Perlas y margaritas

En este espacio comparto palabras relacionadas con temas que considero esenciales, de primera importancia para mí y la sociedad.

De la libertad de expresión al derecho a la información

En República Dominicana y en el resto  de América Latina y el Caribe el debate sobre la relación entre medios de comunicación, democracia, participación política y sociedad civil históricamente ha tenido a la libertad de expresión como punto de partida y fundamento jurídico por excelencia.

La libertad de expresión, consagrada en el artículo 19 de la Carta Universal de los Derechos Humanos, consiste en que “todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio”.

La libertad de expresión fue la primera víctima de las dictaduras que en el siglo XX llenaron de sangre y terror a América Latina y el Caribe. Y en la actualidad recibe la embestida de los gobiernos antidemocráticos que todavía surgen con el apoyo de poderes fácticos y actores extranjeros

Este derecho humano también está protegido por el artículo 13 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos o Pacto de San José, y desde 1998 cuenta con una Relatoría Especial en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIHD), la cual difunde un informe evaluativo anual sobre su ejercicio en el continente.

Por las implicaciones de su vigencia, la libertad de expresión fue la primera víctima de las dictaduras que en el siglo XX llenaron de sangre y terror a América Latina y el Caribe. Y en la actualidad recibe la embestida de los gobiernos antidemocráticos que todavía surgen con el apoyo de poderes fácticos y actores extranjeros. Recordemos el caso de Honduras, donde,  en el 2009 el golpista Roberto Micheletti censuró a todos los medios que defendían la reposición del presidente constitucional Manuel Zelaya, y donde los dos mandatarios surgidos del golpismohan adoptado una actitud pasiva  frente a la persecución y asesinato de más de una decena de periodistas[1] y dirigentes sociales.

El ejercicio de la libertad de expresión es uno de los principales indicadores de las mediciones sobre calidad de democracia en América y el mundo, de ahí que su situación se destaque en informes como el Barómetro de Las Américas, “Libertad en el Mundo” de Freedom House o el estudio “La calidad de la democracia: una visión comparada”, de Levine y Molina, entre otros.

Dentro de la teoría política no existe un modelo de democracia representativa o participativa que no incluya entre sus principales características la libertad de expresión. Así de trascendente es este derecho que abre la puerta al ejercicio de otras prerrogativas, como la libertad de asociación, el derecho a la participación política o el derecho a ejercer el control social de los poderes públicos.

Los medios de comunicación, porque de hecho y por costumbre tienen asignada una función reguladora de la democracia, y por ser usuarios activos de la libertad de prensa, son los principales promotores y defensores de la libertad de expresión en las sociedades latinoamericanas. La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), un organismo que agrupa a los grandes periódicos  de la región, es quizás el más reconocido  fiscalizador  de la libertad de prensa y expresión en la zona. Lo hace, por supuesto,  desde la torre de los intereses de su membrecía, los cuales están descritos en un documento común firmado en México en 1994 y conocido como la Declaración de Chapultepec[2].

En síntesis, desde que finalizó el largo período de las dictaduras que azotaron  a los pueblos latinoamericanos y caribeños durante gran parte del siglo XX, la libertad de expresión se ha mantenido como un faro revelador de los avances y retrocesos de las incipientes democracias de la zona. También ha sido y es la plataforma jurídica para la prestación, por vía pública o privada,  de servicios informativos a la ciudadanía.  Sin embargo, a consecuencia de los profundos cambios políticos y sociales que en la última década se han producido en países como Argentina, Brasil, Ecuador, Uruguay, Bolivia, Venezuela y Nicaragua el concepto de libertad de expresión ya resulta insuficiente para proteger el libre flujo de las ideas de la ciudadanía o para asegurar que el trabajo de los medios informativos sirva a la construcción de democracia. 

Los intensos debates entre gobiernos, sociedad civil y medios de comunicación masiva del continente han puesto en escena un concepto o derecho que se encuentra estrechamente vinculado a la libertad de expresión, pero ofrece una perspectiva que, además de proteger a la ciudadanía de los controles o manipulaciones del Estado, sirve para regular y sancionar las posibles prácticas engañosas y antidemocráticas que los intereses privados y políticos pueden imponer a los medios informativos y a sus relatos de la realidad: el derecho a la información. En una segunda entrega ampliaremos la descripción de este derecho y su situación en República Dominicana.

[1] Reporteros sin Fronteras, http://es.rsf.org/honduras-continua-el-hostigamiento-a-los-02-09-2014,46881.html

 [2] Declaración de Chapultepec,  http://www.declaraciondechapultepec.org/declaracion_chapultepec.htm

 

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