Los opacos detalles no conocidos del intento de venta de Antena Latina

La abortada transacción mediante la cual el Estado se desprendía del 47.5 % de sus acciones en Antena Latina a favor de la compañía Elkont Investment y del mexicano Ángel Remigio González (El Fantasma), de probidad tan dudosa como su alias, tiene aristas que no han salido a la luz pública pese a estar detalladas en el informe rendido por la comisión senatorial que estudió el caso.

Treinta y dos páginas  abundantes de datos del informe rendido por la comisión del Senado que hurgó en la venta a instancias del senador José Rafael Vargas, describen el sinuoso camino recorrido por la operación de cesión accionaria, santificada por la reculante Comisión de Liquidación Administrativa de Baninter.  

Un dato considerado escandaloso, como recordará la opinión pública, detonó las sospechas: el precio por el que fueron traspasadas las acciones del Estado en los canales Antena Latina y el 21 UHF: solo 270 millones de pesos, cifra considerada irrisoria como valor de mercado certificado por las fuentes que sirvieron de referencia para la transacción.

Es público que la Comisión de Liquidación Administrativa de los bienes de Baninter recibió, pese a no estar satisfechos todos los requisitos legales, 108 millones de pesos como delanto del pago total del traspaso accionario. Los 162 millones de pesos restantes serían entregados por Elkont Investment cuando todo fuera legalmente finiquitado.

Este último pago estaba sujeto, sin embargo, a que el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), diera su aprobación al negocio. Para esto había un plazo de 90 días, prorrogables hasta que el órgano regulador se pronunciara sobre la legalidad de la transacción. Una joya de apertura negociadora dada en prenda por la Comisión de Liquidación de los bienes del  Baninter que el Estado recuperó cuando quedó al descubierto el mayor fraude bancario de la historia dominicana, posteriormente sancionado con penas de cárcel que se han ido diluyendo en la condescendencia política.

Bemoles del negocio

La determinación del valor del 47.5 % de las acciones del Estado en Antena Latina fue encomendada por la Comisión Liquidadora a la empresa  C.T. Vega & Asociados, S.A., “en vista de su experiencia y prestigio en valoración de empresas de esta naturaleza a nivel local e internacional”.

La empresa está dirigida por Cynthia Vega, hija del historiador Bernardo Vega, vicepresidente del Grupo Editorial Nueva Crónica, que edita la revista quincenal La Lupa Sin Trabas, cuyo presidente es Fernando Hasbún, presidente también del Grupo SIN, productor a través de Antena Latina de  Noticias SIN, cuya figura estelar es la periodista Alicia Ortega.

El currículo de Cynthia Vega deja poco qué desear: posee una licenciatura en Psicología del Welleslly College, en Massachussetts, Estados Unidos; una maestría en Administración de Empresas y concentración en Finanzas y Negocios Internacionales del Walter A. Haas School of Business, de la Universidad de California-Berkeley; socia-directora del Grupo de Estrategia Solución (GES) y sus divisiones GES Finanzas y GES Procesos en República Dominicana; miembro del Consejo de Directores de FINJUS y del Consorcio Energético Punta Cana Macao. Además, agrega su currículo, tiene “gran experiencia bancaria y en banca de inversión”.

Pese a esto, su determinación del valor de las acciones de Antena Latina dejó insatisfechos a los senadores que se preguntaron por qué la venta  no fue ofrecida a los demás accionistas de la empresa, como era de rigor, antes de proceder a la “licitación” en la que el mexicano González salió beneficiado.

Si se da crédito al informe de la comisión senatorial, el “apego” de la comisión liquidadora a la Ley de Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada que amparó la venta está muy lejos de ser tal: no hay nada que pruebe que ofreciera por escrito a los otros accionistas de la empresa la venta de las acciones antes de someterla a licitación.

Frente a este hecho que les creaba suspicacias, los comisionados decidieron auxiliarse de otra empresa para determinar el valor de las acciones de Antela Latina que C.T. Vega & Asociados había fijado en tan solo 270 millones de pesos.

Para ello contrataron a la empresa AGB-CDI Dominicana, del Grupo AGB Nielsen Media Reserch, para determinar el precio de mercado de la publicidad contratada por Antena Latina. Los resultados, que incidirían de manera fundamental en el valor de las acciones del Estado fijado en la venta, fue demoledor: mientras la empresa dirigida por Cynthia Vega estableció una tarifa promedio por spot de un minuto en 5,341 pesos, la empresa contratada por el Senado, con una vasta y reconocida experiencia en el análisis del mercado, lo fijó en 12,026 pesos. Proyectados ambos cálculos a 2013, la diferencia es aún más relevante: 6,142 pesos la empresa de Vega; 20,192 pesos AGB-CDI.

Los ingresos por publicidad establecidos por la primera hacían deficitario al canal y justificaban su venta a precio de vaca muerta. Los precios determinados por la segunda, colocaban a Antena Latina en el tercer lugar de las empresas de este tipo según sus ingresos publicitarios.

En estas diferencias, con muchas otras consecuencias, parece explicarse por qué el 47.5 % de las acciones de Antena Latina fue intentado vender por un valor que levantó legítimas sospechas. (Primera parte)

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