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La legalización de la corrupción

El argumento esgrimido por la fiscal del Distrito Nacional de que en el sistema judicial dominicano no está tipificada el delito que se le imputa al expresidente Leonel Fernández,  constituye la legalización de la corrupción.

El mensaje enviado por la fiscalía a los servidores públicos, y a la sociedad dominicana, es que el camino del enriquecimiento personal lo traza la creación de una fundación u ONG, a la que se le puede asignar los recursos obtenidos en el marco de sus funciones públicas a través de prebendas, regalías, comisiones, extorciones, etc.

Y es que el delito de que es acusado Leonel Fernández es el de prevaricación, el que es definido en el Código Procesal como el crimen o delito cometido por los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones. Los artículos 175 y 176 del Código plantean que los servidores públicos que en el ejercicio de sus funciones reciban recompensas no contempladas  por la ley serán castigados con prisión correccional de seis meses a un año, así como la inhabilitación perpetua para cargos públicos.

Mientras que la ley 41-08 de Función Pública señala en su artículo 84 como una falta de tercer grado,  el “Solicitar, aceptar o recibir, directamente o por intermedio de otros, cualquier título, comisiones, dádivas, gratificaciones en dinero o en especie u otros beneficios indebidos, por intervenir en la venta o suministro de bienes, o por la prestación de servicios del Estado”.  Esta falta conlleva a la inhabilitación para prestar servicios al Estado, por un periodo de cinco años.  

En el caso que nos ocupa, la fiscalía tendría que establecer el vínculo que pudiera existir entre Leonel Fernández y los recursos que llegan a la Fundación Global. Esto es, estudiar el recorrido desde el origen de los fondos (ingenieros beneficiarios de contratas, funcionarios públicos que manejan grandes presupuestos, etc) y el destino final de dichos fondos. Solo así se podría confirmar o descartar si Leonel Fernández es culpable de prevaricación.

No obstante la fiscalía ha expresado que realizar la mencionada investigación es “violatorio de los principios de razonabilidad y lógica jurídica” entre otros. Sin duda, la decisión del Ministerio Público responde a una dirección política que surge directamente de la Casa Nacional del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), pues Danilo Medina y Leonel Fernández, si bien no son iguales, navegan en un mismo barco. Y es que, a pesar de las diferencias, ambos pertenecen a un mismo tinglado de poder, cuya impunidad es una de sus principales garantías para su propia reproducción.

Mas con esta decisión se ha pasado de la impunidad como resultado de la omisión a la legalización de la corrupción. 

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