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Medina y su plan de seguridad

El plan de seguridad ciudadana presentado por el presidente Medina podrá tener muy buenas intenciones pero debe contemplar dos aspectos fundamentales para lograr el impacto deseado en la prevención del crimen y en la protección de la ciudadanía. Primero, debe romper con la visión simplista que reduce el problema a correctivos coyunturales. Aunque el gobierno acierta en el análisis multicausal, al diseñar los planes de intervención se idean soluciones en base a  referentes sociales de otra realidad, otra cultura de gobierno y otra cultura de ejercicio ciudadano.

Al tomar como base las experiencias de otros países no se consideran  los elementos endógenos que reproducen el  mal funcionamiento de las cosas. Fruto de esto caemos en la aprobación de leyes inaplicables porque aunque son relativamente muy avanzadas, no responden a nuestra realidad e idiosincrasia. Quién puede asegurar que la forma en que se manifiesta la impunidad sea la misma aquí que en Europa o los Estados Unidos.  ¿Hubieran dado estos países el mismo tratamiento que dio la justicia dominicana a las denuncias de sonados casos de corrupción? 

El agravamiento de la inseguridad no es porque el Código del Menor es benigno o porque el Código Penal favorece a los victimarios, la inseguridad ha empeorado porque la justicia no está funcionando adecuadamente por más avances que haya logrado el sistema.

La interrogante no puede tener sino una respuesta negativa. Por tanto, el segundo elemento fundamental que hay que atacar con voluntad y responsabilidad para que el plan de seguridad funcione más efectivamente es la impunidad. Está más que demostrado que la impunidad agudiza el problema de la inseguridad ciudadana. El buen funcionamiento del sistema de justicia es una de las formas mediante las cuales se previene la comisión del delito. Si nos hacemos cómplices de la impunidad alimentamos automáticamente la inseguridad. La impunidad nos refiere a la falta de castigo de la transgresión de la ley. Al ser benignos con las penas, muchas veces exonerando a los culpables, se incentiva la comisión del delito o a la violación flagrante de la ley y, por tanto, aumenta la delincuencia y con ello la inseguridad.

Los que tienen a su cargo  los poderes del Estado son los responsables de adoptar las medidas racionales que garanticen la seguridad de las personas, pero estas medidas no deben inclinarse hacia la represión. Por ejemplo, el problema no es aumentar la cantidad de policías quienes, a veces,  violan las garantías individuales más que prevenir el crimen y mediar entre el victimario y la víctima; con ello se está agudizando también la inseguridad. El agravamiento de la inseguridad no es porque el Código del Menor es benigno o porque el Código Penal favorece a los victimarios, la inseguridad ha empeorado porque la justicia no está funcionando adecuadamente por más avances que haya logrado el sistema.

La impunidad y la seguridad ciudadana son dos problemas graves que nos afectan. ¿En qué medida somos cómplices de ello o estamos colaborando en su reproducción? En la misma medida en que nos desentendamos de la cosa pública, en que no entendamos que  la seguridad ciudadana y la justicia son bienes públicos.

Si los que tienen la responsabilidad de hacer la cosa bien no lo hacen, entonces los ciudadanos tenemos el deber de recordárselo sin descanso y sobre todo mantener siempre en el plano publico la discusión y señalando a los actores de los actos dolosos no sancionados. Debemos cambiar la cultura del olvido por la cultura del presente y del futuro. La historia política de nuestro país se construye en base a hechos que dan cuenta de sanciones sociales curtidas  en el rechazo constante a conductas inapropiadas de mandatarios y funcionarios. 

El pueblo está dando muestra de que no es indiferente ante temas que involucran lo  público. La impunidad y la inseguridad ciudadana son dos problemas de interés público. La impunidad incentiva y agrava la inseguridad y el plan de seguridad ciudadana tiene que acompañarse con la voluntad y decisión del gobierno de atacar la impunidad, caiga quien caiga. Medina tiene que saber que el viejo cliché de que la corrupción se para ante la puerta del despacho presidencial ya no es suficiente. El pueblo sabe que los  nuevos ricos de este país ha tenido su génesis en las arcas del Estado, mientras cada familia dominicana “esterica” el peso para subsistir y mal vivir.

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