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Antena Latina, Barrick y el paraíso oficial

La administración del Estado y las riquezas nacionales han estado  bajo el amparo y responsabilidad exclusiva del PLD en estos  últimos años, representado hoy por el presidente Danilo Medina y ayer por Leonel Fernández y sus aliados del llamado Bloque Progresista.

El gobierno de Medina una vez más hace prevalecer el interés partidario cuando pasa por alto impunemente la inconducta de funcionarios que intentaron regalar nuestro oro y otros recursos mineros, y dos plantas televisoras a empresarios foráneos, con escasos beneficios para el erario. Han sido negociaciones espurias y se rumorea que estuvieron acompañadas de comisiones cuantiosas.                                                                               

La institucionalidad sigue siendo débil y vulnerable. El tratamiento dado por el gobierno a la venta de Antena Latina y al contrato con la Barrick Gold  Pueblo Viejo, evidencia el interés en que el PLD salga airoso de esta delicada situación. Cuando de intereses económicos se trata, la sola buena intención no es suficiente. Cuando se cuenta con el poder, los recursos,  la fuerza y el apoyo del pueblo  y no se hace lo debido, el esfuerzo pierde validez.

Los responsables de la  negociación dolosa deben ser sometidos a la justicia y  escarmentados con la sanción que el hecho amerita. No podemos darnos el lujo de socavar aún más la institucionalidad y la justicia.

El gobierno de Medina una vez más hace prevalecer el interés partidario cuando pasa por alto impunemente la inconducta de funcionarios que intentaron regalar nuestro oro y otros recursos mineros, y dos plantas televisoras a empresarios foráneos, con escasos beneficios para el erario.

En el caso de Antena Latina la decisión ha sido  acertada porque salvaguarda el interés público. Indotel se puso a la altura al no ceder a las presiones de sectores oficiales y asumir la defensa de un bien del Estado. 

Esta rectificación favorece la imagen del PLD como fuerza política progresista. Pero no nos engañemos con ello, porque esta medida puede que sea solo un premio de consolación para la población que ve sorprendida cómo regalan nuestro oro sin que se aplique castigo a los responsables.

Lo inaudito es que ese mismo Partido de la Liberación Dominicana abriera anteriormente una negociación con la Barrick Gold sin tomar en cuenta esos mismos criterios. Más aún lo es que el  presidente Medina, pese a expresar el mismo sentir que el pueblo dominicano, no haya esgrimido esos mismos criterios –no obstante saberse apoyado por la mayoría de la población— y puesto  en  marcha los mecanismos institucionales para castigar a quienes infringen la ética y roban al país.

Cierto es que el nuevo acuerdo constituye una mejora  del Contrato Especial de Arrendamiento de Derechos Mineros suscrito entre la filial de la Barrick en Pueblo Viejo y el Estado, pero hasta el momento no se ha hecho esfuerzo alguno para castigar a los responsables de haber introducido modificaciones al contrato original lesivas para el interés del país. Además, el convenio se ha limitado a los aspectos fiscales en detrimento de lo ambiental.

Pero en perspectiva, la renegociación es una  continuidad del contrato anterior. No nos engañemos. Se puede presumir que de la modificación del contrato por el gobierno de Leonel Fernández alguien obtuvo beneficios de lo dejado de percibir por el Estado. No solo es necesario aparentar querer hacer, es hacer “lo que nunca se ha hecho”: someter a los culpables.

De poco vale ser recordado como presidente entrampado en  las ansias de poder, como una mancha borrosa en la historia de la nación por ser “más de lo mismo”. Actúe con la justicia o la condena moral, presidente Medina.

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