Punto de Fuga

Con esta columna se persigue aportar al fortalecimiento de la opinión pública dominicana, proponiendo un análisis heterodoxo de temas políticos y sociales.

Chovinismo de oportunidad

Los encargados de la política exterior del gobierno de Medina continúan demostrando su incapacidad para resolver la veda del gobierno haitiano a la entrada a ese país de productos avícolas dominicanos. Mientras tanto, la animosidad chovinista crece entre la población de la parte este de la isla, como mecanismo de dejar salir las frustraciones propias de una sociedad cuya vida transcurre en la lucha por una supervivencia indecorosa.

La irresponsabilidad del Gobierno central al tratar el tema fronterizo, en especial en las últimas semanas, ha servido de catalizador a ese chovinismo oportunista que se encarna en pretendidas organizaciones comunitarias que ahora amenazan con tomar en sus propias manos la política gubernamental de expulsión indiscriminada de personas haitianas.

Si bien es cierto, que ni el expresidente Fernández, ni el actual presidente  Medina han tomado líneas discursivas particularmente antihaitianas, no menos cierto es que sus gobiernos sí se han caracterizado por un ataque sistematizado a los inmigrantes haitianos y a sus descendientes. No solo porque han permitido el viejo negocio del tráfico de personas por la frontera, sino porque sí han asumido las expulsiones indiscriminadas y sistemáticas y la desnacionalización de ciudadanas y ciudadanos dominicanos. Estas políticas dirigidas desde la Junta Central Electoral y la Dirección General de Migración, han permanecido en ejecución durante años, con la complicidad silenciosa de ambos presidentes peledeistas.

El gobierno está obligado a tomar un cambio de actitud frente a las crecientes tensiones en torno al tema de las personas migrantes.

El racismo, heredado de la colonia, pero cultivado, desarrollado y especializado en un discurso antihaitiano durante la vida republicana pone en una situación de vulnerabilidad a la población migrante y sus descendientes. El gobierno de Medina debe prever que al agriarse la piña en la frontera pueden surgir exabruptos de violencia, azuzados por algunos de sus aliados. En consecuencia, es obligación del gobierno no sólo manejar el tema del comercio fronterizo de una manera transparente e inteligente, sino tomar una posición contundente en contra de cualquiera que pretenda manipular la actual coyuntura para instigar al odio y la violencia contra la población migrante.

Peor aún, este chovinismo oportunista que amenaza con movilizarse contra los migrantes, como si pretendiera venganza por el tema de los pollos, aparece en un momento en que las calles de nuestras principales ciudades están atestadas de policías y guardias que con sus armas de guerra, acosan y violentan a las poblaciones de los sectores populares. La violencia policial en nuestro país ha alcanzado niveles espeluznantes. Ahora, en el marco del Plan de Seguridad Ciudadana, el Gobierno ha enviado a las calles a unos cuerpos castrenses cuya praxis única es la represión de la población que dicen proteger. Los cuerpos de seguridad del Estado dominicano se relacionan con los sectores populares desde una lógica de guerra, donde los jóvenes pobres son el principal enemigo, en particular, si son extranjeros.

El Plan de Seguridad Ciudadana del Gobierno está destinado al fracaso en su pretendida lucha contra la delincuencia, pero lo peor es el peligro que representa para las poblaciones vulnerables, como las personas migrantes.

El gobierno está obligado a tomar un cambio de actitud frente a las crecientes tensiones en torno al tema de las personas migrantes. En particular debe revertir las medidas de desnacionalización que se tomaron ilegalmente, debe detener las expulsiones indiscriminadas, y debe iniciar de emergencia, un programa de sensibilización tanto entre sus aparatos de seguridad, como dentro de los distintos departamentos que de alguna manera se relacionan con personas migrantes (como la JCE y la Dirección General de Migración). Asimismo, debe iniciar un programa general de sensibilización en la población sobre el respeto a los derechos de las personas migrantes y los aportes que estas representan para el país.

Si el gobierno de Medina se abstiene de cumplir con sus obligaciones, debe ser responsabilizado por los hechos de violencia que puedan suceder, en particular cuando ese mismo gobierno ha contribuido a generar el ambiente propicio para esos hechos. 

 

 

 

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