En alta voz

Un espacio para amplificar mi propio pensamiento y el de otros muchos que no pueden o no se atreven a levantar la voz. Compartir mi experiencia como ciudadano militante y mi visión sobre nuestra realidad cotidiana, contrarrestando en la medida de lo posible . la tendencia a callar por temor o a decir solo las "verdades convenientes". Y de vez en cuando poner el dedo sobre la llaga... a ver que sale.

El costo de una decisión equivocada

“Personalmente intuyo que el gobierno del presidente Medina,  no se animará a ejecutar una política que convertiría  en apátridas y en muertos civiles a  miles de dominicanos de origen haitiano, a los que ni siquiera podría deportar sin el consentimiento de Haití o de otros países, generando un drama  desde el punto de vista de los derechos humanos que desataría una lógica reacción de resistencia en el plano  interno, y una inevitable  campaña de denuncia en la comunidad internacional contra del Estado Dominicano  por prácticas de neo racismo y apartheid”.

Este párrafo corresponde a mi artículo del 13 de octubre del 2013, titulado “Los riesgos predecibles de la sentencia del Tribunal Constitucional”,    en el que intentaba llamar la atención sobre las  consecuencias negativas  que podrían derivarse de la sentencia 168-13  del Tribunal Constitucional que despojaba de la nacionalidad  a ciudadanos dominicanos  de origen haitiano por supuestas faltas atribuidas a sus padres y abuelos al establecerse en el país.

Como resulta fácilmente constatable, la decisión del Tribunal Constitucional no significó ningún aporte tangible a los propios fines de la sentencia.

Entendía en ese momento que el presidente Medina estaba obligado a reaccionar de manera inteligente  para buscar un bajadero a una decisión  equivocada que no solo creaba un guetto social inadmisible en una sociedad democrática en pleno siglo XXI, sino que también habría desatar  una extensa ola  de repudio de gobiernos, organizaciones y personalidades en todo el mundo, debilitando seriamente los avances del país en materia de relaciones internacionales y la propia imagen de la industria turística dominicana, definida como eje transversal  de la actual estrategia nacional de desarrollo.

Como resulta fácilmente constatable, la decisión del Tribunal Constitucional no significó ningún aporte tangible a los propios fines de la sentencia, ni desde el punto de vista de la afirmación de la nacionalidad dominicana, ni desde el impostergable propósito  de resolver el creciente desorden migratorio, causa primaria del actual conflicto.

No se conoce ningún experticio sobre el impacto real de la sentencia en aspectos relevantes de la vida nacional, pero un simple ejercicio de observación permite reconocer que el tema  tuvo el efecto  de dividir frontalmente la sociedad dominicana, distrajo un tiempo y una energía irrecuperables en la agenda del Gobierno, revirtió los esfuerzos iniciados por el presidente Medina  para insertar al país en los esquemas de integración del Caribe, provocó la peor crisis en toda la historia dominicana en materia de sus relaciones internacionales, impactó negativamente nuestra imagen como destino turístico, y quizás lo peor de todo, paralizó prácticamente todas las acciones de las autoridades para hacer cumplir efectivamente las normas migratorias, al extremo de que en  algún momento el Gobierno se sintió obligado a  declarar la insólita decisión de suspender las deportaciones de ilegales.

Afortunadamente el Gobierno del presidente Medina demostró la suficiente sensibilidad para entender la gravedad de los hechos reales y el coraje suficiente para desafiar el avasallante cerco de opinión articulado por los promotores y defensores la sentencia. (21 de mayo 2014).

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