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Derechos... pero para todos

Hablamos de oportunidad de acceso de las dominicanas a posiciones de dirección y ni siquiera podemos velar por el fiel cumplimiento del porcentaje o cuota de participación de la mujer, ni en la actividad política ni como receptora de bienes.

Las diferencias de género son abismales. Se percibe una falta de voluntad política para aplicar los correctivos de lugar. La administración de la cosa pública sigue estando dirigida más por hombres que por mujeres. No se busca equilibrar esta realidad; no por escasez de calificación sino por inequidad. 

Pero qué se puede esperar de un país en que no se percibe un acercamiento correcto al enfoque de derecho y justicia social en las políticas publicas implementadas. Se manifiestan muchas inequidades. Los que han dirigido el país,  no han  respondido adecuadamente a las necesidades y aspiraciones de los ciudadanos y ciudadanas. Sus enfoques no se corresponden con las ansias de desarrollo e institucionalidad de esta sociedad.

Aquí las estadísticas son extremas. Los gobernantes, como tutelares de los sectores más vulnerables de la población, parecen no percatarse de la gran inequidad existente.  En nuestro país hay una concentración de riqueza que raya en la más vulgar injusticia, producto de una mala distribución. Unos pocos son más ricos cada día, mientras la gran mayoría se sumerge  cada vez más en la pobreza.

No es cierto que todos los ciudadanos tenemos los mismos derechos. Esto es tan falaz como el drama humano que adolecen amplios segmentos de la ciudadanía dominicana. El principio de justicia que prima en las prioridades asumidas por nuestros gobernantes no parece estar armonizado con sentido de equidad e igualdad. Es una quimera vendida solo en los discursos de justicia social, que asumen los mal llamados políticos  y los funcionarios de los gobiernos de la democracia made in dominicana.

Los dominicanos solo gozaremos de los mismos derechos y oportunidades si los que dirigen el Estado toman en serio el espíritu  de justicia social  ajustado a la igualdad con equidad, y si contamos con una ciudadanía capaz de exigir de nuestros gobernantes responder al bien común. Solo así, podríamos hablar de Estado de derecho y de justicia social,  más allá de la democracia bananera que hoy disponemos, donde la originalidad campea por su ausencia.

Tenemos que construir un Estado de justicia con equidad entre condición social, económicamente sostenible, ambientalmente sustentable y con equidad de género.  Eso es lo que verdaderamente nos refiere a un trato justo a la hora de distribuir bienes, servicios y oportunidades… pero para todos.

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