La JAD defiende ley de semillas; ecologistas critican su carácter privatizador

Osmar Benítez

SANTO DOMINGO (R. Dominicana).- El presidente ejecutivo de la Junta Agroempresarial Dominicana (JAD), Osmar Benítez, califica de “convertidos de ahora buscando una causa nueva” a los técnicos y profesionales que apoyan a organizaciones campesinas opuestas al proyecto de ley de semillas del senador reformista Amílcar Romero.

“Queremos dejar constancia de lo siguiente: la Junta Agroempresarial Dominicana entiende que todo el marco jurídico tiene que ser revisado y actualizado. Y en ese sentido, respaldamos que se modernice la ley que maneja el tema de semillas en República Dominicana”, afirma el dirigente de la JAD.

Sostiene que por mandato de la Constitución (artículo 50) el Estado debe respetar el derecho de las compañías dedicadas a la generación de semillas certificadas. “No podemos limitar el ejercicio de la empresa privada”, insiste Benítez.

Representantes de organizaciones académicas y sociales, dentro de las cuales se cuentan la estatal Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y el Instituto de Desarrollo de la Economía Asociativa (IDEAC), precisamente mantienen la preocupación de que la citada ley pudiera privatizar del uso de material de siembra.

Luis Carvajal
Luis Carvajal
Los ecologistas Milton Martínez y Luis Carvajal, de la Academia de Ciencias y la Comisión Ambiental de la UASD, advierten del peligro.

Carvajal insiste en que el país necesita una ley de semillas. “Ahora, ¿qué ocurre?, que la aprobación de leyes de semillas similares a ésta en otros países del área y en el planeta siguió una política que no estaba articulada a la necesidad de los países de adecuar su régimen de control del material de siembra a la exigencia de la modernidad, sino a la exigencia del avance neoliberal y de la tendencia de un capitalismo monopólico a privatizarlo todo”, dice.

Añade que, por lo tanto, “se abrieron muchas brechas para permitir la apropiación de la secuencia genética, de las propiedades que están contenidas en una semilla”. Entiende que el simple hecho de identificar esa secuencia o certificarla no puede ser suficiente para que una compañía patentice un gen determinado y cobre por su uso.

Los sectores que rechazan la ley temen que compañías como FERSAN o FERQUIDO, y sobre todo grandes corporaciones internacionales como la Monsanto o Pioneer, se apropien –como pueden pagar los costos de los procesos técnicos de certificación– de materiales genéticos manejados durante años por los campesinos sin ningún costo y que, por lo general, son parte del patrimonio intangible de la población.

Los temores se incrementan ante el hecho de que el senador Romero, propulsor del proyecto de ley, está reconocido como alguien con intereses en el sector agroindustrial. El legislador se autodefine en su perfil biográfico oficial del Senado como un profesional de la agronomía que en 1986 “ingresó a la empresa Fertilizantes Químicos Dominicanos (FERQUIDO), en la posición de Gerente de Ventas, y a partir del año 1994 como Vicepresidente Corporativo de Ventas y Mercadeo, hasta la fecha”.

Milton Martínez
Milton Martínez
Antes Romero estuvo como gerente del Departamento Agrícola de Safari Motor, una empresa del Grupo Najri igual que FERQUIDO. “En las mismas ha prestado sus servicios por más de 25 años, compartidos con funciones del Estado Dominicano”, dice su propia biografía.

Revisión. Tanto Milton Martínez como Luis Carvajal reclaman a la Cámara de Diputados una revisión de la legislación impulsada por el representante de la provincia Duarte para evitar que termine favoreciendo a compañías privadas, como la Monsanto o la Pioneer.

“Esta ley demanda ser revisada a detalle en la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados debe obligar a abrir el debate nacional en vistas públicas. Esta ley demanda el enfoque técnico, sosegado, de escritorio, pero a la vez ofrece la oportunidad de que el país entienda el enorme valor de su patrimonio genético y la enorme cantidad de dinero que puede representar una especie que puede crecer en cualquier patio”, insiste Carvajal.

Asegura que las personas que quieran tener una idea de lo que puede pasar con la ley de semillas sólo tienen que recordar lo que, según dice, sucedió una vez con una empresa agroindustrial que, como trajo al país algunas variedades de maní, destruía parcelas de campesinos para hacer respetar sus derechos sobre el material de siembra.

Mientras, Milton Martínez, especialista en sistema de producción, cita como ejemplo que la UASD desarrolló la variedad de maíz identificada como “Tusú”, a la cual denominaron V-70, pero –según dice– una multinacional estadounidense la patentó a su nombre. Sostiene que lo mismo pasó con la variedad de tabaco denominada “Piloto Cubano” que los productores nacionales vendían a España hasta que “se la regalamos” y empezaron a cultivarla en Islas Canarias.

Explica que ambos ejemplos son una muestra de una falta de política de semillas en República Dominicana. “Si la ley de Amílcar Romero es buena, los senadores debieron publicarla en primera plana. El problema es que las empresas van a controlar las semillas”.

Entiende que una legislación de la materia tiene que hacerse sobre la base de mantener “la soberanía política, la soberanía alimentaria y la soberanía de la familia”.

Contradicción. Aunque apoya una ley de semillas, la JAD reconoce la posibilidad de problemas en el futuro. “Puede ser que en este proceso de modernización de nuestra legislación algunos grupos vean que (se puedan) liberar o dejar en manos del sector privado la posibilidad de registrar, de patentar derecho que se consideran que son de nuestra flora y, por lo tanto, derechos naturales del Estado”, dice Osmar Benítez.

“Ahora, nadie a mi me puede decir que un campesino de la Loma del Toro entiende todo eso”, añade, para insistir en que las organizaciones campesinas  son impulsadas por otros sectores.

En su defensa de la ley, el presidente de la JAD, reconoce que obligar a un campesino a utilizar sólo semillas certificadas limitaría la libertad individual del productor de plantar material generado a partir de sus cosechas.

“Desde el punto de vista comercial no podemos limitar los derechos de una empresa de vender semillas certificadas, pero desde el punto de vista comercial no podemos limitar la libertad que tiene un campesino de retener una parte de su semillas para reutilizarlas”, sostiene.

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