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Lecciones de una sentencia

La sentencia del Tribunal Constitucional (TC) podría llevarnos a una crisis institucional y generar inestabilidad política. El fallo que desnacionaliza a miles de dominicanos de ascendencia haitiana es tema que gravita sobre toda la sociedad. Los fundamentos del fallo son cuestionados en su legitimidad jurídica.

Desde el punto de vista de la justicia, la sentencia ha sido considerada inoportuna y aberrante. Ha enviado también una señal de alerta sobre lo que somos hoy como nación y, además, ubica las  amenazas que se ciernen sobre el país.  Evidencia cuán vulnerable es el Estado frente a administraciones irresponsables, que nos han ido convirtiendo en un país en ascuas producto de dictámenes como este.

El pueblo dominicano ha dado muestra de sensibilidad humana frente al conflicto. Son minoritarios los sectores adversos a la convivencia insular solidaria y al reconocimiento de los aportes que cada uno de nosotros ha hecho al otro.

Por eso la actual discusión no se agota en sí misma, quedarán siempre argumentos y nuevos aportes para resolver las ecuaciones políticas y jurídicas que provocaron la sentencia. Hay que despejar el panorama viciado y nublado de racismo y antihaitianismo. Hay que buscar luces y soluciones apegadas a la justicia social y la legalidad institucional sobre temas neurálgicos pendientes y que no pueden solucionarse arbitrariamente, como es el caso.

Sin embargo,  la irracional sentencia irracional del TC ha cohesionado en cierta medida a la nación en lugar de dividirla, como podía esperarse antes. Evidencia la necesidad de un sistema real de justicia  distinto al actual, vinculado palmariamente a los interés políticos e ideológicos de los sectores de poder tradicional de vocación trujillista, únicos beneficiados, responsables y promotores del desorden migratorio que ha prevalecido en el país y que hoy quieren reivindicarse produciendo un genocidio civil.

Por más nefasta que sea la sentencia del Tribunal Constitucional, ha permitido cuestionar la esencia de la legalidad constitucional. Esto quiere decir que estamos despertando frente a proyectos antinacionales cuajados por sectores oficiales. Eso tiene de positivo el fallo del TC. Deja lecciones para aprender y aprehender sobre los cambios que requiere el ordenamiento constitucional dominicano.

El pueblo dominicano ha dado muestra de sensibilidad humana frente al conflicto. Son minoritarios los sectores adversos a la convivencia insular solidaria y al reconocimiento de los aportes que cada uno de nosotros ha hecho al otro.

Por más indiferentes que seamos, la decisión del TC, con su carga discriminatoria y racista, ha forjado una corriente de opinión y adhesión a la causa de los inmigrantes haitianos y sus descendientes, hasta el extremo de encontrar receptividad en el presidente Danilo Medina. Aunque sean verbalmente, Medina ha expresado su comprensión con el drama humano que la sentencia genera.

Nunca antes un tema relacionado con los migrantes haitianos y sus descendientes había impactado de tal magnitud en la sociedad dominicana ni provocado la reacción y atención de una parte tan significativa de la población.

Hemos avanzado, aunque todavía no en la medida que quisiéramos. Está consciente de dar otro enfoque al problema migratorio que salve de la condición de apátridas a decenas de miles de dominicanos y de la necesidad de articular una agenda global de las relaciones binacionales, acorde a políticas migratorias soberanas, pero ajustadas a las normas internacionales de convivencia humana.

Una sentencia o ley no puede generar tantas interpretaciones y cuestionamientos. El Tribunal Constitucional debe dejar sin efecto el fallo emitido, por carecer de lógica y sustentabilidad legal en su aplicación.

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