Mala práctica médica y justicia: una deuda social urgente

SANTO DOMINGO (R. Dominicana).- Las demandas por mala práctica médica han aumentado considerablemente en los últimos años, según afirma la presidenta del Colegio Médico Dominicano (CMD), Amarilis Herrera. Solo las canalizadas a través del gremio suman 140 en los últimos diez años. Sin embargo, los retos para servir justicia ante estos casos son muchos y se tornan cada vez más añejos.

Tras consultar, con reiterada insistencia, a la Procuraduría General de la República sobre estadísticas de querellas por mala práctica o negligencia médica, la entidad contestó que ni en sus archivos ni en las fiscalías del Distrito Nacional y de la provincia Santo Domingo, tenían, hasta el momento, información relacionada.

“En el  caso de la Provincia Santo  Domingo  existían datos  someros  de una sola querella”, indicó sin entrar en mayores detalles. La evidente dejadez y falta de información con respecto estos casos por parte del Ministerio Público es justificada con el siguiente alegato “estos casos son  de  materia  civil y por lo general  la parte afectada no le (sic)  da mucho seguimiento al mismo (sic)”.

De inicios de 2012 a la fecha, unas cinco denuncias han emergido a la palestra pública, todas por presumida negligencia médica que detonaría en la muerte del paciente. Tres de estos luego de ser sometidos a procedimientos quirúrgicos.

El jurista Erick Raful pone el dedo sobre la llaga cuando coloca  al elevado número de demandas y a la frecuente impunidad ante la irresponsabilidad médica como dos ramas de un solo tronco: las carencias jurídicas que por más de doce años esperan ser compensadas.

El caso más reciente es el de la joven Nathaly Pérez, de 16 años, quien murió en el hospital Taiwán, en Azua. Aunque el expediente se encuentra actualmente en la justicia, la doctora responsable de la paciente fue suspendida en septiembre de este año por el director del centro, Winston Sánchez.

De estas cinco denuncias solo una, a la fecha, ha culminado en una sanción penal. Se trata del doctor Franklin Hasbún Rodríguez, quien fue encontrado culpable por la Novena Sala Penal del Distrito Nacional del homicidio involuntario de  Ana Cristina Mañaná Grullón, de 61 años, a quien le realizó una cirugía para la reducción del abdomen. La jueza Diana García le condenó a un año de prisión y 10 millones de pesos de indemnización a beneficio de sus dos hijas.

Mientras que se encuentra todavía en los tribunales el caso del periodista José Miguel Montero, fallecido en agosto de 2012 en el Centro Médico Antillano durante una cirugía para corregir una falla en el tabique de la nariz. La fiscalía presentará cargos por homicidio involuntario contra los médicos César Mejía Familia, director, Gabriel Molina Mañé, anestesiólogo Carlos Marmolejos y dos enfermeras que participaron  en la operación.

No fue posible determinar el estado judicial de la querella sometida por Nicolás Torres, cuyo hijo murió luego de recibir una “mala administración de medicamentos en el hospital Taiwán de Azua para tratar una fiebre”, de acuerdo a Torres. Tampoco de la elevada por María Isabel Rodríguez contra la doctora Wendy Ninosca Mejía, quien practicó una cesárea a su hija de 14 años, tras la cual perdió la vida en el Hospital Alejandro Cabral de San Juan de la Maguana.

Teme fiebre de demandas

Herrera supone que el incremento de las querellas y demandas contra médicos se produce, sobre todo, por el interés económico. “Cada vez que se muere un paciente se habla de mala práctica, pero es que en las clínicas y hospitales es que mueren los pacientes; ahora si es por dejadez del médico o por falta de criterio médico pues ya eso es sancionable”, manifestó.

Considera que hay quienes ven en esto una vía de enriquecimiento, “incluso hay médicos que se han formado como abogados para buscar fortuna a costa del personal de salud”. Lo que, advierte, pudiera provocar el encarecimiento de algunos procedimientos.

El problema principal radica en que estos “procedimientos”, todavía no están establecidos oficialmente en República Dominicana, a pesar de que la Ley de Salud, aprobada en 2001, así lo ordena.

“Ese afán de búsqueda de dinero va a traer malas consecuencias”, alertó al referirse a la experiencia estadounidense donde el costo de la salud, argumenta, es elevado por las frecuentes demandas. “Eso mismo va a pasar aquí, porque cada médico va a tener que tener seguro para cubrir cualquier cosa que pueda ocurrir”, opinó.

El seguro que se paga por este concepto se conoce como “seguro de responsabilidad civil profesional”. De acuerdo a la doctora, el costo de las polizas varía según la compañía y la especialidad médica, oscilando entre 35,000 a 40,000 dólares al año.

El CMD tiene un sistema similar, pero sin categoría de seguro, denominado “Plan de Responsabilidad Civil”, con un costo mensual de 300 pesos. Esto garantiza al médico orientación legal y acompañamiento en caso de verse inmerso en un proceso legal por daño a terceros durante el ejercicio de su profesión.

Para la dirigente gremial, corresponde tanto al Colegio como a las sociedades especializadas, cerciorarse de acreditar a profesionales preparados. Pero llama la atención también a los pacientes de “no ponerse en manos de cualquiera”. Aconsejó conocer el perfil del médico antes de poner su salud en sus manos.

Trabas jurídicas

El jurista Erick Raful, especializado en casos de mala práctica, pone el dedo sobre la llaga cuando coloca  al elevado número de demandas y a la frecuente impunidad ante la irresponsabilidad médica como dos ramas de un solo tronco: las carencias jurídicas que por más de doce años esperan ser compensadas.

La figura de la “mala praxis”, instaurada en el país a través de la Ley de Salud 42-01, se ha manejado históricamente en la República Dominicana por  los artículos 319 y 320 del Código Penal, que rezan:

“Art. 319.- El que por torpeza, imprudencia, inadvertencia, negligencia o inobservancia de los reglamentos, cometa homicidio involuntario, o sea causa involuntaria de él, será castigado con prisión correccional de tres meses a dos años, y multa de veinte y cinco a cien pesos.”

Y

“Art. 320.- Si la imprudencia o la falta de precaución no han causado sino golpes o heridas, la prisión será de seis días a dos meses, y la multa, de diez a cincuenta pesos, o a una de estos dos penas solamente.”

La negligencia, por lo tanto, responde a una “obligación de medios” y no “de resultados”. Lo que significa que no se determina por el producto de la intervención médica sino por el cumplimiento o no con el debido procedimiento.

El problema principal radica en que estos “procedimientos”, todavía no están establecidos oficialmente en República Dominicana, a pesar de que la Ley de Salud, aprobada en 2001, así lo ordena:

“Artículo 164.- El profesional o cualquier persona autorizada para ejercer en salud será resposable, ética, penal y civilmente, en los casos que intervenga, del cumplimiento de todos los procedimientos, normas técnicas y, en fin de todos los medios requeridos conforme a los principios de la ética y de las obligaciones de prudencia y diligencia”.

Un párrafo adicional de este artículo agrega: “Mientras no se aprueben los reglamentos que rijan el ejercicio de las profesiones en los diferentes niveles, oficios en ciencias de la salud y acciones en salud, las obligaciones establecidas en el presente artículo se regirán por el derecho común”.

Estos reglamentos, señala la Ley, debieron ser elaborados por el Ministerio de Salud (entonces Secretaría de Estado). Pero, doce años más tarde, el país continúa en su espera. “La República Dominicana requiere de la aprobación de los protocolos, es la única forma de que el tema de la mala práctica médica se regule más”, advirtió.

Al igual que Herrera, Raful sostiene que el “aumento vertiginoso” de las demandas pudiera provocar que se eleven los costos de los servicios, “incluso el médico podría llegar a ver al paciente que llegue como un posible enemigo”. Narró que, de cuatro aseguradoras que ofrecían seguros para los médicos, quedan solo dos, porque no les resultaba rentable.

Estas deficiencias jurídicas resultan negativas tanto para los profesionales de la salud como para los pacientes, enfatizó Raful, quien ha representado legalmente a demandantes y a demandados en los tribunales. Para el abogado es menester la aprobación inmediata de estos protocolos, que son, ante todo, una deuda urgente con la sociedad dominicana.

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