Prohibir campaña de Profamilia arriesga al Estado a juicio en la Corte Interamericana de Derechos Humanos

Prohibir la campaña de Profamilia sobre los derechos sexuales y reproductivos, como lo pretende la Iglesia católica, supone una grave limitación a la libertad de expresión que arriesga al país a ser procesado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Al opinar sobre el tema, el abogado y periodista Namphi Rodríguez, presidente de la Fundación Prensa y Derecho, afirmó que, contrario a prohibir la de Profamilia, el Estado está obligado de facilitar este tipo de campañas para poder superar las carencias de información sobre salud sexual y reproductiva en los adolescentes.

El profesional trae a colación que el Estado dominicano está obligado por el artículo 13 la Convención Americana de Derechos Humanos a ofrecer información a las mujeres para que estas puedan decidir con conocimiento sobre su salud, su sexualidad y sus funciones reproductivas.

“La propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, añade, “ha destacado que la protección del derecho a la integridad de las mujeres  se materializa a través de la provisión de información y educación para que éstas puedan adoptar decisiones libres, fundamentadas y responsables en materia de reproducción, incluyendo planificación familiar”.

Respecto a la información que puede brindarse a los adolescentes, Rodríguez apunta que el “Comité sobre los Derechos del Niños de Naciones Unidas ha establecido el deber de los estados de brindar a los adolescentes el acceso a la información sobre el daño que pueden causar los embarazos precoces”.

Adujo que en cuanto a las obligaciones del Estado dominicano de respetar y proteger el derecho de acceso a la información en materia de salud sexual y reproductiva de las mujeres, el Comité de Derechos Económicos y Sociales de Naciones Unidas ha señalado que “los Estados deben tener un rol efectivo en asegurar que terceros no limiten el acceso de las personas a la información y a los servicios relacionados con la salud”.

Niega, por tanto, que en el caso de la campaña contra la cual la Iglesia Católica ha introducido un recurso de amparo, haya colusión de derechos como se desprende del análisis del artículo 56 de la Constitución sobre los derechos de las personas menores de edad.

Además, puntualiza, en los países donde se han presentado conflictos similares a los planteados en la República Dominicana por la Iglesia católica, la justicia ha decidido otorgarle “un carácter preferente a la libertad de expresión como punto de equilibrio para garantizar los derechos de las mujeres y el libre desarrollo de la personalidad de los menores de edad”.

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