Punto de Fuga

Con esta columna se persigue aportar al fortalecimiento de la opinión pública dominicana, proponiendo un análisis heterodoxo de temas políticos y sociales.

La democracia que no tenemos

La sentencia TC/0168/13 del Tribunal Constitucional ha desatado un debate feroz sobre importantes aspectos jurídicos y culturales de nuestro país. El racismo, el antihaitianismo, la violación de los derechos a la igualdad y a la nacionalidad, entre otros. Ahora bien, poco se ha dicho sobre los aspectos políticos que dicha sentencia revela.

Al respecto, resulta irónico que un tribunal creado, entre otras cosas, para proteger las garantías constitucionales dicte una sentencia que busca refrendar una política racista y excluyente que se ha gestado desde la Junta Central Electoral. Mediante esta sentencia el Tribunal Constitucional desconoce el propio bloque de constitucionalidad que esta obligado a proteger. Resultan sumamente iluminadores los votos disidentes de las juezas Isabel Bonilla Hernández y Katia Miguelina Jiménez Martínez, los cuales desmontan argumento por argumento la sentencia dada por la mayoría de los jueces del tribunal. Esta negación de su función, por parte de la mayoría de los jueces del referido tribunal, nos obliga a pensar qué tipo de sistema político es el que tenemos que permite este tipo de agravios.

Un amplio sector de los que hacen opinión pública en nuestro país está convencido de que si bien nuestro sistema político es deficiente, vivimos en democracia. Esta democracia es muchas veces caracterizada como débil, naciente, o cualquier otro calificativo que demuestre lo mucho que falta por construir. Esta afirmación proviene a partir del razonamiento de que si no vivimos en una dictadura, debemos vivir en una democracia, aunque sea defectuosa.

Al respecto, resulta irónico que un tribunal creado, entre otras cosas, para proteger las garantías constitucionales dicte una sentencia que busca refrendar una política racista y excluyente que se ha gestado desde la Junta Central Electoral.

Para sustentar esta dualidad generalmente se recurre a suponer arquetipos de lo que constituye una dictadura (gobierno formado  por un pequeño grupo de asesinos para quienes la Constitución es un pedazo de papel) y lo que constituye una democracia (gobierno formado como resultado de elecciones y que está limitado por una clara división de los “poderes” y un sistema de contrapesos). Esta caricatura, made in USA, parece ser el marco de análisis de muchos de los principales opinadores dominicanos y contribuye sobremanera a la pobre crítica de nuestra opinión pública.

El fetichismo legalista por los contrapesos siguiendo el modelo liberal oscurece toda referencia a la dimensión estructural del ejercicio del poder, en particular, invisibiliza cómo las relaciones sociales se basan en un sistema de dominación que luego reproducen. Este sistema establece un reducido grupo de de personas que controla en mayor o menor medida el acceso a los recursos materiales e inmateriales necesarios para producir y reproducir la vida humana (la tierra y demás recursos naturales, el conocimiento, las herramientas de trabajo, los medios de producción, el arte y la cultura, etc.).

En el mismo modo, existen criterios de selección para pertenecer a ese exclusivo grupo dominante: raciales, de genero/sexo, de edad, de clase, étnicos, religiosos, culturales, estéticos, partidarios, ideológicos, etc. Estos criterios, al igual que las personas que en un momento dado pertenecen a ese exclusivo grupo pueden variar, pero no desaparecen por ello. En un momento dado, se pueden flexibilizar los criterios raciales o de género, pero al mismo tiempo pueden endurecerse los criterios de clase, partidistas o cualquier otro. Al fin, la estructura permanece.

En nuestro país, el grupo hegemónico está compuesto, principalmente por aquellas personas pertenecientes a la élite económica, la dirigencia de los principales partidos políticos y el clero de la Iglesia Católica. En especial, resalta la dirigencia del actual partido de gobierno, quienes concentran grandes riquezas económicas con una fuerte cuota de influencia política. Aunque ciertamente, no se puede afirmar que ese grupúsculo gobierna solo (nadie ejerce tanto poder). Es quizás el rápido y espectacular acenso de varios de sus miembros, así como la despampanante forma como hacen gala de su nueva posición social, lo que llama tanto la atención.

En nuestro país, el grupo hegemónico está compuesto, principalmente por aquellas personas pertenecientes a la élite económica, la dirigencia de los principales partidos políticos y el clero de la Iglesia Católica.

Ahora bien, ni siquiera la clase hegemónica en su conjunto ejerce todo el poder. La hegemonía requiere que se mantenga un delicado balance con las clases subalternas, estableciendo grupos privilegiados, permitiendo una cierta movilidad social, etc. De lo contrario, el país estaría en un estado constante de ingobernabilidad.

Es por esto que la clase hegemónica es la más interesada en establecer claras reglas del juego político, y un sistema “institucional” que mantenga el orden, castigue a los “desadaptados” y legitime el estado de cosas. Sobre todo, porque sus integrantes saben que “el que hizo la ley, hizo la trampa”.

En este sentido, debemos interrogarnos sobre el origen de la institucionalidad cuya integridad reclamamos. ¿Quienes dispusieron la aprobación de la actual Constitución política dominicana? ¿Quienes designaron a los jueces de las llamadas Altas Cortes? ¿Quienes controlan el Congreso Nacional, el Ejecutivo, la Junta Central Electoral, la Procuraduría General de la República, la Cámara de Cuentas, las alcaldías de los principales municipios? ¿A qué intereses responden esas instituciones?

En todos los casos, las respuestas son plurales e incluyen diversos grupos económicos, políticos y sociales. Pero dicha pluralidad es excluyente de la inmensa mayoría de personas que habitan este país. Esto nos lleva a concluir que las estructuras de poder no son independientes de los individuos que las componen. El joven Marx, usualmente se refería a los humanos como seres genéricos, en referencia a que la generalidad no existe en sí misma, sino que se presenta únicamente como una particularidad. En otras palabras las estructuras se revelan únicamente a través de sus componentes. La dictadura, por ejemplo, no se presenta nunca en la forma abstracta que la concebimos, sino que siempre se presenta como un caso especial de esa forma general, la forma particular de tal o cual dictadura concreta.

Así, el racismo, la arbitrariedad, el antihaitianismo y el autoritarismo (todas características históricas de nuestro sistema político) hoy en día se presentan como el racismo, la arbitrariedad, el antihaitianismo y el autoritarismo del gobierno peledeísta y de sus aliados que son quienes han iniciado la política de desnacionalización de miles de dominicanas y dominicanos de ascendencia haitiana. Asimismo, es ese mismo grupo (de grupos si se quiere) el que ha designado a los jueces del Tribunal Constitucional que ha evacuado la azarosa sentencia TC/0168/13. En este sentido, es imposible desvincular dicha sentencia de los jueces específicos que la dictaron puesto que ello contribuiría a borrar la cuota de responsabilidad política que cada uno de ellos tiene en tal decisión. Al mismo tiempo, se correría el riesgo de embarrar injustamente a las juezas Isabel Bonilla Hernández y Katia Miguelina Jiménez Martínez quienes, muy decorosamente, emitieron votos disidentes.

Una oposición democrática, pues, no solo debe oponerse a la sentencia del Tribunal Constitucional, sino a las personas y las estructuras que le dieron origen.

El análisis de las estructuras, que necesariamente procede abstrayendo, es necesario y útil, pero debe ser acompañado con el micro análisis de la conducta de quienes constituyen esas estructuras, ya que la única forma de cambiar las estructuras, es cambiar a quienes la componen (o al menos obligarlos a actuar en otra manera).

Por otro lado, retomando el tema de la dictadura y la democracia, hay quienes hacen referencia al pacto de las corbatas azules, origen político de la institucionalidad dominicana actual, como una muestra de que el gobierno peledeísta de Leonel Fernández se vio forzado a negociar con otro grupo para lograr su cometido, y esto lo convierten en prueba de que no vivimos en dictadura. Al margen de las observaciones que señalan al grupo de Miguel Vargas como la quinta columna del leonelismo dentro del PRD, resulta claro, a partir del análisis antes expuesto, que las negociaciones dentro de la clase hegemónica no constituyen un ejemplo de democracia, ni una prueba de que no se vive en dictadura. Esas negociaciones, contribuyen a legitimar un sistema que excluye a la mayoría. Por lo tanto, son parte integral del sistema de hegemonía.

De igual forma, las divisiones internas que pueda haber en el PLD, si bien pueden ser elementos a explotar por una oposición hábil, tampoco son muestras de una voluntad democrática, sino del dinamismo propio del ejercicio del poder y de la competencia eterna a la que el capitalismo somete todos los ámbitos de nuestras vidas. La tarea de una oposición democrática, es no dejarse ilusionar por el fetichismo legalista, y enfrentar el problema del estancamiento del proceso democratizador en nuestro país. En este sentido, una oposición democrática debe entender que la democratización es una lucha constante por transformar las relaciones sociales (por lo tanto, todos los aspectos de la vida social) haciéndolas más justas, construyendo identidades colectivas cada vez más incluyentes. Una oposición democrática, pues, no solo debe oponerse a la sentencia del Tribunal Constitucional, sino a las personas y las estructuras que le dieron origen.

Comentarios

Comentarios vía Facebook

Los comentarios en 7dias.com.do están sujetos a moderación. No se aceptan los comentarios que:

  • Contengan afirmaciones, enlaces, nombres o sobrenombres insultantes o contrarios a las leyes dominicanas que penalizan la difamación y la injuria.
  • Hagan acusaciones y no aporten datos comprobables.
  • Exalten la violencia o apoyen o insten a la violación de los derechos humanos.
  • Contengan alusiones discriminatorias por razón de la nacionalidad, sexo, edad, religión, opción sexual, militancia política o discapacidad.
  • Ataquen de manera denigrante a otros comentaristas de la misma información.
  • Contengan vulgaridades.
  • Contengan enlaces a espacios publicitarios, pornográficos o spam.
  • Insulten a nuestros periodistas, articulistas y blogueros.
  • Estén escritos con una ortografía que haga presumir que las faltas fueron cometidas de manera intencional.
  • 7dias.com.do se reserva el derecho de no publicar los comentarios que irrespeten estas normas, que son indicativas pero no limitativas. Nuestro deseo es propiciar el intercambio democrático de ideas en un marco de respeto. Las opiniones vertidas en los comentarios no expresan las del periódico.