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SAN JUAN (Puerto Rico).- Nuevas listas de altos oficiales militares y policiales se prepara en el distrito federal de esta isla para que la República Dominicana los extradite mediante el mecanismo judicial existente, se informó a 7dias.com.do. Altos oficiales retirados y activos de la Marina de Guerra, vinculados al caso, debe ir preparándose.
Las autoridades federales de este estado trabajan dos casos de jefes de bandas de narcotraficantes, extraditados hace algunos meses desde República Dominicana, tan importantes como el caso de José Figueroa Agosto (alias Yunior Cápsula).
Sin embargo, los dos expedientes, que envuelven a un dominicano y a un boricua, apenas se conocen en República Dominicana, de acuerdo a lo informado a esta periodista por fuentes judiciales locales.
Un Gran Jurado sesiona cada semana trabajando en los casos que involucran al boricua Cruz Roberto Ramos González (alias Belleza), quien fue apresado en la cocina de un restaurante suyo ubicado en la avenida George Washington de Santo Domingo. Fue apresado y trasladado de inmediato a San Juan, en una acción de la DEA de Estados Unidos junto a autoridades dominicanas. Tenía dos años residiendo, huyendo de la justicia, en República Dominicana. Belleza es un conocido delincuente boricua que en otras ocasiones estuvo preso. Incluso, es conocido por ser el segundo al mando de una organización de convictos que en Puerto Rico se conoce como “ñeta”. Los ñetas es una temible organización de presos.
El segundo capo extraditado es el dominicano Heriberto Almonte Reyes (alias El Gordo), natural de Puerto Plata, quien fue extraditado en diciembre recién pasado mediante una larga sentencia de la Suprema Corte de Justicia de República Dominicana de fecha 16 de diciembre del 2009. Almonte Reyes tiene pendiente reclamaciones judiciales en el Distrito Norte de Georgia, donde sería trasladado una vez cumpla sentencias en Puerto Rico.
En su expediente se lee:
“Al acusado Almonte se le acusa en el Cargo Uno del pliego acusatorio subsiguiente con participar en una conspiración para poseer con la intención de distribuir cocaína en violación al Título 21, Código de los EE. UU., Secciones 846 Y 841 (a). Para poder hallar a Almonte culpable de conspiración según lee el Capítulo Uno del pliego acusatorio subsiguiente, los EE. UU. deben probar en juicio que Almonte llegó a un acuerdo con una o más personas para llevar a cabo un plan ilegal (poseer con la intención de distribuir cocaína en los EE. UU.), y que a sabiendas y con conocimiento se convirtió en miembro de dicha conspiración. Si sale convicto de este delito, la penalidad bajo el Título 21, Código de los EE. UU., Secciones 846 y 841 (a), es un término de presidio de diez (10) años hasta cadena perpetua, con un término de libertad supervisada de al menos cinco (5) años. Además, el Tribunal deberá imponer una penalidad especial de cien dólares ($100) y podrá imponer una multa hasta de cuatro millones de dólares ($4, 000,000). Bajo las leyes de los EE. UU., el crimen de conspiración es un acuerdo para violar las leyes de los EE. UU. la acción de acordar con una o más personas para violar las leyes de los EE. UU. es un delito en sí mismo. Una conspiración se considera como una sociedad para propósitos criminales en la cual cada miembro o participante se convierte en agente o socio de cada otro miembro. Tal acuerdo no tiene que ser formal, y puede ser simplemente un entendimiento no-verbal. Una persona puede ser parte de la conspiración sin tener conocimiento completo de todos los detalles del esquema ilegal, o los nombres e identidades de todos los otros conspiradores”.
Además de traficar cocaína, Almonte Reyes está acusado de lavado de dinero y de transacciones financieras e inmobiliarias con dinero sucio. En total pesan contra él 6 cargos federales. Hay otros 6 cargos en el expediente en Georgia.
La Fiscalía Federal indica que ha construido el caso contra Almonte-Reyes por medio de la declaración de testigos, conversaciones telefónicas legalmente monitoreadas y grabadas, mensajes electrónicos, testimonio de testigos oculares, videos y fotografías de entregas de dinero, y pruebas físicas, que incluyen las drogas incautadas.
Vinculados al caso Almonte Reyes fueron extraditados a Puerto Rico los mayores de la Marina de Guerra Carlos Roso Peña y Miguel Antonio Suárez-Silfa. Sin embargo, el Gran Jurado que conoce el caso prepara el pedido de altos oficiales de la Marina de Guerra dominicana involucrados en la organización criminal.
La organización de Almonte Reyes fue penetrada por la DEA de Estados Unidos, desde Colombia. Almonte Reyes importaba la cocaína desde Colombia, a través de aviones que bombardeaban el cargamento que luego vendía en República Dominicana y en Estados Unidos.
De acuerdo a los informes suministrados a 7dias.com.do, Almonte Reyes empezó a ser investigado por oficiales de Estados Unidos desde el 2006. Un hermano suyo, llamado Eduardo Almonte Reyes, residente en Colombia es la persona que negociaba los cargamentos de cocaína a enviar a República Dominicana. Se indicó que Eduardo está prófugo.
Se dijo que los extraditados se negaban a cooperar para negociar sus casos a cambio de suministrar las informaciones de la red de narcotraficantes. Sin embargo, hay cambios recientes que incluyen interés en cooperar. Se informó que el ex mayor Rossó cambió de abogado, de uno para litigar que tenía buscó uno especializado en negociar casos.
Rossó se escapó a Colombia a raíz de la matanza de Paya, saliendo para Haití y luego a Colombia, desertando de la Marina de Guerra. En Colombia vivió algunos meses de fiesta en fiesta y celebrando la hazaña de su huida. Sin embargo, cuando las fiestas terminaron y le asignaron un barco para transportar drogas salió huyendo a Santo Domingo, siguiendo la misma ruta por la que escapó. En Santo Domingo aceptó de manera voluntaria su extradición a Puerto Rico, pero cuando le leyeron los cargos comentó que no debió entregarse puesto que “nunca estuvo en la posición adecuada de la Marina de Guerra para enterarse de esas cosas” contenidas en la acusación.
Así se mantuvo algunos meses, pero en unas de las secciones del Gran Jurado fue colocado un vídeo de una reunión en la que se observa a Rossó participando de manera activa. “Se vio y se escuchó”, no pudiendo sostener más “su inocencia”, dijo la fuente.
Una reunión clandestina de altos mandos de la Marina de Guerra dominicana fue filmada, hasta con audio, por sofisticados equipos de la DEA. Ahora, el papel de Suárez Silfa y de Rossó es identificar a los altos oficiales que participan en la reunión. Todos serán pedidos en extradición.
Una segunda parte de esta historia revelará el poder de la organización de Almonte Reyes en la República Dominicana.
Nidia Sosa. 7dias.com.do
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