La R.Dominicana incumple compromisos de políticas sobre discapacidad

SANTO DOMINGO (R. Dominicana).- Representantes de organizaciones que trabajan a favor de las personas con discapacidad expresaron su inconformidad por el incumplimiento del Estado dominicano con las políticas dirigidas a favorecer a este segmento poblacional.

La problemática fue expuesta durante la décimo tercera asamblea del Comité de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad”, celebrada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Ginebra, Suiza.

La delegación estuvo integrada por Lino Rafael Delgado, Cristina Francisco, Tomas Guzmán, Eladio Agramonte y Juana González Quinlan, representantes de la Red Nacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad (RENADERD).

Los activistas denunciaron las dificultades para el acceso al empleo, educación, transporte, justicia e infraestructuras públicas.

La asamblea tuvo efecto del 24 de marzo al 17 de abril y sirvió para denunciar el incumplimiento del Estado dominicano respecto de los compromisos asumidos con la firma y la ratificación de la Convención sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad de la ONU.

A partir de la denuncia, el Comité de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad recomendó al Gobierno dominicano elaborar el reglamento de la Ley 5-13 sobre Igualdad de Derechos de las Personas con Discapacidad, que manda a otorgar el 5% de los empleos públicos y el 2% en las empresas privadas, a las personas con discapacidad.

Recomienda además, que sean eliminados los términos peyorativos vigentes en algunas legislaciones, tales como “minusválidos”, “imbecilidad”  y “enajenación mental”, así como decisiones discriminatorias adoptadas por instituciones financieras en perjuicio de este segmento poblacional y la aprobación de la Ley de Lengua de Señas, para elevar la calidad de la educación de las personas sordas.

También incluir objetivos e indicadores de inclusión de mujeres con discapacidad en sus planes nacionales de equidad de género, así como en el trabajo y políticas del Ministerio de la Mujer.

En los ámbitos educativo y sanitario, el Comité recomendó promover una estrategia de formación de docentes para la educación inclusiva en todos los niveles educativos, y redoblar los esfuerzos para que los servicios generales de salud sean plenamente accesibles para todas las personas con discapacidad, incluyendo los servicios de salud sexual y reproductiva, eliminando prejuicios y facilitando la actualización profesional y la capacitación a profesionales de la salud sobre los derechos de las personas con discapacidad.

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