Código de Familia refuerza discriminaciones contra los homosexuales y lesbianas

SANTO DOMINGO (R. Dominicana).- El proyecto de Código de Familia sometido al Congreso por el Poder Ejecutivo este lunes, cuyo propósito declarado es unificar la legislación dispersa en la materia, refuerza los estereotipos que discriminan social y legalmente a las personas homosexuales y a las parejas de su condición.

Centrado en la definición de familia como la exclusiva unión entre un hombre y una mujer, el Código hace algunos guiños presuntamente igualitarios entre los sexos (en fondo y forma populistas), como permitir que el esposo adopte el apellido de soltera de la esposa, para denegar más adelante a un sector de la población un derecho humano tan fundamental como el de la maternidad o la paternidad.

Lo que se descarta por omisión en la definición de matrimonio y sus reglamentaciones, queda diáfanamente expreso cuando se establecen las causas de la nulidad del vínculo legal. En el numeral 1 del Párrafo I del Artículo 40 “De las demandas de nulidad del matrimonio” el proyecto estipula como causal “Cuando los contrayentes sean del mismo sexo”.

Coherente con esta visión del matrimonio, el proyecto es también tajante en su exclusión del derecho a la maternidad o la paternidad de las personas de orientación sexual diferente cuando trata de la fecundación asistida y la adopción.

Fecundación asistida

El Capítulo II “Del contrato a los fines de procreación asistida”, establece en su Artículo 327 queLa asistencia médica en la procreación debe responder a la demanda parental de la pareja formada por un hombre y una mujer, a manera de remediar la infertilidad, siempre que el carácter patológico haya sido médicamente diagnosticado y cuando otras técnicas terapéuticas se hayan descartado por inadecuadas o ineficaces, según prueba rendida al efecto”.

En todos los artículos siguientes, donde se despliega el contenido sobre la procreación asistida –del 326 al 344, ambos inclusive—, el proyecto habla en todo momento de pareja, no dejando ningún resquicio a que una mujer soltera pueda recurrir a estas técnicas médicas para colmar su deseo de tener descendencia.

En ese tenor, en clara prevención frente a parejas del mismo sexo, el Artículo 341 prohíbe la maternidad subrogada (los llamados vientres de alquiler), intervenga o no un contrato entre las partes, quedando la maternidad determinada al momento del parto. A médico que llegara a intervenir en un caso de maternidad subrogada, se le retirará el exequátur.

La adopción

Si bien el capítulo 360 del proyecto, relativo a las aptitudes para adoptar, otorga esta prerrogativa a todas las personas mayores de 30 años, el derecho se contrae por efecto del Artículo 362, relativo los cuidados que deben observar las autoridades cuando la persona solicitante es soltera.

Al efecto, el artículo dice textualmente: “Cuando la solicitud en adopción provenga de una persona soltera, los organismos pertinentes deben ponderar con particular detenimiento los motivos del adoptante a fin de evitar la distorsión de la institución adoptiva y de propiciar, en la medida de lo posible, un óptimo desarrollo físico, psíquico, social y sexual de la futura persona adoptada”.

Este tipo de requerimiento no está incluido cuando se trata de una pareja conformada por un hombre y una mujer, el o la cónyuge superviviente; el o la cónyuge divorciado o separado; el o la cónyuge en matrimonio, con por lo menos tres años de casado, o el o la conviviente en unión marital consensual registrada, cuando se trata del hijo o la hija de la pareja; los abuelos (as),  tíos (as) y hermanos (as) mayores de edad, a sus nietos (as), sobrinos (as) y hermanos (as) menores de edad, respectivamente.

Al excesivo celo frente a las personas solteras parece subyacer la sospecha de que la soltería pueda deberse a la orientación sexual, y no a ninguna otra condición, como la elección personal del celibato. Pero además, se subraya, este tipo de previsión no consta para las demás categorías de adoptantes.

El Artículo 39 de la Constitución, que consagra el “Derecho a la igualdad”, plantea claramente que todas las personas “nacen libres e iguales ante la ley” con independencia “de género, color, edad, discapacidad, nacionalidad, vínculos familiares, lengua, religión, opinión política o filosófica, condición social o personal”.

Al precisar las consecuencias que de él se derivan, el artículo constitucional plantea en su numeral 3) que “El Estado debe promover las condiciones jurídicas y administrativas para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas para prevenir y combatir la discriminación, la marginalidad, la vulnerabilidad y la exclusión”.

Por lo menos en los artículos señalados, el proyecto sometido por el presidente Medina al Congreso parece apartarse de la norma suprema.

Habrá ahora que esperar qué dirán los legisladores y la sociedad.

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