Políticas sociales

Políticas Sociales tiene el propósito de compartir con los lectores el análisis y las consecuencias de las políticas públicas a nivel local y global, con objetividad e imparcialidad, utilizando las herramientas técnicas que pone a nuestra disposición la ciencia económica.

Carta Pastoral

Una vez más, la Conferencia del Episcopado Dominicano emite una carta pastoral que pone la lupa en los graves problemas económicos y sociales que aquejan a la nación. La carta pastoral emitida el Miércoles de Ceniza no tiene desperdicio. Nos recuerda el Sermón de las Siete Palabras pronunciado cada Viernes Santo durante aquellos fatídicos 12 años de Joaquín Balaguer, 1966-1978, caracterizados por la represión política a la oposición, la corrupción y la concentración de la inversión pública en obras faraónicas, al estilo el Faro a Colón.    

Los líderes de la iglesia católica llaman a los economistas y al gobierno a diseñar políticas públicas que impacten en la reducción de las desigualdades sociales y a invertir mejor los recursos públicos. El orden de prioridades que sugieren comienza por invertir en los sectores salud, educación, construcción de viviendas dignas y caminos vecinales, en garantizar la seguridad ciudadana, en resolver los problemas del sector eléctrico y en combatir la corrupción. 

De qué ha valido que la economía siga creciendo a un promedio superior al de la región de América latina y El Caribe, si las desigualdades sociales se profundizan, el desempleo aumenta y no se resuelven los principales problemas de la nación. De acuerdo con la Comisión para América Latina y el Caribe (CEPAL), el 40 por ciento de los dominicanos viven en la pobreza y el 20 por ciento en pobreza extrema. El promedio de la pobreza de la región es de 28 por ciento y el de la pobreza extrema de un 10 por ciento. Nos guayamos en estos indicadores sociales.

Al episcopado le preocupa que seamos campeones del mundo en la lista que anualmente prepara el foro económico global sobre la corrupción gubernamental por países.

Con la inversión del 4.0 por ciento del PIB en educación es mucho lo que se ha avanzado,  básicamente en la construcción de aulas, que son imprescindibles, es verdad, pero el rezago en mejorar la calidad de la enseñanza es de tal magnitud que vamos a paso lento. Aun estamos lejos de alcanzar a los países de la región que encabezan la lista de mayores grados de escolaridad de su población. Todavía ocupamos los últimos lugares de la región en materia de lectura comprensiva y matemática por parte de nuestros niños y niñas de educación básica.

La población no podría estar más desamparada en términos de acceso a servicios de salud. Los hospitales públicos no garantizan que los ciudadanos pobres que pisen sus puertas reciban los servicios y las medicinas que les ayuden con la enorme carga presupuestaria que significa una enfermedad. Ahora se denuncia que el Ministerio de Salud Publica ha cerrado el capítulo de ayuda a pacientes con enfermedades catastróficas. A más de 12 años de implantación del sistema de seguridad social instaurado por la Ley 87-01 los grandes beneficiarios han sido los empresarios de las administración de riesgos de salud (ARS) y las administradoras de fondos pensión (AFP).  

Cada gobernante que llega a la administración del Estado se concentra en invertir los fondos públicos solamente en aquellas obras que le reditúan políticamente en términos electorales. Los gastos superfluos son el pan nuestro de cada día. Mientras construyen complejos habitacionales para la clase media, que pueden ser perfectamente ejecutados por parte del sector privado, olvidan que esos recursos tendrían mayor impacto social si se destinaran a reparar las precarias condiciones de las viviendas de los cuatro millones de dominicanos ubicados en la pobreza.

La construcción de pequeñas obras de infraestructura que contribuyan a elevar la competitividad del sector agropecuario no forma parte de las prioridades de la inversión pública. La delincuencia parece ganarles la batalla a los organismos de seguridad del Estado encargados de combatirla. Al episcopado le preocupa que seamos campeones del mundo en la lista que anualmente prepara el foro económico global sobre la corrupción gubernamental por países. Por más de cinco décadas el sector eléctrico ha permanecido en crisis.

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Sobre el autor

Economista egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, con máster en Gestión y Análisis de Políticas Públicas de la Universidad Carlos III de Madrid y posgrado en Mercados de Valores de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra.