Un inicio legal

Me propongo hablar sobre temas actuales, pero desde el punto de vista de nuestras leyes, con lo cual busco que el gran público tenga una noción de que todo lo que le sucede está regulado por la Constitución y las leyes adjetivas, reglamentos y ordenanzas municipales.

Hoy como ayer

La sociedad dominicana está articulada sobre una base legal constitucional, tratados internacionales y leyes adjetivas que rigen nuestra convivencia.  Ahora bien, nuestra nación está articulada en base a nuestras costumbres, idioma y territorio. El año pasado el Tribunal Constitucional de la República Dominicana dictó la Sentencia No.168-2013, que en síntesis ordena al Estado Dominicano, revisar los libros del Registro Civil, poner en marcha el plan de  regularización de extranjeros y solucionar de una forma definitiva la cuestión migratoria, todo ello enmarcado dentro de lo que establece la Carta Magna y nuestras leyes, respetando los tratados firmados por el país.

A nivel nacional e internacional se inició un debate sobre la justeza de la indicada sentencia constitucional, en base a los derechos humanos, soslayando el derecho interno y cuestionando el mandato que tienen nuestras autoridades de actuar en base a las leyes dictadas por nuestro Congreso Nacional, lo cual, desde mi óptica,  es un desaguisado de esos grupos, que tienen todo el derecho de disentir, pero respetando las opiniones de la mayoría de los que integramos la NACION dominicana.

No he visto a los ciudadanos de más de 20 nacionalidades que afecta la indicada Sentencia 168-2013 protestar sobre el derecho soberano de la República Dominicana de regularizar a todo extranjero que esté en su territorio, sólo los nacionales haitianos y sus descendientes son los que nos han acusado de cuantas barbaridades se les ha ocurrido, y todo para ocultar su situación general como grupo que pertenece a la Nación Haitiana, cuyo Estado y Gobierno no han podido darles respuesta a sus necesidades básicas y menos registrarlos en su propio territorio, lo que los ha obligado a cruzar la frontera dominicana para poder subsistir. 

El drama humano que se presenta es serio y a tomar en cuenta, pero no por ello la República Dominicana puede dejar de aplicar sus leyes al pie de la letra.  Nunca he visto a nuestro gobierno protestar ni orquestar una campaña internacional tan agresiva como la hecha por los haitianos, cuando de todas partes del mundo deportan dominicanos, sobre todo de los Estados Unidos de América del Norte, que cada año nos envían un mínimo de 3,000 ciudadanos dominicanos.  Ojo al Cristo, como dicen los creyentes de la fe católica, que el asunto es delicado y va más allá de lo que muchos detractores de nuestras leyes están ponderando.

Considero que el honorable Tribunal Constitucional de la República Dominicana lo que ha hecho es poner los puntos sobre las íes, o como dice el pueblo llano: “ponerle el cascabel al gato”, y, con ello ha afectado intereses económicos de las élites de ambos lados de la frontera, que se han beneficiado por años de la migración irregular de los haitianos, migración irregular que nos viene de lejos, de por allá de 1916 cuando la isla completa fue invadida por los yanquis  y los ingenios azucareros de capital norteamericano necesitaban mano de obra para el corte de la caña de azúcar.  Revisemos historia legal y veremos que esta situación de ahora nos fue heredada por los mismos que hoy nos quieren enmendar la plana por aplicar nuestras leyes.  OJO AL CRISTO…

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Sobre el autor

Abogado de profesión graduado de la PUCMM, con posgrado en Derecho Procesal Civil y Diploma de Estudios Avanzados en Derechos Fundamentales de la Universidad Complutense de Madrid, catedrático de Derecho en la PUCMM, árbitro de las cámaras de Comercio de Santo Domingo y Santiago y un dominicano convencido del potencial de nuestro país.