Consejo Permanente de la OEA discutió ayer sentencia del Tribunal Constitucional

Mayerlyn Cordero Díaz

SANTO DOMINGO (R. Dominicana).- Este miércoles 19 de febrero, la sentencia del Tribunal Constitucional que desnacionaliza a decenas de miles de dominicanos de ascendencia haitiana, fue nuevamente objeto de debate, ahora en el seno del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA).

En la reunión celebrada ayer, y a petición de la representante de San Vicente y las Granadinas, Celia A. Prince, el Consejo Permanente conoció el informe preliminar rendido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que visitó el país en diciembre del año pasado.

A continuación, la nota publicada por el periódico haitiano Le Nouvelliste, bajo la firma de Louis-Joseph Olivier, sobre las incidencias de la reunión, que no han sido reportadas por las agencias internacionales ni por ningún medio dominicano.

La República Dominicana puesta al desnudo en la OEA

Respondiendo a la petición hecha por la misión permanente de San Vicente y las Granadinas a la Organización de Estados Americanos a nombre del CARICOM, el Consejo Permanente de la organización hemisférica discutió este miércoles las observaciones preliminares de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos que visitó la República Dominicana del 2 al 5 de diciembre de 2013.

Privación arbitraria de la nacionalidad

En el informe presentado a la OEA este miércoles, la CIDH informó sobre la alarmante situación que prevalece al otro lado de la frontera. “Durante su visita, la Comisión Interamericana recibió informaciones preocupantes sobre los graves atentados a los derechos a la  nacionalidad, identidad, igualdad ante la ley y no discriminación. La violación del derecho a la nacionalidad, que la Comisión ya había observado durante su visita in situ en 1997, se mantiene y agrava a consecuencia de la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional”, se lee en el informe.

 La sentencia 168-13 es una decisión arbitraria y discriminatoria, según la CIDH. “La Comisión estima que la sentencia del Tribunal Constitucional entraña la privación arbitraria de la nacionalidad. Esta decisión tiene un efecto discriminatorio que afecta principalmente a los dominicanos de ascendencia haitiana; priva de la nacionalidad en forma retroactiva; y convierte en apátridas a personas que no son consideradas ciudadanos por la legislación de ningún otro Estado”.

Frente a estas críticas, la representante dominicana asumió la defensa de su país recordando que actualmente se desarrolla un proceso de diálogo entre Haití y la República Dominicana. “No se producirá una sola deportación de personas que tengan la nacionalidad dominicana”.

 “Numerosas personas afectadas por la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional han nacido en la República Dominicana y su nacionalidad dominicana les ha sido reconocida por el Estado a través de sus intuiciones, que las han provisto de documentos auténticos. Estas personas tienen estrechos lazos con la República Dominicana: han pagado impuestos y creado riqueza, contribuido a la seguridad social, han crecido, estudiado y formado su familia en ese país. En sus testimonios ante la CIDH, declararon tener un profundo sentimiento de identidad dominicana. Como lo dijo un joven en Santo Domingo: ‘nací bajo la bandera dominicana y no conozco ninguna otra’”.  

Discriminación en múltiples niveles

La visita de los expertos de la CIHD a la República Dominicana permitió constatar los elevados niveles de discriminación a los que se enfrentan los hijos de inmigrantes. “La Comisión llama la atención sobre el hecho de que la sentencia 168-13 no solo afecta a un elevado número de personas nacidas en la República Dominicana, sino que también afecta de manera desproporcionada a personas que ya son sujeto de múltiples formas de discriminación, en razón de la raza y la pobreza. Sobre este aspecto, en su análisis de la situación en la República Dominicana de abril de 2013, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial mencionó tres cuestiones fundamentales: la persistencia del racismo estructural y la discriminación basada en el color y el origen nacional; el vínculo entre la pobreza y el racismo en general; y la “negativa firme” del Estado de la existencia de discriminación racial, que constituye un obstáculo importante a la ejecución de sus obligaciones internacionales”.

Celia A Prince
Celia A Prince
Los comisionados de la CIDH también visitaron los bateyes, donde la situación es cada vez más alarmante. “La CIDH visitó varios bateyes en distintos puntos del país y constató las condiciones de pobreza, exclusión y discriminación en la que viven sus habitantes. La pobreza afecta de manera desproporcionada a personas de ascendencia haitiana, agregándose a esto los obstáculos para obtener sus documentos de identidad”.

Intolerancia e incitación a la violencia

Además de los casos de discriminación racial, la CIDH recibió testimonios sobre numerosas agresiones perpetradas contra inmigrantes, periodistas y defensores de los derechos humanos ocurridas después de la publicación de la sentencia 168-13. “La publicación de la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional ha suscitado en el país reacciones adversas. En particular, ha creado un clima hostil contra quienes han criticado este fallo y defendido el derecho a la nacionalidad dominicana de las personas afectadas. Según información recibida por la Comisión Interamericana, las agresiones dirigidas contra periodistas, intelectuales, abogados, políticos y defensores de los derechos humanos, han alcanzado niveles alarmantes de agresividad. Estas personas son tratadas de “traidores a la patria” y han sido objetos de graves amenazas en las redes sociales, comentarios en los periódicos y en línea y en consignas lanzadas durante protestas y manifestaciones, que llaman a dar “muerte a los traidores”. La Comisión Interamericana se declara preocupada por las amenazas y propósitos calumniosos proferidos contra personas que han criticado la sentencia en cuestión

Estas revelaciones, hechas por la CIDH al Consejo Permanente de la OEA, no dejaron indiferentes a los representantes de varios países. La mayoría de los intervinientes criticaron la situación y compelieron a la República Dominicana a revertir la decisión discriminatoria del Tribunal Constitucional.

Más impresionantes fueron las declaraciones de la representante de San Vicente y las Granadinas, Celia A. Prince, quien llamó a los Estados miembro de la OEA a evitar “que el continente se convierta en la parte del mundo con el mayor número de apátridas”. La embajadora Prince, que demandó a la OEA realizar una investigación in situ, insistió en el carácter discriminatorio de la sentencia del Tribunal Constitucional.

“La situación que prevalece actualmente en la República Dominicana está lejos de ser un expediente bilateral, concerniendo únicamente a Haití y la República Dominicana. Por el contrario, concierne a todos los países del continente en la medida en que es un caso de violación de los derechos humanos”, sostuvo el representante de Jamaica, Stephen Charles Vasciannie.

Frente a estas críticas, la representante dominicana asumió la defensa de su país recordando que actualmente se desarrolla un proceso de diálogo entre Haití y la República Dominicana. “No se producirá una sola deportación de personas que tengan la nacionalidad dominicana”. El Estado dominicano toma ya las medidas para regularizar a los extranjeros que viven en su territorio”, remarcó Mayerlyn Cordero Díaz.

 

(Tomado y traducido de Le Nouvelliste)

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