El gobierno viola las leyes con su "acuerdo transaccional" sobre Bahía de las Águilas

La reticencia del consultor jurídico César Pina Toribio, apoderado especial por el presidente Danilo Medina para negociar con quienes tienen “derechos registrados” en Bahía de las Águilas; la ausencia del país del abogado Gustavo Biaggi, jefe del equipo de juristas representantes del Estado y del Instituto Agrario Dominicano en las negociaciones; la imposibilidad de la Procuraduría de encontrar en sus archivo el acto que apodera a estos abogados y, en definitiva, la elusión de otros implicados a hablar del tema, han impedido conocer la versión oficial sobre un caso que, desde hace 16 años, ha preocupado de manera particular a la sociedad dominicana.

Salvo las vagas declaraciones ofrecidas al periódico Diario Libre por el senador peledeísta por Pedernales, Dionis Sánchez, confirmando la existencia del “acuerdo transaccional” y su afirmación de que será el presidente Medina quien lo anuncie “en los próximos días”, nada se ha dicho desde el Palacio Nacional sobre una negociación que está ya en el candelero.

"Pero queremos dejar que sea el presidente Medina que haga el anuncio al país en los próximos días. Pedernales está esperando y está esperanzado en saber que se avecina una solución a este conflicto de más de quince años y que ha castrado el desarrollo de esta provincia", declaró el senador Sánchez al matutino.

El poder especial número 7-13 deja demasiados aspectos a la interpretación y permite presumir que la “voluntad” de zanjar la vieja litis esconde otros propósitos que los declarados de utilizar los recursos que provendrían de la transacción en el desarrollo del llamado Polo Turístico IV Ampliado de la Región Suroeste.

Uno de ellos, y sobre el cuál 7dias.com.do hubiera pedido explicación a Pina Toribio de este haber accedido a la entrevista solicitada, es por cuáles razones el poder especial recibido por él para concretar la transacción con los “propietarios” de las parcelas citadas en el documento, al mismo tiempo delega en el equipo de abogados encabezados por Biaggi los derechos del Estado en la operatividad del fideicomiso de que se habla como condición sine qua non del acuerdo.

Hay igualmente en este poder lo que aparenta ser una contradicción palmaria con la Ley 189-11 para el Desarrollo del Mercado Hipotecario y el Fideicomiso en la República Dominicana. En el literal b) del Artículo 13, la ley dice refiriéndose al contenido del acto de creación de todo fideicomiso: “Una declaración jurada del o de los fideicomitentes de que los bienes transferidos tienen procedencia legítima e indicación del estado jurídico de dichos bienes, con mención expresa de las cargas y gravámenes que pudiesen estar afectando los mismos; que el acto que crea el fideicomiso no adolece de causa u objeto ilícito y que no se constituye con la intención de defraudar derechos de acreedores del o de los fideicomitentes o de terceros”.

¿Cuántos de los participantes en el fideicomiso propuesto cumple con estas condiciones inexcusables por ser de ley? ¿Sabe el gobierno del presidente Medina quiénes son propietarios legítimos y quiénes no? ¿En cuál fallo de tribunal u otra vía de saneamiento de la titularidad se apoya el gobierno para validar la transacción?

Hasta la fecha, la “procedencia legítima” de los bienes que el gobierno del presidente Medina negocia con los supuestos dueños de las parcelas incluidas en el poder está siendo dilucidada en los tribunales, por lo que el fideicomiso que manda el “acuerdo transaccional” sería constituido con bienes cuya procedencia legítima no está aún determinada.

Además, vale preguntarse si puede el gobierno medir con la misma vara a propietarios legítimos, en caso de que los haya, y quienes se hicieron con títulos de propiedad mediante las triquiñuelas utilizadas en diciembre de 1995 por el grupo mafioso encabezado por el entonces director del Instituto Agrario Dominicano (IAD) Jaime Rodríguez Guzmán.

Por último, el 29 de octubre de 2012 la fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso, recurrió en casación ante la Suprema Corte de Justicia la sentencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional que declaró extinguida la acción penal contra Rodríguez Guzmán, su hermano Rafael Rodríguez Guzmán y su esposa Reyna Margarita Martínez.

El próximo lunes 18, la Suprema Corte de Justicia conocerá el archivo del caso por desistimiento que hiciera, apenas tres días antes de que el gobierno de Hipólito Mejía dejar el poder el entonces procurador Víctor Céspedes. ¿Qué pasará con el "acuerdo transaccional" si la decisión del alto tribunal es contraria al archivo que, entre otras cosas, fue anulado por el hoy procurador, y entonces en las mismas funciones, Francisco Domínguez Brito?

 

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