Política es todo


Patrimonialismo estructural

El patrimonialismo es un mal estructural y aparentemente contagioso, instalado en las mismas entrañas del Estado dominicano y que atraviesa cada una de sus instituciones.

Esta categoría teórica desarrollada por Max Weber, describe el acto de manejar los recursos públicos como si fueran propios. Es así que las instituciones gubernamentales, no importa su nivel o tamaño, son gestionadas como si fueran propiedad de quienes las encabezan.

Las prácticas patrimonialistas aparentemente son contagiosas, ya que nuevos servidores públicos, que antes fueron severos críticos de actuaciones de este tipo, están reproduciendo el mismo comportamiento que antes criticaban.

Por tanto, desde las alcaldías hasta los tres poderes del Estado, se producen prácticas patrimonialistas que pueden ser identificadas a simple vista.  La resistencia a facilitar información, a pesar de existir una ley que garantiza el libre acceso a esta; el manejo discrecional de los recursos, la corrupción,  así como la instrumentalización de la publicidad de las instituciones públicas, son evidencia de la visión patrimonial instalada en los servidores públicos.

Las prácticas patrimonialistas aparentemente son contagiosas, ya que nuevos servidores públicos, que antes fueron severos críticos de actuaciones de este tipo, están reproduciendo el mismo comportamiento que antes criticaban.

Y es que los organismos que deberían dar al traste con este tipo de prácticas, están atravesados por las mismas, tales como la Contraloría General de la República, la Cámara de Cuentas, así como la Comisión Nacional de Ética y Combate a la Corrupción.

Lo anterior explica que la Contraloría reconozca que alrededor de 7,000 empleados públicos cobran en varias de pendencias del Estado, sin que sea capaz de terminar con esa situación; que la Cámara de Cuentas tenga auditorías que comprueban actos de corrupción, sin que apodere al Ministerio Público y que la Comisión de Ética se dedique a defender a sus aliados políticos  que ocupan o ocuparon posiciones públicas y que han sido señalados por la sociedad como responsables de actos de corrupción.

Como si lo anterior fuera poco, el Ministerio Público se maneja con un marco legal que solo funciona para la ciudadanía de a pie, pero no para expresidentes de la República o de cierto expresidente. 

La eliminación del patrimonialismo requiere de medidas ejemplarizadoras, desde los lugares más visibles que puede proveer el Estado. Solo así quienes dirigen las instituciones más pequeñas comenzarán a comprender que los recursos públicos son de quienes sirven no al revés. 

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