Perlas y margaritas

En este espacio comparto palabras relacionadas con temas que considero esenciales, de primera importancia para mí y la sociedad.

Derecho a la información: cambio de perspectiva

¿Quién impone  a los niños y las niñas  la costumbre de encender el televisor para ver muñequitos? ¿Quién promueve entre los adolescentes la inclinación por los programas de música, cine, baile y demás expresiones artísticas de actualidad?  ¿Alguien tiene que esforzarse para conseguir que gran parte de la juventud siga con furor  los espectáculos deportivos transmitidos por la tele?  Nadie lo hace. Y no es necesario. La gente accede a los medios de comunicación en busca de los contenidos que se correspondan con sus gustos, su desarrollo personal e intereses.

Pero llega una etapa de la vida en que todos, o la inmensa mayoría de las personas con capacidad de acceso frecuente  a los medios, buscan entre los periódicos, los canales de radio, televisión o internet  un tipo de contenido que poco tiene que ver con gustos o preferencias, que es necesario para poder salir a la calle, al trabajo, al mercado, a la universidad, al escenario comunitario, político o social con el mayor nivel de conciencia y certidumbre posible: las noticias.

La gente accede a los medios de comunicación en busca de los contenidos que se correspondan con sus gustos, su desarrollo personal e intereses.

Las personas, y en especial las adultas, por ser moral y legalmente responsables de sus actos y su porvenir en la sociedad, necesitan acceder a los informes noticiosos porque sus sentidos y capacidades apenas les alcanzan para hacerse una idea, un mapa, una descripción de su entorno inmediato. Frente al resto de la comunidad, del país, del Estado y del cada vez más complicado planeta se encuentran desarmadas o, mejor dicho, desinformadas. Deben  valerse de los medios de comunicación públicos o privados, y en especial de los que transmiten informaciones sobre la actualidad. De este modo el  servicio de información sobre la realidad pública se constituye en una necesidad individual y colectiva, y,  jurídicamente, genera el llamado derecho a la información, reconocido y protegido por diferentes marcos internacionales junto a la libertad de expresión, el acceso a la información, la libertad de pensamiento, y otros prerrogativas.

Perla Gómez Gallardo[1] lo define como “la facultad de acceder a la información. Es un derecho natural y, al mismo tiempo, un derecho humano. Es natural porque está radicado en la naturaleza sociable del hombre; es universal, inviolable e inalienable. Y es un derecho humano porque contribuye a la dignidad humana; es necesario para que la personalidad de cada ser humano se pueda desarrollar”.  Otra autora, Mariana Cendejas Jáuregui[2], entiende que la información debe concebirse  como “un bien necesario para el hombre, ya que permite a la persona convertirse en miembro activo de la comunidad, lo que coadyuva a su realización como ciudadano consciente de su responsabilidad frente al conjunto de la sociedad”.

En la Constitución de República Dominicana este derecho está protegido en el primer párrafo del artículo 49, y comprende buscar, investigar, recibir y difundir información de todo tipo, de carácter público, por cualquier medio, canal o vía.

Es importante destacar –como lo hace Gómez Gallardo- que el concepto de derecho universal a la información es el fruto  de un proceso histórico que inicia  por el reconocimiento de los derechos a quienes son propietarios de los medios (libertad de prensa); a los que que trabajan para los dueños de los medios (libertad de expresión de los periodistas); y, finalmente, a todos los seres humanos.

En las dos primera etapas, dice la autora, "los derechos son reconocidos únicamente a quienes cumplen un rol de producción o emisión de información, en tanto que el derecho a la información como derecho humano universal implica admitir jurídica e institucionalmente las facultades propias de quienes perciben o reconocen los datos o las noticias sistematizados y publicados por empresarios y periodistas”.

Si observamos la realidad mediática de República Dominicana a la luz del proceso histórico descrito anteriormente podríamos decir que el país se encuentra en la segunda etapa del desarrollo del derecho a la información. Tenemos que el debate y la norma coexisten  alrededor de los niveles de libertad de los periodistas y los ejecutivos de los medios, la libertad de prensa, la posible difamación o injuria, la relación de los medios con quienes dirigen el Estado, el acceso de los comunicadores a los datos públicos, la incidencia de los actores políticos sobre la prensa, etcétera.

Sin lugar a dudas en el país existen condiciones para proteger a los medios de actores externos y para proteger a individuos de ciertos abusos contra su moral. Pero hoy la  ciudadanía necesita contar con normativas y estructuras capaces de blindar la información  de los intereses de los dueños de los medios de comunicación, de los periodistas de alquiler, de la propaganda disfrazada de periodismo, del control de la información por parte de propietarios de grandes carteras publicitarias , y de los contubernios que puedan darse entre la prensa y el poder para ocultar o distorsionar la realidad.

República Dominicana necesita y debe ponerse a la altura de los tiempos que corren y comenzar a ampliar e implementar  un marco normativo que coloque los intereses de la ciudadanía por encima de los intereses de todos los demás actores participantes de la estructura de los medios informativos, incluidos los mismos propietarios y los periodistas. 

En varios países de América del Sur ya se están dando pasos importantes en ese sentido, y no necesariamente por iniciativa de la funesta Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) o la clase periodística tan dependiente de sus precarios puestos de trabajo. El cambio del marco de interpretación y regulación de las plataformas de manejo de la información como bien público en el continente es el resultado de profundos cambios políticos. Está naciendo de proyectos políticos confrontados con los poderes fácticos de siempre. Se levanta con el impulso de una ciudadanía con mayor consciencia de la estructura social y de la importancia de proteger la información de todos los actores del mapa de poder. 

Aquí, en esta media isla, y mientras compartimos la última línea de este artículo, la semilla de ese cambio de perspectiva de lo mediático comienza a germinar, a paso lento, pero germina. Participemos del proceso, porque la definición de la agenda, el relato de nuestra diaria realidad no puede estar en manos de unos pocos. 

[1] Gómez Gallardo, Perla (2008). Libertad de expresión, protección y responsabilidades. Quito: Ediciones Ciespal

[2] Cendejas Jáuregui, Mariana (2011). Evolución histórica del derechoa a la información. México: Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/decoin/cont/10/art/art3.htm

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