Un inicio legal

Me propongo hablar sobre temas actuales, pero desde el punto de vista de nuestras leyes, con lo cual busco que el gran público tenga una noción de que todo lo que le sucede está regulado por la Constitución y las leyes adjetivas, reglamentos y ordenanzas municipales.

Resolución alternativa de conflictos

Hablar de solucionar un conflicto nos conduce irremisiblemente a plantearnos el axioma de que “para que haya una solución a un conflicto primero debe existir éste”, por lo que  no podemos buscar una salida concertada si no entendemos el origen del mismo.  Por tanto, debemos tener claro que “el conflicto es una situación en la que dos personas no están de acuerdo con la forma de actuar de una de ellas, o que una de ellas tome las decisiones”[1]

El psicólogo norteamericano Lewis Coser lo define como una lucha sobre valores y aspiraciones a gozar de una posición, poder y recursos, en la que los objetivos de los oponentes consisten en neutralizar, herir o eliminar a sus rivales[2].

Extrapolando estas definiciones al plano socio-cultural, nos damos cuenta de que desde el surgimiento de la vida en sociedad, el hombre, en su proceso de adaptación, ha venido buscando vías a través de las cuales solucionar sus diferencias y tratar de armonizar sus intereses, pues a partir del paleolítico, que tiene como eje de equilibrio al hechicero, quien según los historiadores, era un buen conocedor  del hombre, los animales y las artes plástica, se trata de buscar el equilibrio que armonice los intereses encontrados.

Con el devenir de los años y luego de agotado todo un  proceso de desarrollo social y cultural,  el hombre creó instituciones que regulan la vida en sociedad y le dio la facultad de dirimir sus diferencias.  Así nace el sistema de administración de justicia, que pasa por el proceso de dirección real, luego feudal, para finalmente ser encargado a un número determinado de jueces u hombres sabios que tienen la responsabilidad de impartir justicia.  Pero este sistema, con el paso del tiempo, se fue congestionando y haciéndose lento y costoso para los usuarios, con lo cual se hizo necesario buscar métodos alternativos para que las personas solucionaran sus controversias o diferencias, por lo que en la década de los años 1960 surge en los Estados Unidos de América del Norte la idea de buscar vías alternas para solucionar los problemas menores fuera de los tribunales y de esa forma agilizar la solución a conflictos que muchas veces con la rápida intervención de un tercero imparcial se les pone fin.

Esta idea se expandió rápidamente por todo el continente americano y desde Canadá hasta Argentina se fueron creando instituciones que la promovieron. En Centroamérica y el Caribe, la idea llega con los programas conjuntos desarrollados por la USAID y el Poder Judicial, así vemos como en El Salvador, luego de los conflictos  armados, se dicta en el 2002, una ley que impulsa la conciliación tanto a nivel  público y privado, abarcando materias como las de familia, civil, laboral y algunos aspectos penales.  En Guatemala se impulsó una legislación para dirimir los conflictos privados e institucionales, básicamente arbitraje y conciliación, y desde 1995 cuenta con ella.  Pero han ido más allá y han iniciado un proceso de educación a la población sobre el tema y se ha constituido en un modelo de acceso a la justicia[3]. Honduras cuenta con una ley de Resolución de Conflictos desde el 2000, que estimula la conciliación y arbitraje tanto a nivel público como privado.  En el caso de Costa Rica, la RAC fue impulsada desde el propio poder judicial y hasta la fecha lidera todos los esfuerzos que se hacen sobre este tema. Nicaragua es el único país centroamericano que no cuenta con una legislación sobre RAC, dada la complejidad de su estructura socio-política, pero su legislación nacional contempla para ciertos casos la conciliación, la mediación y el arbitraje.

En la República Dominicana no existe propiamente una ley sobre resolución de controversias, sino más bien, y al igual que en Nicaragua, las figuras están insertas dentro de diferentes legislaciones nacionales.  Así vemos, pues, que la primera institución que se crea para la solución de controversias, en materia de comercio, es el arbitraje comercial, el cual nace con la propia República en 1844, al continuarse aplicando los Códigos Napoleónicos, que fueron introducidos al país por los Haitianos durante los 22 años de ocupación, figura que veremos y detallaremos más adelante.

Así mismo, la negociación ha estado presente desde siempre, pues el propio código civil establece que los contratos son ley entre las partes y si surge un litigio y las partes se ponen de acuerdo para dirimir el mismo, al margen del sistema de justicia ordinario, el dicho acuerdo se le impone al Juez, siempre y cuando no afecte el orden público.

En ese orden de ideas, la negociación es la manera más expedita de solucionar un conflicto y sucede cuando las partes tratan de llegar a un acuerdo para conciliar sus diferencias, con lo cual se celebran contratos, se establecen obligaciones en un esfuerzo mancomunado para solucionar el conflicto que los separa.

Esta figura está presente en la cotidianidad del ciudadano, pues desde la compra de un simple artículo comestible hasta la contratación de servicios es objeto de negociación entre las partes.

Tradicionalmente se ve la negociación como una figura de ganar-perder, debido a que en ocasiones los negociadores exhiben posiciones difíciles de consensuar, pues tratan de obtener el mayor beneficio para sí.  Pero esta postura se ha ido suavizando con el Método Harvard de Negociaciones donde se da el enfoque de ganar-ganar, de forma que ambas partes se sientan satisfechas con los resultados de la negociación y lo que ambas lograron.

Este método tiene principios básicos como son: planteamiento del caso de forma ventajosa, conocer el alcance y la fuerza del poder del negociador, conocer a la contraparte, satisfacer las necesidades antes que los deseos, fijarse metas ambiciosas, pero realizables, gestionar información con habilidad y agilidad, y finalmente, hacer las concesiones conforme a los parámetros establecidos.

Las fases en las que se puede desarrollar el mismo las podemos resaltar como las de: a) Preparación, pues una buena preparación es el camino más seguro para llegar a una negociación satisfactoria.  Lo que se haga o deje de hacerse previo llegar la mesa de negociaciones se reflejará al momento de presentar nuestras pretensiones. Los más aconsejable en este paso es establecer los objetivos de la negociación, obtener toda la información posible, hacer un orden de concesiones posibles y establecer la estrategia, previo haber asignado las tarea a cada miembro del equipo negociador, según sea el caso; b) Discusión.  Cada una de las partes expondrá sus pretensiones o tratará de demostrar con un razonamiento lógico que su exposición esta arropada de la verdad, lo que llevará a la discusión de las posiciones, tratando cada parte de disuadirse mutuamente; c) Señales. Son matizaciones aplicadas a una declaración de posición; d) Propuestas.  Una propuesta es una oferta o una petición diferente a la posición inicial; e) Paquete.  Si se piensa de forma creativa en las variables, siempre se pueden replantear incluso los temas más simples. Así, a mayor cantidad de temas, mas libertad existe para el montaje del mismo; f) Intercambio. Se trata de obtener algo a cambio de renunciar a otra cosa; g) Cierre. La finalidad es llegar a un acuerdo; h) Acuerdo. La regla de oro debe ser resumir lo acordado y que las partes estén de acuerdo con el documento final.   

Una figura de la RAC muy importante y que conlleva también un proceso implícito de negociación, es la conciliación, la cual a partir de la promulgación del Código de Trabajo se hizo obligatoria en los tribunales laborales, ya que anterior a esta ley, el Ministerio de Trabajo era quien se encargaba de aplicarla en todo el ámbito laboral.  Pero la conciliación está presente en otras leyes como la 1306-bis sobre divorcio, que manda al Juez a ser un conciliador, previo a conocer del proceso que le someten las partes; en el Código de Niños, Niñas y Familia, esto así, puesto que el legislador quiere proteger la familia por sobre todas las cosas, y, como ingrediente nuevo tenemos que el Código Procesal Penal, manda que en los asuntos públicos a instancia privada se celebre un preliminar de conciliación.

La conciliación como tal es un medio alternativo mediante el cual las partes tratan de resolver sus diferencias con la intervención de un tercero, sea este un amigable componedor o un juez.  Como hemos planteado, la misma puede ser judicial, cuando el conflicto es resuelto por una mediación del juez, quien propone las bases del arreglo, homologa o convalida lo acordado entre las partes, según sea el caso, mediante una sentencia con autoridad de cosa juzgada, o, extrajudicial cuando las partes acuden a un tercero imparcial y el acuerdo a que llegan las partes se convierte en una transacción.  Esta forma es mucho más flexible, pues las reglas las acuerdan las partes y el tercero funge como árbitro.

En la obra conjunta Resolución Alternativa de Disputas, editada por la Escuela Nacional de la Judicatura se resalta que “la conciliación, contraria a otros métodos alternativos de resolución de conflictos, puede considerarse un acto trilateral, integrado por las dos partes y el conciliador; recordando siempre que éste no actúa como juez imponiendo su decisión, aunque sí debe proponer alternativas concretas y sugerir fórmulas específicas.

Por su parte, el catedrático peruano Dr. Iván Ormachea en su artículo Conciliación Extrajudicial: razones  para retornar al sistema facultativo establece: “la conciliación constituye un proceso consensual y confidencial de toma de decisiones en el cual una  o más personas imparciales –conciliador o conciliadores- asisten a personas, organizaciones y comunidades en conflicto a trabajar hacia el logro de una variedad de objetivos: una cultura de paz, y se realiza siguiendo los principios de equidad, veracidad, buena fe, confidencialidad, imparcialidad, neutralidad, legalidad, celeridad y economía”.

Como ya hemos expresado, en materia laboral, la figura de la conciliación obligatoria está consagrada en su Principio XIII cuando establece: “Se instituye como obligatorio el preliminar de la conciliación”. “Esta puede ser promovida por los jueces en todo estado de causa”. Dicho principio es reglamentado en los Artículos 516 al 524, en los cuales se trazan las pautas que debe seguir el juez para la audiencia de conciliación, como son: celebración de una audiencia, lectura de los escritos, participación de los vocales como conciliadores, intervención del juez en los casos que se haga una proposición que contravenga el orden público, levantamiento de acta de acuerdo o no acuerdo o como potestad se le da a juez la facultad de suspender la audiencia para que las partes puedan discutir y negociar mejor los términos de su acuerdo, si las partes llegan a acuerdo se levanta un acta que es, a los fines, una sentencia irrevocable.

Es tan exigente el Código de Trabajo con esta forma de RAC que en su Art. 487 establece: “Ninguna demanda relativa a conflictos de trabajo puede ser objeto de discusión y juicio sin previo intento de conciliación, salvo en materia de calificación de huelgas o paros y de ejecución de sentencias”.

Por el contrario, el arbitraje laboral, el cual explicaremos más adelante, y que sólo es utilizable en esta materia cuando hay conflictos o divergencias colectivas de intereses o de orden económico; la conciliación es obligatoria para conflictos colectivos e individuales, por mandato expreso de la ley.

Los tribunales laborales tienen una doble función, pues deben conciliar por un lado y aplicar todo el rigor de la ley por el otro, con lo cual el legislador procuró que en los conflictos de  trabajo pueda resolverse a la brevedad posible y sin que se vean afectados por el cúmulo de caso que reposan en dichos tribunales.

Por su parte, al dictar el Código Procesal Penal, el legislador, buscando descongestionar el sistema de administración de la justicia represiva,  creó la figura de la conciliación, con lo cual incluyó una figura novedosa para esa materia y proporcionó un mecanismo ágil para resolver los asuntos privados que afectan el orden público, sin subvertir éste.  Es así como las contravenciones, los delitos de acción privada, los delitos de acción pública a instancia privada y cuando proceda el perdón condicional de la pena, son sometidos a una fase de conciliación[4]. En el caso de la suspensión condicional de la pena, procede cuando la pena imponible sea igual o menor a cinco años y el imputado no haya sido condenado penalmente con anterioridad.

La conciliación, según lo establece el texto legal, procede en cualquier momento antes del auto de apertura a juicio. En los casos de delitos de acción pública, la existencia de motivos fundamentados para considerar que existe amenaza, no permite conciliar. Pero en los casos de delitos de acción privada, las partes del proceso pueden conciliar en cualquier fase.

Según lo establece el Art. 39 del mismo texto, el acta de conciliación tiene fuerza ejecutoria y extingue la acción penal cuando se cumple lo pactado. Sin embargo, el incumplimiento de lo estipulado en la conciliación por parte del imputado, genera que el procedimiento continúe como si no hubiera existido la conciliación.

En los casos de acción privada, siempre convocará el juez a una audiencia conciliatoria diez días, a lo más, en la que las partes designarán un amigable componedor. Si la conciliación no se produce, el proceso continuará conforme las reglas de derecho común. Si la víctima o su representante no acuden a la fase conciliatoria, se entenderá que la acusación fue abandonada.

Cabe señalar que otra novedad y quizás por primera vez se reconoce la importancia de promover la RAC en el ordenamiento  legal dominicano, es el hecho de que la Constitución de la República, promulgada el 26 de enero del año 2010, hace referencia expresa a la utilización de la RAC para la solución de controversias en el orden público al disponer en su Art. 169 Párrafo I, sobre las funciones del Ministerio Público: “En el ejercicio de sus funciones, el Ministerio Público (…) promoverá la resolución alternativa de disputas (…)”.

A partir de estas disposiciones, las contenidas en el orden civil, laboral y penal, podemos ver cómo ha progresado la Resolución Alternativa de Conflictos en el ordenamiento jurídico dominicano, como vía de acceso a la justicia en el ámbito privado, pero siempre contando con el soporte y la presencia de los órganos jurisdiccionales para su efectiva consecución.

Esto posiciona a los órganos jurisdiccionales dominicanos como entes mediadores entre las justicia y el pueblo, con lo cual, de una forma inadvertida se pone en funcionamiento otra de las figuras fundamentales de los Métodos Alternativos de Resolución de Conflicto (MARC), como es la mediación.

La mediación es el MARC por excelencia toda vez que el hombre lo ha utilizado desde tiempo inmemoriales, y en ella interviene un tercero imparcial, para ayudar a las partes a solucionar sus diferencias sin ser parte del proceso, pues más bien sugiere vías de soluciones, mas no toma parte en el mismo, pues “el mediador  no actúa como juez, no puede imponer decisión, es un conciliador y conductor del procedimiento que permite identificar los puntos de controversia, descubrir los intereses y explorar las posibles vías de soluciones y bases de un pacto[5]”.

Por lo anterior, podemos colegir que la mediación es a) un procedimiento no obligatorio controlado por las propias partes b) es confidencial y c) se basa en los intereses de los partes.

Por otro lado, aunque es un procedimiento de carácter voluntario, existen tres grandes corrientes que han establecido modelos para la mediación, entre los que se destaca: a) el Modelo Tradicional o de Harvard, según el cual las partes necesitan estar informadas de que las negociaciones envuelven compromisos y que ningún lado recibirá todo lo que quiera.  En una mediación típica, numerosas ofertas serán intercambiadas.  En el modelo de reuniones individuales, el mediador irá proponiendo las ofertas entre las partes de forma separada.  Durante este tiempo, el mediador hará un examen de la realidad de cada oferta y jugará al abogado del diablo; b) el Modelo Transformativo de Bush & Folger, con éste se pretende, además de llegar a un acuerdo, obtener el mejoramiento de situaciones de las partes  comparando con lo que era antes.  En el enfoque transformador, la mediación alcanza éxito cuando las partes cambian para mejorar, gracias a lo que ha ocurrido en el proceso. Es aprovechar la experiencia del conflicto para que se enriquezcan en lo personal; y, c) el Modelo Circular-Narrativo de Sara Cobb. En el cual la relación entre las partes es estudiada a partir del sistema que las contiene, y donde la conducta de una de las partes influye sobre la otra y viceversa. Se trata de un sistema humano que no responde a una causalidad lineal sino circular.  Es decir, la tendencia nuestra de buscar una sola causa del conflicto y una sola persona la tendríamos que dejar de lado (al igual que la idea víctima-victimario), para pasar a pensar y aumentar la mira de nuestra observación, teniendo en cuenta que la conducta (intencionada o no) de cada uno de los integrantes del sistema actúa como estímulo para el comportamiento del otro, y este último interactúa en calidad de estímulo para la de los demás, y podemos llegar a la conclusión de que no hay en las relaciones causas primeras y otras finales, sino causas inter-actuantes: es todo un movimiento[6].

La mediación ha sido usada en nuestro país sobre todo en el ámbito político.  Pero también se establece en el ámbito familiar y escolar, para solucionar los conflictos de estas índoles, por lo que vemos que la Ley General de Educación establece la mediación escolar y el Código de Niños y Familia, la familiar, los cuales por un asunto de espacio me veo limitado a tratar.

Como ya había mencionado, uno de los MARC más conocido es el arbitraje, sea éste comercial o laboral.

El arbitraje es un método de resolución alterna de conflictos de carácter privado que puede ser ad hoc o institucional, según la naturaleza del objeto del diferendo. Se caracteriza por buscar a una o varias tercera (s) persona (s) neutral (es), llamadas árbitros, quienes deben ser profesionales con vastos conocimientos en el área de que se trate y decidirán la cuestión; puede ser más de un árbitro a la vez, caso en que se llamaría “arbitraje colegiado”. El arbitraje puede ser privado o público, nacional o internacional, según los sujetos que participen.

La figura surge en Francia, en los albores de la Revolución Francesa, época de transformaciones y creación de importantes legislaciones, que posteriormente fueron importadas por otros ordenamientos jurídicos, tal como sucedió con el nuestro. Los franceses, en principio, admitieron el arbitraje obligatorio en materia civil pero, dada la parcialidad e inexperiencia de los árbitros, se vieron forzados a excluirlo de la legislación, incorporando el arbitraje voluntario, como señalamos anteriormente, en el Código de Procedimiento Civil. En materia comercial, sólo existía la cláusula compromisoria (la cláusula compromisoria es la estipulación a priori que acuerdan las partes, previo a la suscitación del diferendo, por la cual se comprometen a acudir a árbitros en caso de que ocurra alguna situación conflictiva.) en materia de seguro marítimo.

Al adoptar la legislación francesa, la República Dominicana acoge esta figura jurídica contenida en los Artículos del 1003 al 1028 del Código de Procedimiento Civil. En la  primera Ley de Organización judicial del país, que establece la obligatoriedad del arbitraje “en todas las materias que pudieran transigir”. Pero este arbitraje estaba precedido por una conciliación ante el Alcalde del lugar, de tal suerte que las personas que optaban por las vías jurisdiccionales debían agotar dos fases previas: la conciliación y el arbitraje.

Esta segunda fase estaba dirigida por dos árbitros que seleccionaban las partes, en su defecto, el mismo Alcalde los nombraba. También era necesaria la “homologación” de las decisiones de esos árbitros, cuyo exequátur era dado por el Alcalde o por el Juzgado de Primera Instancia, según el monto del objeto del litigio excediera o no los trescientos pesos, respectivamente. Al igual que en la actualidad, estos laudos eran recurribles ante la jurisdicción ordinaria.

Mucho más tarde, es promulgada la Ley 50-87 sobre Cámaras de Comercio y Producción, que establecía que éstas podían establecer Consejos de Conciliación y Arbitraje (CCA); servirían de árbitros ante los conflictos que pudieran suscitarse entre los miembros de la Cámara, o un miembro y otro que no lo fuera. Bajo esta legislación, no era necesario el exequátur de los tribunales[7]. Esta ley introduce importantes aportes, ya que estos CCA se convierten en foros de administración de solución de controversias. Para poder acudir a ellos es necesaria la cláusula compromisoria o un compromiso expreso de las partes. Éstos fungían como árbitros internacionales, cuando así lo determinaban las partes o como institución delegada de la República Dominicana. Cabe señalar que sus laudos tienen fuerza ejecutoria y no son susceptibles de recurso alguno, más que la acción principal en nulidad, cuando existe al menos una de las causales que establece la ley.

En la actualidad, con la promulgación de la Ley 489-08 sobre Arbitraje Comercial,  fueron derogados todos los artículos del Código de Procedimiento Civil referentes a esta parte, y sólo permanecen vigentes los Artículos 15, 16 y 17 de la Ley 50-87. También se mantienen en la legislación nacional los Artículos 332 y 631 del Código de Comercio.

Esta ley encuentra su justificación en la importancia económica que representa en estos tiempos el arbitraje, precisamente, en su calidad de método eficaz y expedito de resolución de conflictos.

Internacionalmente, se convirtió en una realidad constante la utilización del arbitraje para dirimir conflictos, principalmente en materia comercial; y la República Dominicana no podía verse apartada de esta situación, ante todo, por los beneficios que representa atraer la inversión extranjera, que no es posible si el país no se proyecta como un destino rentable y con medios que garanticen esas inversiones: el arbitraje comercial es uno de esos medios.

El tema del arbitraje comercial ha cobrado tal interés para el país que, incluso, se pueden apreciar diversos tratados internacionales que ha firmado y ratificado en ese tenor. Así está el Tratado de Libre Comercio, mejor conocido como DR-CAFTA por sus siglas en inglés, que contiene cláusulas de solución de controversias mediante el arbitraje por las razones siguientes: falta en el cumplimiento de una obligación del Tratado, violación a una autorización de inversión o violación a un acuerdo de inversión. También está la Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial Internacional (Convenio de Panamá); entre otros.

Ya hemos visto la trascendencia que tiene el arbitraje en materia comercial y cómo ha evolucionado en la legislación civil y comercial en la República Dominicana. Es preciso ahora puntualizar los aspectos relativos al arbitraje en materia laboral en la legislación nacional.

Desde finales de la década del 1980, el país sintió la presión internacional que lo empujaba a una transformación del orden laboral en busca de importantes reivindicaciones para los trabajadores nacionales. Esto condujo a la reforma del Código de Trabajo en 1992, a la cual hemos hecho referencia, que implicó una transformación radical en esta materia.

El aspecto más importante de este proceso de transformación legislativa para nuestro estudio se encuentra en la incorporación de la figura del arbitraje como medio de solución de conflictos.

A diferencia de las demás, en el ámbito laboral, el arbitraje tiene un carácter colectivo, toda vez que el Código establece en su Art. 397 lo siguiente: “Los conflictos económicos se resuelven por avenimiento directo, o bien por conciliación administrativa o el arbitraje, según los procedimientos prescritos en el Título X del Libro Séptimo de este Código”. Lo que quiere decir que el arbitraje es un mecanismo utilizable en los casos de conflictos económicos o de intereses, que en ningún caso son diferendos que se dan entre trabajadores individuales y empleadores, sino que estos conflictos son colectivos. De esta forma, la definición ofrecida por Manuel Alonso García puede considerarse más compatible con la materia laboral: “El arbitraje es la institución destinada a resolver un conflicto individual o colectivo planteados entre sujetos de una relación de derecho, y consistente en la designación de un tercero cuya decisión se impone en virtud del compromiso adquirido en tal sentido por las partes interesadas[8].

Esta definición la hemos tomado por considerarla más adaptable a la materia laboral por el carácter colectivo de los arbitrajes que se pueden realizar en su ámbito.

La obligatoriedad del arbitraje para la solución de conflictos laborales colectivos es muy determinada. Incluso, no podrá hacer el empleador paros injustificados, debiendo notificar al Departamento de Trabajo del Ministerio de Trabajo la inutilidad de los medios conciliatorios y arbitrales utilizados previamente para solucionar las situaciones conflictivas.

Luego, desde el Art. 680 hasta el Art. 700, el Código de Trabajo expresa todo lo relacionado con la selección de los árbitros, el proceso arbitral y el laudo obtenido.

Con respecto al arbitraje, hemos visto como desde sus inicios la República Dominicana ha previsto este MARC como una figura jurídica, y la manera en que ha ido evolucionando hasta la promulgación de la ley más reciente en el año 2008.

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[1]EDELMAN, Joel  y BETH CRAIN, Mary. ¿Qué es un conflicto? http://www.mentat.com.ar/conflicto.htm).

[2]COSER, Lewis. Las funciones del conflicto social.  Fondo de Cultura Económica.  Mexico. 1961)

[3] Acceso a la justicia y equidad. IIDH. 2000

[4] Art. 37 del Código Procesal Penal Dominicano.

[5]Resolución Alternativa de Disputa. Escuela Nacional de la Judicatura. 2001. Obra conjunta.

[6] Ibídem

[7] BERGÉS HIJO, Manuel. “El arbitraje en el negocio bancario”. Charla pronunciada en la Asociación de Bancos de la República Dominicana. 3 de septiembre de 2004.

[8] ALONSO GARCIA, Manuel. “La solución de los conflictos colectivos de trabajo”. Madrid. Instituto de Estudios Económicos. 1979. Pág. 50.).

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Sobre el autor

Abogado de profesión graduado de la PUCMM, con posgrado en Derecho Procesal Civil y Diploma de Estudios Avanzados en Derechos Fundamentales de la Universidad Complutense de Madrid, catedrático de Derecho en la PUCMM, árbitro de las cámaras de Comercio de Santo Domingo y Santiago y un dominicano convencido del potencial de nuestro país.