento y hay que empoderar a los usuarios de los servicios de salud, que tal y como advertía el magistrado Subero Isa en un artículo, son consumidores de un servicio y como tales deben actuar y ser tratados. Sobre todo porque vivimos en un país en el que pervive el autoritarismo, modos de actuar que no solo se producen en el terreno de la política, sino en todo el tejido social.

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