Oxfam: Estado debe dar un mayor apoyo a agricultura familiar campesina

Rosa Cañete

Para lograr una real transformación en lo rural, falta llevar el discurso político a la práctica, señaló hoy la directora de Oxfam para la República Dominicana, Rosa Cañete, durante la presentación del informe sobre Agricultura Familiar Campesina, en el que valoró la baja inversión en el sector como un indicador de la falta de prioridad para el Estado.

Solo 0.5% del PIB está dedicado a cubrir todo lo relativo a la agricultura, pesca y riego en el país, cuando este sector aporta al menos el 6% de la riqueza nacional. De esta cifra, resaltó Cañete, es imposible identificar cuánto se dedica a la agricultura familiar campesina (AFC), que aporta más del 50% de los alimentos de producción local, pues este sector no ha sido ni definido ni mucho menos identificado.

Observó con preocupación que no existan políticas públicas destinadas concretamente al desarrollo de la AFC, cuando ha quedado demostrado que fortalecer la pequeña agricultura tiene una incidencia mucho mayor en la reducción de la pobreza y en el mejoramiento social territorial.

Indicó que las iniciativas gubernamentales se han concentrado en la producción de cultivos específicos, con un fuerte enfoque a la producción convencional y comercial, y sistemas de producción intensivos en el uso de insumos.

Comunicó que, según el estudio “las cuentas no cuentan”, la República Dominicana queda en el último lugar, de diez países analizados, con respecto al índice de transparencia presupuestaria, que evalúa las bases de datos de ejecución presupuestaria, rendición de cuentas, acceso a la información, participación de los pequeños productores en la toma de decisiones, entre otros aspectos. De estos elementos en el que peor quedó el país fue el de rendición de cuentas, informó Cañete.

Sostuvo que para transformar esta realidad es necesario llevar a cabo, de una vez por todas, el censo agropecuario y, sobretodo, cumplir la ley, la cual califica de “buena”. También transparentar y mejorar el gasto público en la agricultura, garantizar la producción de alimentos claves para la dieta nacional y la soberanía alimentaria, así como promover la agricultura sostenible.

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