Heroínas latinoamericanas que se hacen oír

Heroínas latinoamericanas que se hacen oír

La directora de Mujeres de Guatemala, Mercedes Hernández

El estudio “La carga global de la violencia armada 2015”, publicado por Geneva Declaration, señala que más de la mitad de las 360.000 mujeres asesinadas entre 2007 y 2012, perdieron sus vidas en uno de los 25 países con más altas tasas de feminicidio. Según ilustra el documento, El Salvador, Honduras, Sudáfrica, Guatemala, Bahamas, la Federación Rusa, Guyana, Belice, Venezuela y Colombia se encuentran, por ese orden, en los primeros lugares.

También, de acuerdo con la investigación, América Central, el Caribe y América de Sur son las regiones que presentan los más altos índices de asesinatos de mujeres.

Emma María Wills
Emma María Wills

LATINOAMERICANAS QUE ENCARAN LA IMPUNIDAD

Estas son algunas de las mujeres que han participado en las conferencias y que representan un modelo que rompe con el de la mujer condenada por la violencia patriarcal a la impunidad, especialmente del silencio:.

Susana Trimarco (Argentina).
Presidenta de la Fundación María de los Ángeles de Argentina.

Trimarco es considerada una figura emblemática de la lucha contra la trata de personas y la persecución de este delito. A raíz de la desaparición de su hija, Marita Verón, y al ver la falta de respuesta por parte de las instituciones estatales, en 2003 comenzó su labor de activista. Esta búsqueda e investigación personal reveló la complicidad de funcionarios públicos con las mafias de la prostitución.

En medio de esta labor comenzó a rescatar a mujeres que estaban siendo explotadas sexualmente. Para fortalecer esta ayuda, creó la Fundación María de los Ángeles, que brinda asistencia a quienes han sido víctimas de la trata de personas.

A Trimarco se le destaca por impulsar, en 2008, la primera ley en Argentina que tipifica el delito de trata de personas y garantiza la asistencia a mujeres que han sufrido esta realidad. Según AMG, desde entonces 6.067 personas han sido rescatadas y, “aunque la perspectiva sobre la trata de personas ha cambiado durante la última década, el camino para erradicar esta grave violación a los derechos humanos es todavía largo”.

Claudia Paz y Paz (Guatemala).

Exfiscal general y exjefa del Ministerio Público de Guatemala.

Paz y Paz ha trabajado por mantener la memoria y combatir la impunidad de los crímenes perpetrados contra la población de su país durante el conflicto armado. Su compromiso y conocimiento se ha demostrado con el procesamiento de exmilitares, narcotraficantes y exjefes de Estado, como el caso del dictador José Efraín Ríos Montt, condenado en Guatemala por cometer crímenes de lesa humanidad y genocidio.

Entre otro cargos, ha sido directora de la maestría en Derecho Procesal Penal de la Universidad Rafael Landívar (2008-2010); directora ejecutiva del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (2002-2008); directora del Bufete Legal del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) (1994-1995) y litigante experta ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (1992-2010). En la actualidad, conforma el grupo de expertos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que investiga el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, México.

Su compromiso y conocimiento la han hecho merecedora de varios reconocimientos, entre los cuales se destacan el Premio de Derechos Humanos, otorgado por la Oficina de Washington para América Latina (WOLA), y el Premio Vital Voices al Liderazgo Global 2014, en la categoría de Liderazgo de la Vida Pública, entregado por Hillary Clinton.

María Emma Wills (Colombia).

Asesora del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH).

Como investigadora del conflicto armado en Colombia y especialista en el abordaje de la violencia por motivos de género, Wills, también politóloga y experta en filosofía, ha coordinado varios publicaciones que plasman las complejidades de la violencia sexual en medio de las confrontaciones como “Mujeres que hacen historia: tierra cuerpo y política en el caribe colombiano”.

Su lucha visibiliza los feminicidios, las torturas, la violencia sexual y la persecución que sufren las mujeres y, en especial, las activistas, afrodescendientes, indígenas y campesinas alrededor del país. En la actualidad, es una de las académicas –y la única mujer– que integra la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, que tiene como fin contar cómo empezó el conflicto armado colombiano y cuáles han sido sus consecuencias.

Estos casos de violencia obedecen a una práctica común y están conectados con los que se presentan en otras regiones de Europa y África, según la directora de la Asociación de Mujeres de Guatemala (AMG), Mercedes Hernández, quien denuncia, desde hace más de diez años, la violencia que sufren las mujeres alrededor del mundo.

Susana Trimarco
Susana Trimarco

La historia de Hernández, quien desde muy joven tuvo que enfrentar los estragos del conflicto armado en Guatemala, representa, desde diferentes ópticas, la de muchas mujeres que, a pesar de las adversidades, el rechazo y el dolor, se han armado de fuerza para exigir sus derechos y transformar sus entornos por unos más igualitarios.

Con tan solo cuatro años, esta jurista cuenta que presenció en una sola noche un ataque militar y uno guerrillero en contra de la aldea de sus abuelos y padres, ubicada en su Quiché natal, al noroccidente de Guatemala. Estas masacres, donde, dice, “conocí la extrema crueldad del Ejército de Guatemala”, conllevaron al primero de varios desplazamientos forzosos. Desde que era niña, y gracias a su madre, quien atendía partos de mujeres que habían sido violadas, se percató de la exclusión y el rechazo que soportaban ellas.

REFUGIADA EN ESPAÑA

Durante la adolescencia en la capital de Guatemala, y siendo originaria de una provincia en su mayoría de población indígena, fue señalada de guerrillera.

“A esa edad vivía en un limbo en el que era muy fácil ser el enemigo y, en ese contexto, la búsqueda de justicia se empieza muy pronto”, recalca esta mujer quien, en 2004, según afirma, tuvo que salir obligada de Guatemala porque la querían asesinar. “El objeto de mi exilio en España –dice– fue mi denuncia de dos asesinatos de mujeres cometidos por integrantes de la Policía Nacional”.

"Al llegar a Madrid -recuerda Hernández- no me detuve y continué en mi búsqueda por la justicia”. Rápidamente, entonces, se involucró como voluntaria en una organización de derechos humanos y contactó con otras mujeres guatemaltecas que también habían tenido que huir de lo que ella llama, “los señores de la guerra, insertados en grupos políticos y en empresas de seguridad privada, entre otros”, y que en la actualidad, “han establecido una nueva modalidad no reconocida de conflictos armados, en la que los jóvenes conocidos como mareros, son niños soldado”, denuncia.

En 2009, tras el golpe de estado en Honduras, se encontró con otras mujeres de ese país que eran perseguidas por su condición de género y su activismo político.

“Nosotras, algunas refugiadas, con o sin estatuto de asilo, y otras, sin siquiera tener el permiso de residencia en el Estado español, pensamos que teníamos que seguir trabajando en la construcción de una realidad distinta, especialmente para aquellas heroínas que, desde nuestros países, continuaban reafirmando su lucha a pesar de las amenazas constantes”, cuenta.

FEMINICIDIO, UN DELITO UNIVERSAL

Así fue como Mercedes Hernández, junto a Norma Cisneros y Estela Colindres, entre otras mujeres latinoamericanas, fundaron en Madrid la Asociación de Mujeres de Guatemala (AMG). “Lo que nosotras queríamos decir desde el inicio –afirma Hernández– es que en Guatemala se comenten alrededor de dos feminicidios por día, y que esos casos están conectados con los asesinatos de mujeres en el mundo”.

Bajo esta premisa, AMG se convierte en una acción global contra el feminicidio, primero para nombrar una realidad que estaba diluida en palabras como genocidio u homicidio, y que solo hasta los setenta, gracias a las académicas Diana Rusell y Jane Caputi, se nombra como “femicide”, entendido, de la manera más sencilla, como “el asesinato de mujeres por el hecho ser mujeres”.

Hernández, no obstante, lo define como, “una violación de los Derechos Humanos de las mujeres. Un crimen con motivaciones misóginas y sexistas del cual los Estados, como personas jurídicas garantes, son responsables por acción u omisión; y un lenguaje que contiene una pedagogía de la violencia política”.

Esta violencia política, según la directora de AMG, explica la razón ideológica por la que los asesinatos de unas mujeres se conectan con los de otras, y es “porque todos obedecen a una ideología que llamamos machismo”.

Por eso, asevera, “el feminicidio comparte el sustrato con otros crímenes de odio, como el asesinato a personas por su color de piel, sin que exista otro motivo más que este, y aquí nadie discute que el delito se enmarca en una ideología conocida como racismo. Sin embargo, cuando se trata de esclarecer que detrás de todos los asesinatos de mujeres por el hecho de ser mujeres hay una ideología, esta idea tiende a desdibujarse y se comete el error de verlos como crímenes aislados”.

El argumento supuso una plataforma fundamental para defender y apoyar la búsqueda de justicia de casos de violencia basada en el género, en mujeres de diferentes orígenes nacionales.

“Trabajar con el derecho de asilo –reconoce Hernández– nos permitió conocer las realidades de muchas mujeres procedentes de diferentes continentes, víctimas de graves violaciones de derechos humanos, que se vieron obligadas a huir de sus países de origen, lo que nos reafirmó en nuestra hipótesis inicial sobre el hecho de que las responsabilidades internacionales respecto de estas violaciones exceden el concepto clásico de soberanía estatal, al haberse sometido los propios Estados al fuero del Derecho Internacional de los Derechos Humanos”.

A esta labor de asesoramiento, se suma el trabajo académico y educativo de AMG que busca ilustrar y difundir a toda costa las múltiples variables y razones de esta problemática.

Así fue como, en 2009, Blanca Rosillo, directora del área de Solidaridad del centro cultural de Madrid La Casa Encendida y Mercedes Hernández, comenzaron a trabajar en una serie de cursos anuales sobre los diferentes tipos y múltiples contextos de violencia extrema contra las mujeres.

Con el transcurrir de esas actividades de formación se dieron cuenta de que el tema común era la impunidad –jurídica y social– de los crímenes por razones de género, y la lucha de las mujeres contra la impunidad de todo tipo de crímenes, a través de innumerables mecanismos de resistencia y resiliencia.

Así, nació el ciclo “Mujeres Contra la Impunidad”, en el que “las protagonistas son líderes con un mensaje claro y diáfano, que cuentan con importantes reconocimientos en el ámbito internacional de los DDHH”, concluye Hernández.

EFE/REPORTAJES.

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Galería

  • 1

    as activistas guatemaltecas Mercedes Hernández y Claudia Paz y Paz

  • 2

    La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Barnes de Carlotto

  • 3

    La directora de Mujeres de Guatemala, Mercedes Hernández

  • 4

    La politóloga María Emma Wills

  • 5

    La activista argentina Susana Trimarco