SANTO DOMINGO (R. Dominicana).- El movimiento cívico Participación Ciudadana pidió a los organismos internacionales que, de acuerdo a lo anunciado en diciembre, realizarían a partir del pasado mes de enero un diagnóstico sobre la corrupción estatal, incluir una serie de casos que han sido festinados por las autoridades, pese a que tenían méritos suficientes para ser llevados a los tribunales.

El pasado 17 de diciembre, el presidente Leonel Fernández anunció que pediría a los bancos Mundial (BM) e Interamericano de Desarrollo (BID), al Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas (PNUD), la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), a la Comisión Europea y la Agencia Española de Cooperación Interenacional, la realización de un diagnóstico sobre transparencia, prevención y lucha contra la corrupción

En una declaración firmada por su Consejo Nacional, Participación Ciudadana  recuerda que con ocasión del anuncio expresó a los organismos internacionales comprometidos que la corrupción en el país no se origina en la falta de diagnósticos o de mecanismos para enfrentarla, sino la carencia de voluntad política para combatirla.

Y aunque admite no conocer los términos de referencia del estudio, Participación Ciudadana sugiere incluir en la evaluación las denuncias de corrupción “en el desayuno escolar, el reparto de dinero a dirigentes del PLD a través de las nóminas CB, los vínculos entre estamentos de poder con los pasados fraudes bancarios, las relaciones de funcionarios civiles y militares con el narcotráfico y el lavado de activos, el uso para fines políticos de la asistencia social del Estado,  los escándalos que se han generado en torno al uso de los recursos públicos en la Oficina Técnica de Transporte Terrestre, la Secretaría de Estado de Obras Públicas, el Programa de Reducción de Apagones, así como en la Oficina de Supervisión de Obras del Estado, por la remodelación del Palacio de Bellas Artes y de la Catedral de San Juan de la Maguana”.

A los anteriores añade el caso del contrato suscrito con la empresa Sun Land por la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, al cual se le atribuye contener flagrantes violaciones “a distintas leyes relacionadas con el Presupuesto, la planificación e inversión pública, el manejo de la deuda, la contratación de obras y el control y auditoría de fondos públicos”. El caso tiene la agravante –subraya el grupo cívico—de que un funcionario “de segunda categoría”, como Félix Bautista, director de la OISOE, fue autorizado mediante poder del presidente Leonel Fernández a emitir y negociar bonos soberanos en los mercados internacionales por valor de 130 millones de dólares.

También deberían preocuparse los autores del diagnóstico –añade—en determinar las razones por las cuales no se aplican las leyes que regulan el uso de los recursos públicos, específicamente la ley 340-06 de Contratación Públicas, la  200-04 de Libre Acceso a la Información Pública, la de Cámara de Cuentas, la ley 82-79 de Declaración Jurada de Bienes y otras. 

Confiado en que las recomendaciones que acompañen el diagnóstico serán acatadas por las autoridades, Participación Ciudadana reafirma su interés en los resultados y su compromiso de de denunciar los actos que lesionen el interés público.

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