Galletas y dialéctica

Un espacio para comentar sobre filosofía (política), derecho público comparado y algo más, pero sin excluir la insoportable banalidad del ser. Las ideas presentadas son de la entera responsabilidad del autor.

Obligaciones políticas: ¿por qué estamos obligados?

Tener una obligación política no es más que tener un deber de obedecer las normas de un Estado (Dagger & Lefkowitz). Para el Estado esto supone un ‘derecho’ a ser obedecido y a su vez una obligación dictar órdenes o mandatos. La obligación de obedecer resulta del impulso moral necesario para vincularnos a tales normas, sea porque crea una diferencia moral sustancial para ello, o bien nos sustituye en ciertos juicios morales a favor de la comunidad. Asimismo, el solo hecho de no asumir ninguna posición moral para asumir la obligación, en la práctica, es en sí asumir una posición moral.

Como sostiene Gilbert (2013, 23), el punto es que si se tiene una obligación de hacer algo, es porque se tienen suficientes razones para ello. Pero, ¿existe como tal esta obligación? ¿No será el producto de la reflexión moral de cada agente para obedecer?

Unos plantean que la gratitud, por el hecho de beneficiarnos de ciertas actividades u objetivos globales de la comunidad. No obstante, un primer problema de la gratitud es que por el solo hecho de beneficiarse perderías tu capacidad deliberativa-reflexiva propia de la autonomía del sujeto para formarte tu juicio moral de obedecer, porque debes agradecer los beneficios que recibes; un segundo problema nace del hecho de que no existe una distinción entre los voluntaria e involuntariamente que se benefician de un sistema social.

Se dice que el consentimiento es la fuente de las obligaciones políticas, pero hay tres problemas con ello, a pesar que es un poderoso argumento. Primero, no sabemos en qué momento lo otorgamos, como tampoco sabemos si es tácito al realizar ciertas actividades tales como votar. Pero tampoco explicaría la situación de personas no originarias de la comunidad pero que con sus actuaciones asumen la comunidad y sus obligaciones, aun cuando no están autorizadas a estar en ella. Esto prueba que el consentimiento, aun siendo útil, no resuelve la cuestión.

¿Será la pertenencia a una comunidad el origen de nuestra obligación de obedecer? La obligación tendría su origen en la mera pertenencia formal a la comunidad. Esta es una idea que no solo es atractiva para un buen grupo de teóricos o filósofos políticos, también para quienes profesan el romanticismo jacobino propio del patriotismo no-cívico. Pero, las objeciones son serias: 1) la identificación que el miembro puede sentir su la comunidad, aunque importante, no es suficiente para justificar la obligación política, sobre todo porque una persona puede sentirse obligada a obedecer sin sentirse identificada con la comunidad, al margen de que es valorativo concretar qué es “identificar”; 2) Al igual con la gratitud, no es posible sustentar la obligación política en la membresía porque supondría que se deba renunciar a la capacidad reflexiva-deliberativa del sujeto, al considerarse la obligación como incuestionable; 3) No justificaría por qué, ante Estados o gobiernos injustos, las normas de estos no causan diferencia alguna a la posición moral del agente; y 4) Puedo sustentar mi obligación política en el hecho de que los bienes primarios que satisface la comunidad son compatibles con mi idea moral de justicia, al margen del criterio de 'identidad' o 'pertenencia'.

Estas ideas son convincentes solo presentadas como híbridas, ya que ofrecen un argumento del por qué más bien existe una obligación específica de obedecer, pero no así una obligación de tipo general. Por ello, armar la idea de obligación política refiere a la cuestión de saber cuál es la obligación de que se trata, y a su vez analizar el asunto en relación a una comunidad particular y sus instituciones políticas.

Si no existe un cambio en la posición moral del agente o una diferencia moral por parte de las normas, entonces no tendría una motivación para obedecerlas (J. Raz). Existe una capacidad deliberativa del individuo que no se detiene, en el cual asumir una obligación política de obedecer tiene un efecto en su concepción moral, sea para sustituir su juicio por la norma o confirmarla, pero siempre decide si asume las consecuencias de la obligación política.

De modo que no existe una obligación general o abstracta de obedecer, ya que la obligación varía de sujeto a sujeto y de sus circunstancias (Raz, 1984). Sin embargo, esta variación no implica que no existan elementos comunes que haga que el obligación política se extienda a todos (Raz, 1984), sea porque damos preferencia al mandato por considerarlo un juicio superior; quizás porque es más confiable o prudente acogerse al mandato; quizás para velar por un determinado estado de cosas según nuestras convicciones; o bien no tener razones para hacerlo por ser injusto.

¿Es perpetua la obligación? Este es un elemento implícito en todas las teorías sobre la obligación política, porque aun cuando no deseamos vincularnos con el mandato, el mismo no dejará de producir sus efectos, salvo que la desvinculación se produzca a una determinada escala que haga inefectivo al aparato gubernamental. El punto es que no obstante las razones por las cuales nos inclinamos por satisfacer la obligación política, estas no son perpetuas y están sujetas a constantes cambios. Por ideas de justicia o algo más de carácter personal: si en un determinado contexto las razones por las cuales nos inclinamos a obedecer ya no son tan convincentes, sería inevitable que el sujeto tuviese nuevas razones para obedecer o no los mandatos.

A fin de cuentas, la obligación política, entendida como obediencia, no es algo indiscriminado. Es en sí un deber moral de obediencia que difiere de sujeto a sujeto, que depende de una comunidad política concreta y de las circunstancias.

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