Perlas y margaritas

En este espacio comparto palabras relacionadas con temas que considero esenciales, de primera importancia para mí y la sociedad.

Loma Miranda y la sacra seguridad jurídica

En la República Dominicana, al igual que en otros países marginales de este “civilizado” hemisferio occidental, nos parecemos a la iglesia de la Edad Media por el alto sitial de sacralización que hemos asignado a algunos temas.

Entre esas realidades incuestionables, intocables y escritas sobre piedra está la famosa seguridad jurídica, siempre vinculada al más sublime de nuestros sacros valores: el derecho a la propiedad.

A juicio de la Asociación de Industrias de República Dominicana (AIRD), actualmente la seguridad jurídica se ve amenazada por el proyecto de ley que busca convertir a Loma Miranda en Parque Nacional.

Los grandes industriales consideran que el Congreso debe ser muy cuidadoso al discutir la pieza, y lo invitan a no tocar los intereses de la multinacional Falcondo sin antes contar con un estudio riguroso sobre el posible impacto ambiental y social de la acción minera en la zona.

El discurso de la AIRD en defensa de la seguridad jurídica y de la imagen que nuestro clima de inversión pueda proyectar en el escenario internacional aparece justo cuando la mayoría de los legisladores y decenas de organizaciones sociales, políticas y religiosas cierran filas en favor de la protección plena de Loma Miranda.

Con su llamado al comedimiento y a la espera de mejores estudios, los industriales además desconocen o menosprecian por completo la posición de la Academia de Ciencias, un organismo social cuya voz no se ha conformado con opiniones, sino con datos, actuales y contrastables.

Para la AIRD tampoco valen un pepino los levantamientos de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), ni el informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), cuyos técnicos se basaron en las normas nacionales e internacionales para explicar que “el proyecto de Loma Miranda no responde a las exigencias ambientales y sociales de desarrollo sostenible del país”.

Al gran empresariado industrial tampoco le convence el Tribunal Superior Administrativo, que prohíbe mediante sentencia la explotación de Miranda. No creen en las voces de juristas que explican que no haría falta indemnizar a gran escala a Falcondo porque, primero, la minera nunca ha tenido permiso de explotación, y, segundo,  toda la riqueza del subsuelo nacional es propiedad  del Estado, según se establece en la Carta Magna. 

Al parecer la AIRD, en nombre de la seguridad jurídica, quiere que esperemos un nuevo estudio de impacto ambiental caído del cielo o de una oficina de Canadá.

Esta actitud de la cúpula empresarial en defensa del clima de negocios y en contra la movilización social, la Academia de Ciencias, los organismos internacionales y la opinión pública no es nueva. Los vimos salir al ruedo en el 2013.

Cuando el presidente Danilo Medina calificó el contrato de la Barrick Gold de inaceptable, la AIRD dijo que el documento no era tan malo como se pintaba, aunque la minera iba a recibir el 97 % de las ganancias mientras nosotros nos íbamos a quedar con un ¿módico? 3 %.

Así las cosas, la defensa que los industriales hacen de la sacra seguridad jurídica y de la institucionalidad de la República en casos como Loma Miranda resulta poco convincente y muy sospechosa,  en especial cuando se sabe que entre los más poderosos miembros de la AIRD hay socios locales de las mineras, ilustres dominicanos que amasan montañas de billetes supliendo energía, insumos, servicios y plataformas logísticas y financieras a las multinacionales.

Además, se hace difícil creer en las buenas intenciones de una Asociación de Industrias que ve amenaza a la seguridad jurídica en un movimiento social y legislativo a favor de una loma llena de agua y biodiversidad,  pero no vio peligro para el clima de negocios en el intento de instalar de forma ilegal una cementera en Los Haitises; en la aprobación fraudulenta del contrato de la Barrick; o en la venta de tierras del Consejo Estatal del Azúcar a precios de vaca muerta a eminentes participantes del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP).

La AIRD debería ser más clara, oportuna y coherente en su defensa de la Patria y de la santísima seguridad jurídica nacional.  Algunos ciudadanos casi estamos comenzando a creer que, movido por una angurria insaciable, al gran empresariado dominicano no le importa otra cosa que la acumulación de riqueza, aunque se deprede la isla en el camino.

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