Políticas sociales

Políticas Sociales tiene el propósito de compartir con los lectores el análisis y las consecuencias de las políticas públicas a nivel local y global, con objetividad e imparcialidad, utilizando las herramientas técnicas que pone a nuestra disposición la ciencia económica.

Resoluciones de la Junta Monetaria

El 25 de junio pasado la Junta Monetaria aprobó dos resoluciones que modifican el Reglamento de Evaluación de Activos (REA) y el Reglamento de Concentración de Riesgos, a fin de potenciar el desarrollo del mercado hipotecario y la ejecución de obras de infraestructura con préstamos de la banca dominicana, garantizados por el Estado. En el 2011 entró en vigencia la Ley 189-11 para el desarrollo del mercado hipotecario y el fideicomiso. Hasta ahora los avances han sido lentos.

Después de las operaciones de mercado abierto del mes de febrero pasado, retirando  de la economía más de 20 000 millones de pesos, el 26 de marzo el Banco Central liberó 10 000 millones del encaje legal de los bancos múltiples y la asociaciones de ahorros y préstamos, bajo la condición de que se dediquen exclusivamente a créditos para la construcción de viviendas cuyos precios de venta no superen los 2.4 millones. Se entendía que a través de este mecanismo surgirían muchos proyectos de fideicomiso. No ha sido así.    

La adicción de la economía dominicana a la deuda para poder moverse se agudiza.

En el marco de los criterios para el uso de esos los 10 000 millones, los desarrolladores de los proyectos de viviendas recibirían financiamientos a una tasa de interés de un 6 por ciento anual y a un plazo de dos años. Los beneficiarios finales obtendrían créditos a una tasa de interés de un 8 por ciento anual, a un plazo de 20 años. Una de las razones por las que dicho incentivo no ha caminado es que la financiación del 70 por ciento de una  vivienda de ese precio de venta, por ejemplo, conlleva una cuota mensual de aproximadamente 14 000 pesos. Cerca del 80 por ciento de los empelados en la economía formal devengan salarios al mes inferiores a los de 25 000 pesos. Sencillamente, no califican. 

El ejercicio anterior demuestra que la causa fundamental de que la liberación del encaje legal no se acelere no es la imposibilidad legal de aceptar como garantías para fines del REA los terrenos donde se construirían las viviendas, según se desprende de las disposiciones de la octava Resolución de la JM del 25 de junio pasado, aunque reconocemos que esta disposición ayudará a que se puedan utilizar dichos recursos y a que los proyectos fiduciarios en alianza público-privada se encaminen. En lo adelante, los préstamos de la banca con la garantía de títulos de propiedad en proceso de obtención del certificado de título correspondiente se clasificarán temporalmente en categoría “A”, es decir de riesgo normal, sin la necesidad de tener que conformar provisiones que afecten la rentabilidad del banco en cuestión.

La adicción de la economía dominicana a la deuda para poder moverse se agudiza. La modificación del Reglamento de Concentración de Riegos tiene el propósito de ampliar el grifo del financiamiento de la banca al sector público. Esta flexibilización aumenta el límite de los créditos individuales de un 10 hasta un 40 por ciento del patrimonio técnico de un banco, siempre y cuando dicho financiamiento sea un préstamo directo al Estado o esté garantizado por éste, con la fuente de recurso para el repago contemplado en el presupuesto general de la nación. También se clasificarían en categoría “A” y los bancos involucrados no tendrían necesidad de crear provisiones. 

Al mes de abril del 2015 los bancos múltiples, que representan más del 75 por ciento del sistema financiero nacional, tenían un patrimonio técnico neto de 99 355 millones de pesos.   Esto nos da la idea de que por esa vía el sector público podría agenciarse 39 742 millones para financiar obras de infraestructura, viendo el cálculo de manera lineal, sin tomar en consideración las limitaciones que impone a los bancos la obligatoriedad de mantener en todo momento un índice de solvencia de capital igual a un  10 por ciento.    

Todos sabemos que estas modalidades de préstamos al Estado se transferirían a deuda pública cada vez que en un año determinado el Estado no pueda cumplir con esos compromisos. El ratio de la deuda con relación al PIB ronda el 50 por ciento, de por si en situación de alerta, y seguimos buscando mecanismos para satisfacer el altísimo apetito por la deuda.   

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Sobre el autor

Economista egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, con máster en Gestión y Análisis de Políticas Públicas de la Universidad Carlos III de Madrid y posgrado en Mercados de Valores de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra.