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Política de Estado inconstitucional

Los partidos opositores se han mantenido en silencio, mientras el Partido de la Liberación Dominicana y sus aliados políticos y empresariales regalan parte de nuestras riquezas a “inversionistas” extranjeros. La mudez no solo es significante de indiferencia, es también permisión o tal vez un acuerdo común no transparentado para que desde el oficialismo se apliquen políticas de Estado que afectan negativamente el presente y el futuro de la nación.

Los partidos opositores no asumieron la responsabilidad política de fijar una posición respecto a los casos de Antena Latina y la Barrick Gold: no alertaron a la población sobre la venta dolosa de los medios y nada dijeron sobre el “capa perro” con el oro de Pueblo Viejo.

Los que han dirigido el destino del país han cometido dolo contra la nación por omisión o comisión. Resulta sospecho que en temas de corrupción y en los mencionados casos de delito flagrante, la oposición haya hecho mutis. Este es un comportamiento que debe llamarnos a la reflexión.

Los amarres políticos son prácticas acostumbradas de los partidos del sistema.De manera que la inacción opositora ante hechos dolosos de las gestiones del PLD, hace pensar en connivencias.

Es de suponer que los  partidos con posibilidades de ganar tajadas de poder gubernamental se interesen y preocupen ante intentos como estos y los cambios en los procedimientos de administración de nuestras riquezas. En otras coyunturas --para negociar posiciones o diluir algún impase político partidario— los pactos y acuerdos se han oficializado.

Los amarres políticos son prácticas acostumbradas de los partidos del sistema.De manera que la inacción opositora ante hechos dolosos de las gestiones del PLD, hace pensar en connivencias.

Otro tema es la sentencia del Tribunal Constitucional. Aparentemente, la decisión corresponde a los magistrados; en los hechos, emana  de las fuerzas políticas que nos han gobernado y nos gobiernan.  Visibles o no, son las mismas fuerzas políticas que ayer regalaban Antena Latina y nuestro oro sin castigar a los culpables, y de ellas la oposición forma parte en calidad de coprotagonista.  

Resulta paradójico, irónico y burlesco que ahora esos mismos funcionarios quieran aparentar los “sayayines” defensores de nuestra dominicanidad.

Los políticos blancos, morados y colorados están  sometiendo a la democracia a su mayor degradación. Han causado graves daños al país por  no hacer lo que la ley manda, o han sido protagonistas directos o indirectos de daños, por hacer lo que la ley prohíbe.

Sea por omisión o por comisión, las direcciones de los principales partidos políticos y los aliados han sido ideólogos y actores de hechos que lesionan nuestra débil democracia y nuestra soberanía. Ahora quieren desechar  una parte de nuestra población, asumiendo una política de Estado de despojo ciudadano, racista y  antihaitiana. Será que olvidan que aquí existe todavía una ciudadanía que no se deja embaucar ni cegar.

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