Políticas sociales

Políticas Sociales tiene el propósito de compartir con los lectores el análisis y las consecuencias de las políticas públicas a nivel local y global, con objetividad e imparcialidad, utilizando las herramientas técnicas que pone a nuestra disposición la ciencia económica.

Crédito dirigido

En términos de política monetaria estamos retomando las prácticas de utilizar el encaje legal de la banca para dirigir el crédito hacia sectores que los hacedores de políticas públicas consideran que se debe promover. El crédito dirigido demostró en el pasado que introducía distorsiones no deseadas en la industria bancaria.

Distorsiones que iban desde tasas de interés subsidiadas que se alejaban de las prevalecientes en el mercado hasta plazos que con sutilezas se violaban. El déficit de viviendas en el país es un grave problema que en décadas no hemos logrado superar. El alquiler de una vivienda es un dolor de cabeza para los bolsillos de los pobres y de la clase media. El  precio de adquisición de una vivienda se aleja cada vez más de los que menos pueden.

Al acogerse a esta disposición de la JM la banca estaría mandando el mansaje a los promotores de viviendas de que en sus operaciones previas les aplicaba una tasa de interés equivalente a más del doble de la que la JM entiende justa

Es más rentable para los partidos políticos y líderes en el poder dedicar presupuestos a la construcción de torres de apartamentos de lujo que actúan como vitrina de un progreso económico y social que no es tal, que invertirlos en soluciones habitacionales para los pobres y en pequeñas obras de agua y saneamiento que combatan enfermedades infectocontagiosas y mejoren la calidad de vida del dominicano.

No queremos decir que el crédito dirigido sea malo en sí mismo, aspiramos a que se analicen las consecuencias no deseadas. Vemos con buenos ojos la Primera Resolución de la Junta Monetaria (JM) del día 26 de marzo pasado, que aprobó especializar 10 000 millones de pesos del encaje legal de los bancos múltiples y de las asociaciones de ahorros y préstamos, para promover proyectos de viviendas de bajo costo. El promotor recibiría un préstamo interino a un plazo de dos años a una tasa de interés de un seis por ciento y la del financiamiento para la adquisición de las viviendas del 8 por ciento.

El mecanismo consiste en aceptar como efectivo para fines cobertura de encaje legal las inversiones en valores o títulos de renta de los múltiples y las asociaciones ahorros y préstamos, siempre y cuando los recursos a ser liberados por el Banco Central se destine al financiamiento de construcción masiva de apartamentos cuyas unidades no excedan el precio de 2.4 millones de pesos, ya sea bajo el esquema del fideicomiso establecido en la ley 189-11 para el desarrollo del mercado hipotecario, o simplemente para la ejecución de proyectos privados.  

A la fecha de la citada Resolución la tasa de interés de los bancos múltiples en préstamos hipotecarios promediaba un 13.36 anual. Suponemos que esa es la tasa que refleja los costos de los bancos en sus operaciones de intermediación financiera. La distorsión de que hablamos es que al acogerse a esta disposición de la JM la banca estaría mandando el mansaje a los promotores de viviendas de que en sus operaciones previas les aplicaba una tasa de interés equivalente a más del doble de la que la JM entiende justa.

Es decir, que de hecho no solo se está dirigiendo el crédito a la construcción de viviendas de bajo costo, sino que se está fijando un límite para los préstamos hipotecarios. Además, perjudicará a las entidades de intermediación financiera que por su tamaño no puedan  hacer uso de este mecanismo. El impacto negativo del subsidio a la tasa de interés en los préstamos del Plan Más Pymes ha sido terrible en la industria del microcrédito, aunque nadie se atreva a gritar para no enfrentarse al gobierno. Esperamos que esta Resolución de la JM no provoque lo mismo.

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Sobre el autor

Economista egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, con máster en Gestión y Análisis de Políticas Públicas de la Universidad Carlos III de Madrid y posgrado en Mercados de Valores de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra.