Justicia y Paz

Comentario técnico e imparcial de las prácticas y políticas públicas dominicanas y su impacto en la construcción de una sociedad incluyente e igualitaria.

Crimen y Castigo – Teatro y Circo

El 3 de agosto el Presidente de la República  emitió el decreto 234-15 que incluye la designación, entre otras personas, de un nuevo jefe de la Policía Nacional.  La deducción natural de este hecho es que el Presidente quiere enfrentar una delincuencia que nos arropa como nunca antes, o por lo menos, parecer que o hace, de cara a la campaña electoral que vive.  

Ahora bien, en la humilde opinión de este escribidor, si el Presidente de veras quiere atacar el crimen tiene que empezar por atacar la corrupción y la impunidad.  ¿Y por qué? Porque el crimen no es la causa, el crimen es la consecuencia.  Es la consecuencia tanto de la profunda desigualdad, como de la profunda impunidad en que vivimos.  Desde esta óptica, creo mucho más sensato desarrollar mecanismos para frenar la desigualdad y la impunidad.  Con respecto a la impunidad, hay siete cosas relativamente fáciles de hacer que me parecen pueden ayudar grandemente.  Estas son: 

Dar una demostración inequívoca de cero tolerancia con la corrupción,  la impunidad y el narcotráfico.- 

Muchas voces nacionales, incluyendo este espacio, hemos solicitado que se cumpla la ley y que todo el empleado público que no haya presentado su rendición de cuentas sea despedido por causa justificada. Igualmente, se ha pedido la detención de la implementación de la construcción de las plantas de carbón de Punta Catalina.  Estas solicitudes se hacen por lo obviamente corruptas que son ambas realidades. 

Si el Presidente obtemperara a la solicitud popular enviaría un claro mensaje de cero tolerancia para todo aquel que teniendo como deber cuidar, proteger o prohijar la cosa pública no haga su trabajo.   Un mensaje claro de que la labor y la lealtad del empleado público va mucho más allá de defender los intereses del partido o de las tendencias; hay que defender lo de todos. A partir de este mensaje inequívoco, dicho por los actos del líder indiscutido del gobierno y del partido, la famosa disciplina del PLD se encargaría del resto. 

Nombrar un nuevo Procurador General de la República independiente del PLD y darle rienda suelta. 

Hacer esto implica que se tiren piedras hacia atrás y que se tiren piedras a los funcionarios actuales, pero también mandaría un mensaje claro que el hampa, el narcotráfico y el crimen organizado que nos rodean también oirían.  Lo cual a su vez crearía al menos un compás de espera, daría un respiro a la población. 

Si esta independencia cuela  y se inicia un proceso a nivel nacional en el que la procuraduría se convierta en un brazo independiente y con verdadera capacidad de defender a la sociedad contra todo aquel que viole la ley, entonces vamos por muy buen camino. 

Establecer un incentivo económico periódico para los oficiales policiales y los de la procuraduría, no por el número de casos que son apresados o procesado si no por aquellos que son sentenciados de forma adecuada y definitiva. 

Parte del problema que origina el crimen es que muchas veces es económicamente más rentable para aquellos llamados a aplicar la ley  proteger al criminal en vez de perseguirlo.  (El cuartel de policía que recibe una cuota mensual del puesto de drogas cercano o el joven procurador fiscal que accede la propuesta indecorosa de un compañero de universidad.)  Si cerramos esta brecha con un incentivo económico atractivo, encontramos un mecanismo para que quien está en la trinchera se alinee no con su conveniencia inmediata o con lo que le es más fácil y cómodo, si no con lo que conviene a la sociedad como un todo.  Un simple “subir el sueldo” no es suficiente ni daría el mismo resultado.  Un incentivo haría que estas personas dentro del tren gubernamental se sienta dueños de un proceso que de otra forma es huérfano y por un intereses económicos lo empujarían hasta el final.  

Que las retribuciones económicas de la policía y de la procuraduría sean atadas tanto a lo expedito con lo que se da una sentencia, como al respeto por el debido proceso. 

Una de las características de nuestro crimen es la reincidencia.  La Policía se queja de que ellos atrapan los criminales para que la justicia lo deje en libertad.  Por su parte, la judicatura alega que si no se han cumplido reglas básicas del debido proceso, que protege el derecho del arrestado, sus manos están atadas.  

En cualquier sociedad medianamente civilizada, en esta discusión la judicatura tiene la razón.  Argüir lo opuesto significa que consideramos que nunca ni nosotros ni ninguna persona de nuestro entorno puede ser arrestado, ni por error.  Una expectativa válida en una oligarquía medieval, pero no en una democracia moderna.  En ese entorno, lo que hizo el sobrino de Monchy Fadul es totalmente justificado.  Ahora bien, en un entorno democrático, la sola humanidad de una persona da pie a una serie de reglas básicas que,  en beneficio de la sociedad, deben ser respetadas. Básicamente, aquellas que tienen que ver con la integridad física del detenido y con la legitimidad de los medios de prueba; una confesión obtenida a golpes o una prueba creada de forma fraudulenta a fin de inculpar a alguien, realmente exceden lo que es un juego justo. 

Por esta razón, debemos diseñar la manera para que, tanto la policía como la procuraduría, procesen de forma correcta y expedita los expedientes de las personas que son incriminados por sus investigaciones.  Debe haber estándares claros de lo que es aceptables en ambos reglones y los mismos deben ser medidos constantemente.  El sueldo y las promociones de los oficiales de la ley, tanto de la policía como de la procuraduría, deben ser amarrados a dichos estándares. 

Que todo el empleado del estado tenga que cumplir con la ley y respetar el tren estatal o de lo contrario se retire del mismo. 

Nunca olvidaré lo dicho por José Báez Guerrero en su biografía de Antonio Guzmán. Él nos cuenta de un recién nombrado Ministro de Educación quien sacó a su hija, en quinto de bachillerato, del colegio tradicionalmente más caro del país, a mitad del año lectivo, para inscribirla en un liceo público. Esto sólo para ser coherente con el cargo aceptado.  Él no podía aceptar el cargo de Ministro de Educación si sus hijos no iban al sistema educativo público.  Este debiera ser el celo que exhiban y exijamos de todos los empleados del gobierno. 

Si los 700 mil empleados del gobierno (central, descentralizado, autónomo, etc.) cumplieran e hicieran cumplir la ley  en  su entorno posiblemente no existiera impunidad en la República Dominicana. 

Si le ha gustado las medidas que he sugerido, hay dos más que creo podrían concluir el problema de la impunidad en los próximos doce meses. 

Convocar al Consejo de la Magistratura y lograr la destitución de todo Juez que no sea de carrera. 

La politización de la justicia, un mal que habíamos más o menos extirpado de nuestra realidad desde 1994, vuelve a surgir en el 2010, gracias a la reforma constitucional de Leonel Fernández. A partir de este momento,  el deterioro de nuestra sociedad se ha acelerado exponencialmente.  La élite (peledeista) que recibió su acta de nacimiento con esa constitución del 2010 trató de asegurarse, con el diseño del nuevo Consejo de la Magistratura, que la ley no le fuera aplicable. El problema es que esa inequidad enquistada en nuestra Ley Principal, que tal vez tenía la intención de beneficiar sólo a los miembros del comité político del partido o de evitar y proteger de sin sabores vividos anteriormente, ha empezado a venderse y canjearse.  La Sentencia 168-13 es el más desdichado de todos los ejemplos. 

Si le devolvemos la fuerza y la dignidad al Poder Judicial veremos rápido cómo el crimen, en todas sus manifestaciones, empieza a detenerse. 

Simplificar el marco legal

Una de las razones por la que en nuestro país es tan difícil cumplir la ley es porque la misma es mucha veces diversa y contradictoria; hecha no para cumplirse si no para exhibirse.  Por muchos años, ha sido virtualmente imposible estandarizar, dar a conocer y sobretodo aplicar, de forma coherente, ese acuerdo social que llamamos ley.  Hoy día gracias al desarrollo de la tecnología de la información la labor de organizar el marco jurídico, encontrar baches y repeticiones y hacerlo lógico y coherente es mucho más fácil.  Entonces, el Presidente Danilo Medina puede crear una comisión de juristas, que represente todo el espectro nacional y se les da un año para que codifiquen la legislación dominicana, identifiquen los baches y los cierren y las repeticiones y las eliminen.  Utilizando la misma fuerza exhibida durante la reforma constitucional, esta codificación es enviada a y aprobada por el Legislativo en un mes o algo así. A partir de este momento es mucho más simple cumplir y hacer cumplir la ley. 

Es importante que se entienda que no es suficiente cambiar el jefe de la policía para controlar la ola de criminalidad que nos rodea. Es importante que se entienda que lo que podemos esperar es un recrudecimiento del maltrato policial, el deterioro de la ya endeble libertad ciudadana, particularmente para los dominicanos de bajo ingreso y, un resurgir de una criminalidad, mucho más fortalecida, en unos seis meses. 

Esta opinión no tiene nada que ver con el nuevo jefe de la policía, a quien no conozco y quien puede tener la mejor de las intenciones. La misma tiene que ver con traer a la palestra que él ha sido sentado encima de un sistema obsoleto, inservible y con muchos incentivos para seguir permitiendo que el crimen prospere entre nosotros.

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Sobre el autor

Especialista en desarrollo económico e inclusión, con más de 20 años de experiencia internacional. Licenciado en Derecho de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña, con Maestrías en Banca y Comercio Internacional y en Finanzas, ambas de American University en Washington D.C. Ha publicado extensamente y disertado en varias universidades extranjeras sobre políticas públicas, microfinanzas y riesgo.