Margarita Cordero


Agarrar el rábano por las hojas

Que por las venas de las autoridades dominicanas corre la sangre del  “pantalleo” acaban de demostrarlo, ¡y con creces!,  los jefes de la Policía y de la Autoridad Metropolitana del Transporte cuando, “en cumplimiento de la ley”, han decidido expulsar de algunas esquinas de la capital, que no de todas, desde luego, a limpiavidrios y venduteros.

Los generales Manuel Castro Castillo y Juan Gerónimo Brown Pérez la han botado por los 411 de la ignorancia social, por decir lo menos. Por más vueltas que se dé a la decisión, buscándole el lado serio, resulta imposible no verla como un acto añadido a la hilarante e interminable comedia dominicana.

Creemos que con ocultar la basura de la iniquidad social debajo de la alfombra de cualquier cosa, incluido el artículo 103 de la Ley de Tránsito, estamos resolviendo problemas.

¿Qué buscan con esa medida? Una hipótesis entre muchas posibles: puede que estén tratando de evitar que “limpiavidrios”, como el desdichado Miguel Méndez, encrespen las olas de la ira (¿justificada?) de gente como el previsiblemente prófugo Jhonnatan Onel Báez Guzmán. Muerto el perro, se acabó la rabia. Una efectiva contribución a la ¿política? de “seguridad ciudadana”.

Prueba al canto: las esquinas libre de “molestosos” son las de la 27 de Febrero con Winston Churchill, 27 de Febrero con Abraham Lincoln, Sarasota esquina Enrique Jiménez Moya y 27 de Febrero con José Núñez Cáceres, por donde suele transitar la hipersensible y armada clase media, “jarta” de que le tiren una esponja en el cristal delantero de su vehículo, pero algodonosamente indiferente frente a la impunidad de la corrupción, a que le sigan sacando de los bolsillos, con los hábiles dedos de la reforma fiscal y la “austeridad”,  los 200,000 millones de pesos que se gastó la megalomanía de Leonel Fernández, y a que todos los días los servicios públicos sean peores y más escasos.

Cuando se construyó el Faro a Colón y el país se preparó para recibir la tercera visita del papa Juan Pablo II en octubre de 1992, el gobierno de Joaquín Balaguer levantó alrededor de la obra –que recibiría al Pontífice— una alta verja perimetral que el pueblo bautizó con el nombre, descriptivo, de “muro de la vergüenza”. Quería ocultar a los ojos papales la chocante miseria de los barrios alrededor del Faro.

Veintiún años después, seguimos en las mismas. Creemos que con ocultar la basura de la iniquidad social debajo de la alfombra de cualquier cosa, incluido el artículo 103 de la Ley de Tránsito, estamos resolviendo problemas. Hay que ser miope –por decir algo no ofensivo— para creer que se hace algo valedero. No, no es así. Si alguna cosa logran funcionarios provistos con la poca imaginación sociológica que Castro Castillo y Brown Pérez han demostrado en este caso, es acumular razones de descontento, y este sí que incontrovertiblemente justificado, en los que todos días padecen las consecuencias de la exclusión y la marginación. Y ellos son los más.

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