Punto de Fuga

Con esta columna se persigue aportar al fortalecimiento de la opinión pública dominicana, proponiendo un análisis heterodoxo de temas políticos y sociales.

La crisis de la justicia y poder reticular del PLD

En las últimas semanas se ha incrementado el número de jueces y fiscales que han renunciado a sus funciones en el sistema judicial para dedicarse al ejercicio privado. Algunos de los nombres de esta lista tratan de jueces de una larga y reconocida trayectoria en el Poder Judicial; fuertes contendientes a ocupar puestos en los tribunales más altos del país.

La salida de jueces de esta calidad es realmente preocupante, puesto que debilita la capacidad institucional del sistema judicial para resistir el intervencionismo desde sectores poderosos. En algunos casos se trata de jueces cuyo prestigio profesional les acredita como jueces independientes y con criterio propio, cuya presencia en los tribunales era una garantía de imparcialidad.

¿Qué lectura se le puede dar a esto? Ciertamente, el sistema judicial dominicano se encuentra insuficientemente financiado y los salarios de los jueces podrían ser mejores. Sin embargo, los salarios de los jueces son ahora un poco mejor que lo que eran hace diez o quince años y definitivamente son más altos que los de la mayoría de los empleados, estatales o privados. De igual forma, no creo que nadie que haya entrado al servicio judicial lo haya hecho esperando hacerse rico. Entonces, ¿qué ha cambiado?

Esta capacidad de decisión sobre la movilidad profesional de los jueces le permite a la citada Corporación convertir el sistema judicial en una gran oportunidad de negocios para ellos.

Al respecto, cabe resaltar que en los últimos años, pero especialmente a partir de la conformación de las "altas Cortes", el PLD y el grupo del expresidente Fernández han ido colocando en puestos claves a cuadros y aliados suyos. El caso paradigmático es el del presidente de la Suprema Corte de Justicia, quien fuera abogado de Fernández. Esto, sumado al control que tiene dicho partido del Consejo Nacional de la Magistratura, le permite a la Corporación PLD controlar el ascenso de los jueces. Así, aquellos jueces que no son parte del "grupo" y que son vistos como independientes, pueden ver truncada su carrera.

Esta capacidad de decisión sobre la movilidad profesional de los jueces le permite a la citada Corporación convertir el sistema judicial en una gran oportunidad de negocios para ellos. Así, al colocar jueces subordinados a sus pretensiones, el partido de gobierno, puede asegurar el contenido de las sentencias. No solo para los casos políticos (que siempre ha sido así), sino para los casos ordinarios en los que la Corporación PLD y sus allegados, puedan tener intereses. Más aún, si el sistema judicial funciona como un mercado en el que diversos actores intercambian sus servicios, aquel actor que pueda asegurar el fallo en un litigio, tiene una ventaja competitiva insuperable. Así, ese actor se convierte en un ente monopólico, capaz de ofrecer un servicio que nadie más tiene.

El resultado es el nacimiento de un poder reticular, es decir un poder ejercido en el plano microscópico, a través de una red de contactos, relaciones de subordinación, favores y sobornos. Este micro poder atraviesa los aspectos de la vida privada de las personas. Los litigios particulares entre dos actores privados, pueden verse alterados sensiblemente por la capacidad de esos actores de contratar "los servicios" de ese poder reticular (la Corporación) para utilizar su influencia en el sistema judicial.

Lo peor es que ese poder se replica, no solo en términos del crecimiento de la red de contactos, sino que otras estructuras de poder, para poder competir, lo toman como ejemplo y pretenden crear sus propias redes de contactos en el sistema judicial. El resultado es una injerencia rampante en la independencia de dicho órgano, el establecimiento de un verdadero mercado judicial en el cual reina imponente la gran Corporación PLD.

Todo lo anterior afecta severamente la seguridad jurídica, y con ello limita el desenvolvimiento de la economía y entorpece la democratización. El sistema judicial es un órgano fundamental en el funcionamiento de un Estado liberal. Si se encuentra atrofiado, por el control de un grupo mafioso como lo es el partido de gobierno, no solo se garantiza la impunidad de los miembros de dicho grupo, sino que el resto de la población está a merced de estos en muchos aspectos de su vida diaria. El sistema judicial tiene un impacto poderoso en el comercio, la producción, la vida familiar, la comunicación pública, la solución de conflictos sociales, incluso la libertad de las personas.

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