Procurador reitera el Estado no permitirá que un grupito se robe Bahía de las Águilas

SANTO DOMINGO (R. Dominicana).- El procurador general de la República, Francisco Dominguez Brito, reiteró este lunes a su llegada al tribunal donde se conoce la apelación contra la decisión que anuló 1,200 títulos de propiedad de terrenos adquiridos de manera fraudulenta en Bahía de las Águilas, que el Estado no permitirá “bajo ninguna circunstancia que un grupito de personas” se queden con un bien patrimonial del pueblo dominicano.

“Es para evitar que eso ocurra, que nos encontramos hoy en esta audiencia y de igual modo, para dejar bien claro que para el Estado dominicano, la comunidad internacional y las instituciones que protegen y defienden el medio ambiente, que es fundamental que obtengamos una sentencia en favor del pueblo dominicano, porque esos terrenos no son de ningún particular. Nadie puede hacerse rico con el patrimonio del pueblo, ni que dos o tres personas pueden quedarse con ese patrimonio de la nación mediante el uso de la falsificación, el soborno y el engaño”, sostuvo Domínguez Brito.

Dijo que es un compromiso de su gestión es evitar que los supuestos adquiriente de buena fe se apropien, mediante el fraude y el uso de maniobras, de esa propiedad del Estado. Destacó que ha llegado la hora definitoria del proceso, que lleva más de 15 años en diferentes instancias judiciales. 

Respecto a los argumentos de los juristas recurrentes, que han pedido el sobreseimiento del proceso por la alegada intromisión del Estado mediante la creación de un fideicomiso, Domínguez Brito rechazó la especie, afirmando que de lo que se trata es de la voluntad de que ese patrimonio sea devuelto su legítimo dueño, que es el pueblo dominicano.

Sostuvo que los abogados que defienden a los que pretenden robarse Bahía de las Águilas propondrán muchos recursos e incidentes, pero ninguno prosperará porque esos títulos son producto del fraude.

Manifestó  que a esos juristas no les interesa llegar al fondo del proceso, razón por la que continuarán dilatando el caso, haciendo todo lo posible para que se mantenga ese fraude. Subrayó que el Estado y la judicatura no pueden darse el lujo de que “esa gente y sus defensores” se salgan con la suya. Finalmente, Domínguez Brito explicó que el Gobierno no tenía que consultar ni pedirle opinión a los supuestos dueños de esos terrenos antes de decidir explotar y desarrollar el turismo en la zona.

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