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¿Promueve el Estado la ilegalidad?

Sin llegar a ser política de Estado, hay hechos que sugieren que desde las instituciones gubernamentales se propicia la ilegalidad migratoria. Tomando en cuenta los mecanismos legales de que dispone el país para el control y registro de la inmigración, y revisando las reiteradas ocasiones en que  haitianos han denunciado que  los funcionarios no les dan curso a las solicitudes y renovación de documentos, se puede afirmar que el Estado ejecuta políticas que engrosan el porcentaje de personas que vive indefinidamente en condición irregular en territorio dominicano.

Un ejemplo serían los refugiados de la dictadura de Jean-Claude  Duvalier, a quienes, a pesar de la buena recepción que les brindó el país en su momento, se les ha negado la renovación de sus documentos. Tiempo después, con la llegada de Jean-Bertrand Aristide en 1986 y la situación violenta en Haití, el país nuevamente dio entrada a otro grupo de solicitantes de refugio.

Pese a la solidaridad mostrada  en ambas situaciones, y aunque contamos con estructura, personal, normas de funcionamiento y compromisos internacionales y morales, decenas de antiguos refugiados y cerca de mil solicitantes de refugio han visto su proceso de documentación entorpecido o engavetado.

Actualmente, tenemos el caso de los hijos de haitianos  nacidos en el país de hasta tercera generación. Al respecto se dan dos tipos de “ilegalidad”. Uno es el de jóvenes dominicanos con deseos de superación que ven truncado su proyecto de vida y el bienestar de su familia porque se les retiene sus documentos de identidad.  El otro tipo de “irregulares” son los niños y niñas descendientes de haitianos y dominico-haitiano a quienes se les niega su acta de nacimiento, basándose en interpretaciones sin fundamento jurídico. 

En el caso de quienes llegaron al país como refugiados y que lograron documentarse,  contrario a lo que sucede con ciudadanos de otras nacionalidades, se les niega la renovación de la residencia. En el caso de los solicitantes de refugio, el proceso se ha detenido por años, y en el de los 20,000 mil jóvenes y niños dominicanos, el Estado los desnacionaliza.

Los ciudadanos dominicanos que se identifican, apoyan y defienden esta práctica, deberían preguntarse, por qué el Estado no asume verbal y públicamente la política de exclusión que practican dependencias como Migración, Junta Central Electoral y la Suprema Corte de Justicia y la Comisión Nacional para los Refugiados. La respuesta bien podría ser que no lo hace porque no tiene justificación y porque  estaría mostrando la mezquindad del prejuicio en aspectos que involucran derechos fundamentales de las personas.

Lo conveniente es que la Suprema corte de Justicia, la Junta Central Electoral, la Comisión Nacional para los Refugiados y la Dirección General de Migración abandonen la práctica de sus interpretaciones arbitrarias de la Constitución y las leyes. Las instituciones del gobierno, sin excepción, deben dar ejemplo de cumplimiento de los procedimientos legales y de la aplicación de principios democráticos, éticos y morales.

Las leyes migratorias deben funcionar por igual para todas las nacionalidades, sin que se considere a un país inferior en relación a otros.

El Estado debe abandonar esta vieja práctica que nos coloca cada cierto tiempo en la agenda internacional en situaciones vergonzosas, porque escatimamos derechos fundamentales a otras personas que no estaríamos dispuestos a ceder a nadie y por los que luchamos cuando emigramos a otras tierras. 

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