Propietario de empresa Metales Antillanos rechaza que contamine el río Isabela con barcos

SANTO DOMINGO (R. Dominicana).- El presidente de la empresa Metales Antillanos, José Ignacio Acero Ruiz, rechazó que esa empresa, recientemente clausurada por el Ministerio de Medio Ambiente, esté contaminando el río Isabela con el desguace de barcos.

Dijo estar dispuesto a mostrarle a los funcionarios de Medio Ambiente cómo se manejan las reparaciones de barcos, porque, según dijo, Domínguez Brito está muy mal asesorado en lo que respecta a ese tema.

“No ha habido ni orden de un juez ni nada que se parezca, una simple resolución que los abogados nuestros interpusieron un recurso de amparo, que estamos esperando conversaciones para llegar a un entendido”, dijo Acero Ruiz.

Definió como un atropello que funcionarios de Medio Ambiente hayan acudido a cerrar su empresa con un contingente militar, situación que le ha dañado la imagen a Metales Antillanos, porque tienen socios en otras naciones.

Explicó que la empresa decidió movilizar dos embarcaciones que se encontraban en el río Isabela para ser reparados, a pesar de que había hecho contrato con la Autoridad Portuaria Dominicana para tales fines.

Con respecto a la resolución 13-06 emitida por el Ministerio de Medio Ambiente, en la que se deja claro que las operaciones de desguace de barcos en los ríos Ozama e Isabela terminaban el 1 de enero, el ejecutivo de Metales Antillanos alega que la institución no tenía el derecho de cerrar la empresa sin una sentencia, aunque sí podía establecer multas.

Negó que con la reparación de barcos se contamine el río Isabela, sino que el mayor daño se lo hace toda el agua negra y desperdicios que se vierten desde los barrios aledaños.

El pasado 14 de febrero Medio Ambiente anunció el cierre de la empresa, ubicada en la zona industrial del río La Isabela, en Villa Mella, por supuestamente violar del permiso medioambiental.

En un comunicado la institución aseguró que Metales Antillanos, representada por José Ignacio Acero, contaba con un permiso para la compra, recolección, transporte, tratamiento y procesamiento de chatarras para exportación y metales provenientes de las actividades de desguace de embarcaciones, pero se dedicaba a desmantelar barcos.

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