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Ni la CAASD ni Salcedo está en lo correcto

Resulta casi imposible creer que la CAASD esté tratando de optimizar el uso del agua mediante la evitación del desperdicio. Si bien es cierto que es  un deber racionalizar uso del agua, es difícil asimilar las razones planteadas, porque la ciudadanía ha reclamado innúmeras veces por la negligencia  de la CAASD, por su ineficiencia en la reparación de averías que vierten el agua sin control sin que se atiendan los reportes de los usuarios  del sector afectado. 

La CAASD ha dispuesto el cierre de los lavaderos informales de vehículos por el desperdicio que provocan. La medida se corresponde con la previsión de la CAASD para el abastecimiento a la población.

Los dominicanos quisiéramos creer que contamos con una  CAASD que cumple con prácticas propias de una buena gestión institucional, pero las esperanzas se desvanecen cuando se confronta la prohibición de los lavaderos informales con los planes del alcalde Roberto Salcedo, quien a pesar de la escasez del líquido instalará doce gigantescas piscinas que  consumen, según él,  7,500 galones de agua cada vez que sean llenadas. Máxime, siendo Salcedo  miembro del consejo de la CAASD.

Como servidor público, Salcedo está actuando indebidamente cuando no toma en cuenta que el agua que desperdicia la necesita otra persona. Como funcionario, actúa también indebidamente porque  de forma descarada viola una disposición acordada  por él mismo, en su condición de miembro del Consejo de la CAASD. Él es corresponsable de una  medida que sanciona a los demás, y que ahora pretende que no le sea aplicada a él, como si su condición de funcionario lo colocara por encima de los ciudadanos y de la institucionalidad. Actuaciones como estas opacan los aciertos de su gestión.

Por otro lado, con la prohibición de los lavadores, la CAASD pudiera estar buscando presionar a los pequeños empresarios para que formalicen el contrato de su negocio.

Ansiamos creer, pero los deseos ciudadanos de contar con instituciones eficientes se desvanece ante una CAASD que no da la debida importancia a la optimización de sus recursos porque no prevé en su planificación el mantenimiento de sus instalaciones, y tampoco prioriza la reparación de las fugas de agua.

En lugar de utilizar sus funciones para promoverse o entorpecer el desarrollo de negocios, los funcionarios peledeístas Montás y Salcedo deberían apoyar los proyectos de instituciones para crear conciencia de los beneficios que reportaría al Estado y al microempresario emprendedor, el salto de la informalidad a la formalidad  de sus empresas. La colaboración solidaria  representaría también un valor agregado estratégico, en tanto los funcionarios estarían armonizando su gestión con los planes del gobierno central en la meta de estimular y desarrollar  la micro y pequeña empresa.

Tiene mayor trascendencia a largo plazo educar a la población en torno al uso y manejo del agua y en las ventajas que brinda la formalización de pequeñas empresas, que  las actividades populistas del síndico y el posible interés de recaudación de Montás. Los reconocimientos y los recursos económicos se logran como consecuencia de lo anterior y la iniciativa tendría un enfoque estratégico y no inmediatista.

Lamentablemente parece que, además, en el seno del Consejo de la CAASD se están dando desavenencias, que  entorpecen el cumplimento del deber de sus miembros. Montás y Salcedo, con sus contradictorias actuaciones, llevan a concluir que ninguno está en lo correcto y que, a la larga, los únicos que llevan la de perder somos nosotros.

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