En el país se violan los derechos de las personas seropositivas - Periódico Digital Dominicano - 7días.com.do

En el país se violan los derechos de las personas seropositivas

Víctor Terrero, director de CONAVIHSIDA

SANTO DOMINGO (República Dominicana) .- El Diálogo Nacional sobre VIH y el Derecho concluyó con la certeza de que en la República Dominicana se viola la Ley de VIH y Sida 135-11 cuando se requiere a solicitantes de empleo someterse a pruebas clínicas o cuando se les niega asistencia médica a las personas seropositivas, particularmente a las necesitadas de cirugía.

Pero más aún, existe la  carencia de atención especializada para pacientes seropositivos con discapacidades  como también predomina la  falta de acceso a tratamientos para internos en las prisiones, entre otras violaciones, no solo a la Ley 135-11 sino a la Constitución de la República y a la propia Declaración de los Derechos Humanos promulgada por la ONU en 1948.

 La  recopilación de testimonios de 53  personas estigmatizadas o discriminadas en sus centros laborales, Iglesias y  centros de salud fueron dados a conocer en la mañana de este martes por el Consejo Nacional para el VIH y el Sida (CONAVIHSIDA) y el Programa de las Naciones Unidas (PNUD) a través del Informe del Diálogo Nacional sobre VIH y Derechos.

La Ley de Migración es discriminatoria: si sales positivo, no te dan la residencia para vivir en el país.

Sin exponer nombres de particulares ni mucho menos de las empresas, el informe recoge el caso de un joven de 22 años que vive con VIH  a quien en franca violación de su derecho a trabajar le hicieron la prueba sin su consentimiento ni mucho menos le comunicaron los resultados. El joven fue despedido de la empresa.

Otro caso es de otra persona  a la que le negaron realizarle una cirugía por su condición de seropositivo.

Igual ha sucedido con parejas que a punto de casarse, el párroco de la iglesia o pastor se niega a oficializar la unión a causa de que uno de los dos es seropositivo.

El Diálogo Nacional, realizado del 5 al 6 de junio de este año, consistió en una mesa de trabajo de 53 representantes de la sociedad civil, 48 funcionarios del Gobierno y 6 delegados de agencias de cooperación con la finalidad de 53 casos de exclusión  y de violación de los derechos humanos.

Es una iniciativa surgida a raíz del Diálogo Regional sobre el VIH llevado a cabo en Sao Paolo, Brasil, en junio del 2011 en la que representantes de la sociedad civil  solicitaron al PNUD replicar el evento en la República Dominicana como una manera de llamar la atención sobre la necesidad de leyes que sancionen el estigma y sobre las violaciones a las existentespuesta  o su inadecuación, pese a los avances alcanzados en la protección y seguimiento a las personas que viven con VIH.

Propuesta para una Ley General Antidiscriminatoria  

Ante  este panorama, durante el encuentro de hoy martes con representantes del Gobierno, la justicia, salud pública y agencias de cooperación y entidades ligadas a la defensa de los derechos humanos, el director de CONAVIHSIDA, Víctor Terrero, afirmó que una vez más queda comprobado que el país necesita una Ley General Antidiscriminatoria amparada en el artículo 39 de la Constitución que establece la igualdad de todas las personas ante la ley y reconoce los derechos y las mismas oportunidades para todos los ciudadanos.

Hizo un llamado a los representantes de los sectores, protagonistas del Diálogo, para que juntos articulen una agenda encaminada a erigir la Ley General Antidiscriminatoria como un escudo de protección para las personas vulnerables por estigmatización del VIH o por su condición de LGBT.

El artículo 39 de la Constitución establece igualdad para todos. 

Tanto el CONAVIHSIDA y el PNUD se comprometieron a crear un mecanismo de seguimiento a la solución de los casos expuestos y a la ejecución de un plan de trabajo para monitorear los compromisos asumidos por varios ministerios y otras instancias estatales en el marco del Diálogo Nacional.

La actividad se realizó en el Biblioteca Manuel del Cabral de la UASD con la participación de Roberto Gálvez del PNUD; Roxanna Reyes, procuradora adjunta en asuntos de la mujer  y María Batista del Observatorio de Derechos Humanos.

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