Galletas y dialéctica

Un espacio para comentar sobre filosofía (política), derecho público comparado y algo más, pero sin excluir la insoportable banalidad del ser. Las ideas presentadas son de la entera responsabilidad del autor.

Legitimidad política (II): Una concepción política de justicia

En la última entrega analizamos la idea de legitimidad política. Planteamos que “una autoridad política legítima no siempre es una autoridad política justa”. No obstante, cabe preguntarnos si ¿presupone la legitimidad, entendida de cierta forma, un parámetro de justicia, cuando se piensa en el marco de una comunidad política propia de las democracias constitucionales?

La concepción de justicia en el liberalismo político responde a la idea de una sociedad bien-ordenada como un sistema de cooperación justa entre personas libres e iguales.Es importante para la legitimidad que no solo se ofrezcan razones necesarias para que la autoridad política sea legítima, pero que además se cumplacon un mínimo nivel de justicia. De modo que, cuando se apela a una concepción política de la justicia, la legitimidad y la justicia se interrelacionan.

La legitimación, basada en la idea de la razón pública,es una concepción política de la justicia que todas las personas pueden endosar (Rawls, 1999: 137). Solo se legitima el uso del poder político cuando se “ejerce de acuerdo a una constitución (…) cuyas esencias puedan aceptar” todas las personas, como personas razonables y racionales (Rawls). Esto implicaque las personas que participan son iguales y libres, y que deben participar, por estar en el campode aplicación de las decisiones que les afectan o beneficien.

La democracia procedimental, entendida como deliberativa, es un instrumento adecuado para legitimar la autoridad política en base a una concepción política de la justicia. A través de una democracia procedimental, que cumpla con ciertas precondiciones, es posible obtener los principios de justicia necesarios que expresen consensos como resultado de una deliberación en la cual los sujetos sean tomados o valorados en serio.

Producto del intercambio de información y posturas en la deliberación, con precondiciones garantizadas (e.j: participación, libertad e igualdad), las decisiones originadas estarían justificadas y serán aceptables para las personas que participaron, aun cuando discreparon profundamente delas mismas (Nino, 1994; Peter, 2008). El punto reside en que, al garantizar la participación imparcial en condiciones de libertades e igualdades políticas, se logren alcanzarresultados razonables que traten de englobar un consenso entrecruzado de distintas perspectivas políticaspor medio de un procedimiento democrático como núcleo o fuente de legitimidad de aquellas,Al final, todos tendrían razones válidas para endosar el resultado a pesar del desacuerdo.

Sin embargo, muchos dirían que es posible utilizar el procedimiento democrático para adoptar decisiones política y moralmente objetables.Pero, ciertas decisiones no podrían ser adoptadas por efecto de que no crearían el ambiente de imparcialidad para su adopción, como tampoco serán adoptadas decisiones que supongan neutralizar las precondiciones necesarias para que las mismas sean alcanzadas en base a presupuestos democráticos.

Aun cuando estas decisiones se adopten, estas no caerán dentro de una concepción política de la justicia y por ende no ofrecerían razones necesarias para aceptarlas. Si esas razones no son válidas o son insuficientes, entonces, las personas no tendrían motivos para endosar el resultado y, por ende, la decisión no tendría efectividad quedando erosionada la pretensión de legitimidad de quien desea presentarse como autoridad política.

La legitimidad, como parte de una concepción política de la justicia, está vinculada con la idea de democracia deliberativa y esto supone varias cosas. Primero, la imparcialidad en el ejercicio de la autoridad política y de los procedimientos a través de los cuales el ejercicio de dicha autoridad es posible;segundo, la razonabilidad en los planteamientos de los participantes y que, en consecuencia, tengan motivos razonables para aceptar la autoridad política; y por último, la consideración política de las personas como sujetos libres e iguales.

Respecto a esto último, si queremos entender la legitimidad como expresión de una concepción política de justicia, debemos llevarla tolerancia política al respeto político. Para lograr consensos políticamente razonables, no solo implica soportar ideas o posiciones de otros por el solo hecho de que tienen derecho a hacerlo, sino que hay que valorarlos como sujetos políticos con capacidad de plantear ideas. Los consensos entrecruzados (overlapping consensus) no pueden lograrse si las personas no son tomadas en serio respecto a sus planteamientos. De lo contrario, nos limitaríamos a dejar que ellos planteen sus posturas sin tomarlos en serio sobre el por qué plantean lo que plantean, porque sus concepciones de justicia varían, y por qué sus opinionesson motivos de razón pública o no. Esto ya no sería una democracia deliberativa, sino una democracia condescendiente, que pudiese estarjustificada como legítima pero no sería una democraciajusta.

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