Juan José Mesa


Por una ley de mecenazgo para todos

El acceso a la cultura es un derecho que se recoge en la mayoría de las constituciones occidentales, entre ellas la nuestra,  que en el párrafo 1 del artículo 64 establece: “Toda persona tiene derecho a participar y actuar con libertad y sin censura en la vida cultural de la Nación, al pleno acceso y disfrute de los bienes y servicios culturales, de los avances científicos y de la producción artística y literaria”.

De igual manera lo consagran la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de los cuales la República Dominicana es signataria.

Sin embargo, es necesario reflexionar sobre quiénes deben ser los beneficiarios de este mecenazgo y cuáles medidas son necesarias para estimular la participación privada en actividades de interés general.

Esto  intuye que en los principios rectores de la política social y económica y lo establecido también en el artículo 93 de la Constitución dominicana, existe un mandato expreso a los poderes públicos de garantizar la conservación y promover el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico dominicano y de los bienes que lo integran.

La importancia alcanzada en los últimos años –resultado de la actividad creativa de los individuos, grupos y comunidades– que se realiza en beneficio del patrimonio cultural en la República Dominicana, ya sea con recursos propios o con el apoyo que brinda la sociedad,merece el fortalecimiento de las políticas de patrocinios y la regulación de incentivos fiscales mediante una ley de mecenazgo cultural, fundamentada en los preceptos jurídicos previamente citados. 

Esta necesidad se manifiesta de forma singular en un entorno como el actual, caracterizado por la escasez de recursos públicos, para un segmentado sector de la vida nacional en el que los aspectos culturales ocupan ciertamente uno de los últimos lugares en el presupuesto ante otro tipo de prioridades.

Sin embargo, es necesario reflexionar sobre quiénes deben ser los beneficiarios de este mecenazgo y cuáles medidas son necesarias para estimular la participación privada en actividades de interés general.

Entre las entidades deben tener igualdad de acceso al beneficio de la ley las asociaciones, fundaciones, corporaciones, universidades, academias, institutos, artistas, teatros, galerías, museos, bibliotecas, productores de obras de videos y cualquier entidad pública o privada sin fines de lucro, cuyo propósito sea realizar investigación, capacitación, difusión, creación y producción en áreas tales como arte, videoarte, teatro, circo, danza, música, letras, artesanía, industrias culturales, etcétera. Así como entidades cuyo objetivo sea conservar, restaurar y promocionar el patrimonio histórico, sin que esta enunciación sea limitativa, debido a la gran segmentación del sector cultural.

Las medidas, todas,  deben ir orientadas a promover el mecenazgo universal de una forma decidida y sin complejidades, y permitir la desgravación total de las aportaciones hasta una cifra tope –pequeña– al mejor criterio del legislador,  a fin parir  una ley que no sea vista como otro instrumento financiero en manos de la minoría, sino una que favorezca igualitariamente a las pequeñas fundaciones o asociaciones, que generalmente están muchísimo más vinculadas a la sociedad civil, y que pueden encontrar muchísimas dificultades legales a la hora de sortear los requisitos que plantea una legislación de esta naturaleza.

Los dominicanos de la cultura anhelan una ley que favorezca la participación privada en las actividades de interés general, de manera igualitaria, entre pequeñas y grandes fundaciones, impulsadas por empresas o no, que durante tantos años no han hecho otra cosa que promover e invitar a los dominicanos a conocer y apreciar la obra de sus artistas.

Hoy en día todos tenemos que estar conscientes de que la financiación pública total para la cultura ya no es posible, pero tampoco tiene sentido, ni puede ser el espíritu de ningún proyecto ley de mecenazgo, adoptar como meta la financiación pública cero.

De igual manera, hay que estar claros en que la filantropía institucional y el mecenazgo empresarial, aun siendo conveniente y necesario su fomento, significan en los países occidentales una fuente de financiación minoritaria. Y por último, en la República Dominicana nadie puede garantizar que con la aprobación de una ley de mecenazgo el sector privado, de la noche a la mañana, vaya a volcar masivamente recursos para la cultura.

En toda la geografía del planeta una ley de mecenazgo cultural se ha convertido en una urgencia, y va mucho más allá́ que la implementación de un fondo solidario de apoyo a la cultura a través de incentivos fiscales. 

Constituye un verdadero cambio de paradigma que puede, y debe, ser asumido por una sociedad madura, que ha recorrido un importante camino en los últimos años en la asunción directa de responsabilidades en la gestión de los asuntos colectivos, pero que requiere de un marco jurídico que reconozca  la enorme importancia de la participación de la sociedad en la generación, conservación y difusión del patrimonio histórico artístico y, al mismo tiempo, la impulse y la garantice. 

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